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Aunque sus defendidos alegan ser “totalmente inocentes”, los abogados de Esteban Calafell y María Rosa Marchán –acusados de haber asesinado a un joyero en Miami– están trabajando en la articulación de una estrategia común para evitar que ninguno de ellos pueda ser condenado a muerte en los Estados Unidos, en caso de fracasar el esfuerzo por lograr su absolución. Hasta ayer, la División Interpol de la Policía Federal no había recibido ningún pedido de captura contra el joven Calafell, quien permanecía oculto en algún lugar de la ciudad de Córdoba. De todos modos, los defensores de los dos trabajan en conjunto en la elaboración de un escrito tendiente a lograr el rechazo de un eventual pedido de extradición contra él y a conseguir, por lo menos, que la chica “no sea condenada a muerte o si lo es, que la sentencia nunca se ejecute”, explicó a Página/12 Darío Vezzaro, uno de los abogados cordobeses de Calafell.
Vezzaro, que tomó la defensa del joven junto con su socio José Luis Reinoso, dijo que están analizando el caso “en conjunto” con Miguel Angel Pierri, abogado de Marchán, quien está detenida en Miami acusada por el homicidio, en esa ciudad, del ciudadano de origen cubano Agustín Morales. En lo que respecta a la situación de Calafell, sobre quien ni siquiera hay una orden de captura internacional, lo que se tratará de impedir es su extradición, una vez que se llegue a esa instancia.
El abogado cordobés le dijo a este diario que la estrategia se basa en el articulado de la ley 25.126, sancionada el 4 de agosto de 1999, que estableció el tratado de extradición entre Argentina y Estados Unidos. En el artículo primero de la norma se establece “la obligatoriedad de la extradición” entre los dos países, pero se establecen algunas excepciones, entre ellas una referida a la aplicación de la pena de muerte.
Vezzaro explicó que en el artículo sexto se habla concretamente sobre la pena de muerte, en aquellos casos donde se aplique “en el país requirente (en este caso Estados Unidos) y no en el país requerido (la Argentina)”. Para esos casos, lo que se estipula es que “la pena de muerte no será aplicada o, en caso de que llegue la condena, ésta nunca será llevada a la práctica efectivamente”.
Otro de los caminos que se están analizando apuntan más hacia la cuestión de fondo: la pena de muerte propiamente dicha. En este caso se apelarán a las garantías del Pacto de San José de Costa Rica, del cual la Argentina es uno de los países firmantes. “Allí se prohíbe la pena de muerte y si bien Estados Unidos, que fue el impulsor, luego no suscribió el tratado, nosotros vamos a recurrir a él”. Vezzaro aclaró que en esos aspectos están trabajando “en conjunto” con Pierri, quien ya se encuentra en Miami. “Nosotros pensamos viajar la semana próxima”, anticipó Vezzaro.
El miércoles, en audiencia pública, la Justicia de Florida acusará formalmente a la joven María Rosa Marchán, quien se encuentra detenida en la prisión del Condado de Yale. Pierri, abogado de la chica y radicado desde hace poco tiempo en Miami, todavía no pudo tomar contacto con ella, pero ya contrató a investigadores privados norteamericanos que están trabajando “sobre la hipótesis de que el autor del crimen haya sido una tercera persona que no tenía relación con los dos chicos”.