[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

A dos meses y medio de abandonar el poder, el Gobierno ruega no terminar en medio del mismo caos con el que asumió. Un fallo de primera instancia que redolarizó un crédito hipotecario no bancario amenaza con arruinar la solución que el Ejecutivo había diseñado para reordenar la economía tras la salida de la convertibilidad. Es la segunda resolución que en una misma semana dictaminó la inconstitucionalidad de la pesificación. Primero la Corte Suprema, redolarizando un depósito de la provincia de San Luis, y ahora el juez Gerardo Nani, negando el uno a uno entre el peso y el dólar para un préstamo, alteraron las reglas de juego impuestas hace más de un año. Una realidad que parece desmentir el tono calmo de Roberto Lavagna al dar cuenta de la decisión de los supremos. Una serenidad que, por estas horas, le debe faltar a más de un deudor. Ayer, el ministro de Economía manifestó que la redolarización es un tema que deberá zanjar el futuro gobierno.
El fallo del juez civil Nani, rubricado el último martes pero conocido recién ayer, es el primero que redolariza un crédito. Está circunscripto a un caso puntual en el que una mujer, Cristina Nora Loquercio, recibió un crédito hipotecario de Alejandro Gaido por 5700 dólares. Según la Asociación de Deudores de la Argentina (ADA), en la Argentina existen dos millones de préstamos no bancarizados. Antes de cumplir con el mandato del magistrado, la deudora tendrá la chance de apelarlo ante las instancias judiciales superiores. Como ocurrió con el fallo de la Corte sobre la redolarización del plazo fijo de San Luis, el juez de primera instancia también se limita al caso puntual, aunque expresamente declara “inconstitucional” la pesificación de los créditos. Es decir, no significa que hayan sido redolarizados los demás créditos tomados a prestamistas privados. Tampoco se mete con los créditos bancarios.
Para determinar la inconstitucionalidad del artículo 11 de la ley de emergencia económica y de los artículos 1 y 3 del decreto 214, que obligaron a la pesificación, el juez fue determinante. Señaló que “el acreedor pactó el préstamo en una divisa extranjera (...) para asegurarse el poder adquisitivo de su inversión. Consecuentemente, es lícito que reclame igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad”. Y añadió: “Cada parte debe tener presente el riesgo devaluatorio, del cual histórica y sistemáticamente se echó mano”.
Hilda Gumprich, titular de ADA, adelantó a Página/12 que los deudores no bancarizados realizarán una protesta frente al Congreso el próximo martes a las seis de la tarde. “Este fallo es calamitoso: sienta jurisprudencia sobre algo totalmente injusto. Queremos una urgente retractación para evitar la quiebra de cientos de miles de familias”, expresó, enojada, la dirigente en diálogo con este diario.
Si bien los créditos otorgados por particulares y escribanías habían sido alcanzados por la pesificación uno a uno entre el peso y el dólar y ajustados por el CER, al igual que los préstamos bancarios, lo cierto es que en la mayoría de los casos el tipo de cambio se terminó conviniendo entre el acreedor y el deudor. Fue la fórmula para evitar que los tomadores de créditos dejaran de pagar. En el Congreso quedó dormido un proyecto del justicialista Rodolfo Frigeri, que tuvo aprobación de las comisiones de Finanzas y Presupuesto, que avalaba la pesificación uno a uno de las líneas no bancarizadas.
Curiosamente, en el caso de la redolarización no había mora. Cristina Loquercio pagó cada cuota en tiempo y forma. El problema apareció cuando intentó cancelar su deuda de 5700 dólares con 5958 pesos, correspondiente al capital y a tres cuotas de intereses. Pero el acreedor rechazó la propuesta. Fue entonces que Loquercio se presentó ante el magistrado y promovió una demanda de consignación de capital. Es decir, que le den la posibilidad de pagar el crédito mediante un depósito judicial. Precisamente, el juez Nani denegó la pretensión de la deudora y declaró inconstitucional la pesificación, a pedido del demandante, AlejandroGaido. En otro tramo de la resolución, el juez afirmó que la ley de emergencia económica y el decreto 214 “licuan el crédito del acreedor y lo obligan a aceptar una moneda envilecida. No puede ser obligado a recibir menos de lo debido”. A diferencia de los bancos, los prestamistas particulares no fueron compensados por el Estado. El magistrado tampoco ahorró críticas a los legisladores y al Ejecutivo por sacar normas que se contradicen con la Constitución Nacional.
En las últimas semanas, el Gobierno vio agitarse el fantasma de la redolarización. Hubo un fallo de primera instancia contra la pesificación de los títulos públicos que están en poder de los bancos. También otro a favor de la redolarización de un depósito judicial para abonar una indemnización. Junto con el del juez Nani, todas estas decisiones son apelables ante instancias superiores. No así el fallo de la Corte sobre el depósito de San Luis.
El Gobierno, a través del ministro Lavagna, ya se apresuró a decir que la redolarización será un tema que tendrá que definir el próximo inquilino de la Rosada. “No le corresponde a este Gobierno tomar medidas a cuenta”, razonó el titular del Palacio de Hacienda a la salida de una reunión con su par de Justicia, Juan José Alvarez, y expertos en leyes, donde se analizó la cuestión del San Luis. “Si en estos 60 días hay alguna situación (generada por la dolarización), haremos lo que corresponda, como en el caso de San Luis. Si no, la decisión la tomará el próximo gobierno”, agregó frente a un grupo de periodistas.
Distintos fallos están incomodando al Gobierno en sus últimas semanas de vigencia, justo cuando creía que había ganado una tranquilidad duradera tras el acuerdo con el Fondo. Los funcionarios cruzan los dedos para llegar a salvo a la histórica Semana de Mayo.