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El 6 de junio de 2000, Ariel Alberto Pérez empezó a transitar el camino del infierno. Aquel día lo trasladaron al penal de alta seguridad de Sierra Chica acusado de robo y de un homicidio a un policía que nunca se probó. A lo largo de dos años pasó por siete penales. El Servicio Penitenciario de la provincia ordenaba los traslados a medida que su salud se iba deteriorando. Durante 18 meses su familia hizo presentaciones judiciales para pedir un tratamiento urgente por VIH, pero Ariel nunca recibió atención médica. En enero, y sin ningún tipo de amparo jurídico, su madre convenció a las autoridades del penal 9 de La Plata para que fuera trasladado a un hospital. Ariel murió el 31 de ese mes. Aquí Página/12 presenta la denuncia completa de su familia.
El caso de Ariel Alberto Pérez es sólo un caso testigo. Desde distintos ámbitos, a lo largo del año pasado, se hicieron denuncias por el tipo de tratamiento que estaban recibiendo los enfermos de VIH en las cárceles que dependen del servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora poco se conocía de los resultados que aquellas gestiones habían tenido dentro del universo intramuros de las cárceles. Tal vez por eso, la historia de Ariel y su desenlace puede convertirse en emergente de ese proceso que sigue sin resolución.
Este diario tuvo acceso a la documentación que fue presentando en la justicia la familia de Ariel, un joven de 24 años, habitante de uno de las villas miseria más pobres de Lanús. Ariel quedó detenido a mediados de 2000, cuando todavía ni él ni su mujer ni sus padres estaban al tanto de la enfermedad.
“Mi hermano tenía un problema desde hacía años pero en los ojos, una miopía muy importante”, cuenta Adriana, mientras comienza a recordar cómo fueron dándose cuenta de que aquello que parecía una ceguera se fue convirtiendo en uno de las manifestaciones superficiales de la enfermedad. “Recién cuando nació su hijo nos dimos cuenta de que mi hermano no estaba mal porque se quedaba ciego sino porque tenía sida”. El hijo de Ariel nació mientras él estaba preso. En ese momento, los médicos detectaron la infección. Tanto el niño como la madre estaban infectados y esa información bastó para que su familia comenzara a gestionar el tratamiento.
La primera nota donde pedían el “tratamiento urgente” fue presentada el 27 de julio de 2001 en el juzgado 2 de los Tribunales de Lomas de Zamora. La nota fue presentada por Carlos Llermanos, abogado de los familiares. “Vengo a comunicar al excelentísimo tribunal –decía Llermanos– que a raíz de los estudios realizados con motivo del embarazo de la esposa de mi defendido Ariel Alberto Pérez, se ha determinado que es portador de sida”.
Los integrantes del juzgado recibieron la nota ese mismo día, pero la familia de Ariel nunca conoció los resultados de esa intervención. “Seguíamos yendo a visitarlo, pero mi hermano cada vez estaba peor. En el juzgado –explica Adriana– nos decían que mi hermano no tenía nada, que sino la gente del Servicio lo estaría tratando”. La hermana de Ariel y el entorno más cercano sabía que los exámenes no se habían hecho. Todas las semanas alguno de sus familiares esperaba el horario de visitas frente al penal donde suponían que estaba alojado. Y eso era así porque después de los primeros meses de detención, cuando se resolvió aquella imputación de homicidio, Ariel comenzó a ser llevado de penal a penal. Estuvo en Sierra Chica, estuvo después en Olmos, pasó a Batán, más tarde lo trasladaron a Azul, fue a la unidad penal de Florencio Varela, en Junín y, al final lo alojaron en la Unidad 9 de La Plata.
“Mamá por favor –pedía los últimos meses–, por favor no hagas más nada, no puedo soportar otro traslado más”. Los familiares nunca supieron a ciencia cierta cuáles eran las razones profundas de esos traslados. De todos modos, sospechan que tenían alguna relación con su estado físico.”Nadie se quería hacer cargo de él –sospecha su hermana–: se lo sacaban de encima llevándolo de un lugar a otro sin atenderlo”.
Durante aquellos meses, la familia no dejaba de pedir los exámenes y el tratamiento. Después del pedido de Llermanos, se las ingeniaban para presentarse en la oficina del juzgado, para repetir el pedido ante los tres jueces que tuvieron la causa, para hablar, discutir o llorar con quienes los atendían en las cárceles.
Un año después de ese 27 de julio de 2001 cuando se formalizó el primer pedido, la familia volvió a presentar un nuevo oficio. Esta vez, Ariel estaba alojado en la Unidad del Servicio Penitenciario de Junín esperando la instancia del juicio oral de su proceso. Llermanos encabezó el oficio “solicitando cambio de lugar de detención”. “Los motivos son de acercamiento familiar y razones de salud –decía el escrito enviado el 5 de julio de 2002–: debe considerarse que se trata de una persona de 24 años, primario, es decir sin antecedentes penales y que goza de buena conducta y de una familia carente de recursos”.
Cinco meses más tarde, lo único que había cambiado era su lugar de alojamiento. En diciembre, Ariel estaba en La Plata con los estragos del virus en todo el cuerpo. “¿Arielito, cómo que no me ves?”, alcanzó a preguntarle su madre el día que decidió quedarse dentro del penal 9 hasta conseguir que alguien se hiciera cargo de la situación. Las autoridades del penal no querían trasladarlo a un hospital porque, decían, les faltaba una autorización de la Justicia.
Sin recursos, sin dinero, sin contactos lo suficientemente incisivos como para modificar aquella situación, la madre de Ariel insistió hasta conseguirlo. Ese día una ambulancia lo trasladó hasta el hospital de La Plata. Pero entonces, la vida de Ariel no tenía vuelta atrás. Faltaban sólo quince días para el día de su muerte.
Una semana antes, el 23 de enero, la jueza Silvia González, del Tribunal en lo Criminal número 2 de Lomas de Zamora, recibía un informe de Augusto Leonardo, perito médico neurólogo de la Asesoría Pericial de La Plata. En ese informe, el médico le pedía a la jueza un profesional para que verifique si Ariel estaba recibiendo el “tratamiento adecuado para su infección”. A esa altura, el perito decía que todavía “se está a la espera del resultado confirmatorio de la prueba de Western-Blot para detectar la afección de HIV”. Consideraba oportuno ese examen como contraprueba porque, decía, “la prueba de Elisa resultó positiva”. El 31, murió.