El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció ayer que el Gobierno avanzará contra las páginas de Internet en las que haya oferta de comercio sexual, como una medida que complementa el decreto presidencial que prohíbe la publicación de ese tipo de avisos. Pero aclaró que se focalizará primero en controlar los medios gráficos. A la vez, Alak adelantó, en diálogo con Página/12, que “el Gobierno promoverá la penalización del cliente de prostitución” como parte de su política para combatir la trata de mujeres para explotación sexual. “Sin clientes no hay trata: lo dijo ayer (por el martes) la Presidenta”, señaló el ministro. Aclaró sobre este punto que como ya lo hizo el Gobierno en foros internacionales, impulsará en el país que se penalice al cliente de prostitución. No obstante, no precisó cuándo le dará impulso a esa iniciativa que rige en Suecia, pionero en ese terreno, desde hace diez años.

En la órbita del Ministerio de Justicia funcionan la Oficina de Asistencia y Acompañamiento a las Personas Damnificadas del Delito de Trata y la flamante Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual –creada por el decreto firmado ayer por CFK–, designado como autoridad de aplicación de la norma. El decreto, que lleva el número 936, se publicó ayer en el Boletín Oficial. “Hoy empezamos a auditar medios gráficos”, informó Alak a este diario. También dijo que ayer mismo se comenzó a definir el régimen de sanciones que se aplicará a los medios que violen la prohibición. Indicó que se establecerán no sólo sanciones de tipo económicas.

–Consideramos que la oferta sexual se da en un marco de trata. Detrás de las anuncios hay una organización. Hay reclutamiento, traslado, violencia física y moral.

–Una persona puede ejercer la prostitución en un departamento. Esa persona en general no pone avisos. Se promociona por otros métodos. Además, los avisos atentan contra la dignidad de las mujeres, las discriminan, las ponen como objetos y no como sujetos. El decreto se fundamenta en tratados internacionales y en dos leyes, la 26.364, de sanción de la trata, y la 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Esas dos normas permiten prohibir la publicación de oferta sexual.

Frente a las críticas de legisladores de la oposición que ayer reclamaban otras medidas para combatir la trata, Alak respondió que “ningún gobierno como éste ha hecho tanto contra la trata” y enumeró la sanción de la ley de trata, en 2008, la creación de la Oficina de Rescate y un programa de asistencia a víctimas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. “Hay que trabajar en la reinserción de las mujeres víctimas de trata, proveerles una salida habitacional y laboral. Y vamos a impulsar la penalización del cliente de prostitución, como ya lo hicimos en la ONU y el Mercosur”, indicó. Alak destacó que algunos sondeos de opinión que hicieron ayer mismo, a través de llamados telefónicos a unas 900 personas de distintos puntos del país, daban una aprobación del 80 por ciento a la decisión de prohibir los anuncios.

El decreto 936 faculta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a dictar “las normas complementarias y aclaratorias necesarias” para la implementación del régimen de infracciones. En el marco de esas atribuciones, aclaró Alak, se dictarán normas aclaratorias que apuntarán al control en Internet y otros medios, como los celulares y la televisión. “El espíritu del decreto es que no se publicite la oferta sexual por cualquier medio de comunicación. Pero vamos a empezar por monitorear los medios gráficos”, indicó. Y agregó: “Todos veíamos que mediante los avisos en los diarios se podía llevar adelante uno de los delitos más aberrantes, que es la trata de personas”, sostuvo el ministro. Con la prohibición de estos avisos, “hay una vergüenza menos para el país”, consideró.

El decreto fue firmado por la Presidenta en un acto en la Casa Rosada, al que fueron invitadas integrantes de organizaciones de mujeres y de periodistas que vienen reclamando la eliminación de ese tipo de avisos. La norma establece que una vez que se verifique una infracción, es decir, que se compruebe que un medio no cumplió con la prohibición, se labrará un acta y, una vez notificado, el medio tendrá 24 horas para eliminar el anuncio. Si no cumple con el retiro o vuelve a infringir la veda, se labrará otra acta. El infractor tendrá cinco días hábiles para presentar su descargo por escrito y la autoridad de aplicación otros cinco días para emitir su resolución.

Ayer, diversas voces apoyaron la medida. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) y su Observatorio de Medios la definieron como “un avance en la lucha contra la esclavitud del siglo XXI”.