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Una vez obtenida la licuación de sus deudas con el sistema financiero dentro del país, el poder económico más concentrado avanza sobre el Estado en una maniobra de pinzas. Por un lado, también procura endosarle al conjunto de la sociedad una parte de las deudas que las empresas contrajeron en el exterior, mediante la emisión de Obligaciones Negociables. Por otro, intenta obtener nuevas ventajas en la renegociación contractual de los servicios públicos que algunas de esas empresas atienden. Aún falta lo peor, pero la brutal transferencia de ingresos dispuesta hace dos semanas ya es comparable con las que se consumaron en 1981/82, mediante la estatización de la deuda externa privada por Lorenzo Sigaut y Domingo Cavallo, y en 1992, con el desguace del Estado durante el primer mandato de Carlos Menem, cuyo vicepresidente era Eduardo Duhalde. Un clon suyo es el actual presidente provisorio. En su programa radial, el jefe de las Ruinas del Estado defendió la licuación de las deudas del capital más concentrado, con argumentos que no se compadecen con la realidad y que también podrían aplicarse para justificar las nuevas prebendas que exigen. Según Duhalde:
1. “Es mentira que la pesificación de las deudas favoreció a las grandes empresas.
2. Los grandes empresarios también fueron objeto de usura.
3. Hay que defender a los empresarios que no vendieron sus compañías porque de ellos dependen cientos de miles de trabajadores.
4. Esas empresas, por más grandes que sean, tienen serios inconvenientes. Lo que no entienden los críticos que malversan la idea es que cuatro años de recesión fueron letales para todos.
5. Es un tema de sentido común. Sin empresas no hay trabajadores”.
Si el ex intendente de Lomas de Zamora fuera un Alien bien intencionado que acaba de caer del espacio exterior, la información que aquí se publica le serviría para comprender el error y rectificar su política. De otro modo, tal conocimiento sólo será un instrumento útil para la sociedad que padece tales decisiones y que con su persistente movilización pugna por un cambio en la política que devastó al país.
La licuación
Como ya se explicó aquí, los primeros 50 deudores del sistema financiero representaban a fines del año pasado unos 7.000 millones de dólares. Si la cotización del dólar se estabilizara alrededor de los 2 pesos, habrían obtenido con la pesificación de sus deudas un beneficio de 3.500 millones de dólares. Ese era un cálculo grueso. Hoy trataremos de hilar más fino.
El 60 por ciento de ese monto corresponde a 25 empresas vinculadas de modo directo o indirecto con el proceso de privatizaciones. Salvo tres excepciones (Correo Argentino, Compañía General de Combustibles e Hidroeléctrica Piedra del Aguila), todas sus deudas estaban calificadas por el Banco Central como en “situación normal”, lo cual revela su elevada capacidad de pago. Los cuatro años de recesión no les resultaron “letales”, como cree El Clon sino todo lo contrario:
- Sus tasas de rentabilidad son las más altas imaginables, tanto si se las compara con las que obtienen el resto de las grandes empresas que actúan en el país, como con las del mercado internacional.
- Las tarifas de las prestatarias privadas de servicios públicos estaban dolarizadas y se indexaban (en forma ilegal, según fallaron diversos tribunales) por los índices de precios de los Estados Unidos, que durante la convertibilidad fueron muy superiores a los argentinos.
Las petroleras exportan parte sustancial de su producción en dólares.
La mayoría de estas firmas son controladas por capitales extranjeros y obtienen fondos en el exterior de otras empresas vinculadas, a tasas muy inferiores a las internas.* Otra parte de ellas son controladas por o están vinculadas a grupos económicos locales, que han colocado en inversiones financieras fuera del país el grueso de los beneficios obtenidos aquí.
Gracias al decreto 214/2002, que Duhalde firmó el 3 de febrero luego de la reunión de gabinete en Olivos en la que Alfonsín se sentó a su diestra, esas 25 empresas duplicaron sus rentas de privilegio a expensas del conjunto de la sociedad argentina. En 2000 habían obtenido ganancias del orden de los 2.500 millones de dólares y ahora licuaron deudas por otros 2.000 millones. El detalle de este negocio fenomenal se expone en el cuadro 1. Sus ejemplos más deslumbrantes:
Siderar, de Techint. Ganó 3 millones de dólares con su actividad siderúrgica, y casi 20 veces más con el exitoso lobby licuador que encabezó.
Grupo Macri. Con Sideco Americana ganó 20 millones en la construcción y 53 como licuador. El Correo Argentino perdió casi 60 millones repartiendo cartas, pero ganó casi 100 por un simple decreto presidencial.
Aguas Argentinas. Ganó 85 millones de dólares vendiendo agua y 60 millones con la licuación.
Pecom Energía, del grupo Pérez Companc. En 2000 ganó 270 millones de dólares. Licuó pasivos por 175 millones.
Telecom Argentina. Ganó 271 millones de dólares y licuó otros 141.
Repsol-YPF, la principal empresa exportadora del país. Sus utilidades superaron los 1.200 millones de dólares y licuó pasivos por más de 150.
Telefónica de Argentina. En 2000 ganó 343 millones de dólares. Licuó 43.
Transportadora de Gas del Sur. Ganó 126 millones con su actividad y otros 41 con el decreto de Duhalde y Alfonsín.
Duhalde no se molestó en explicar qué congruencia tienen estos generosos subsidios a las empresas más rentables y de mayor solvencia con los declarados objetivos de austeridad fiscal y de reducción del déficit de las cuentas públicas, sobre las necesidades básicas de la población.
Todo es Negociable
En la década de 1970 el endeudamiento privado consistía en créditos bancarios a los mayores grupos económicos locales y a las transnacionales que actuaban aquí. En un alto porcentaje de los casos, constituían autopréstamos encubiertos, que en realidad reflejaban la fuga de capitales al exterior. Esos fondos, propios o prestados, se represtaban luego a tasas mayores a empresas menores, sin acceso al financiamiento internacional. Mientras, el Estado proveía el capital de trabajo a los mismos grupos económicos, a través de los sobreprecios que les pagaba por sus compras, de reembolsos a las exportaciones y regímenes de promoción industrial. Sin embargo, la estatización de la deuda externa arrojó el peso de su pago sobre los hombros del resto de la sociedad. Es decir que lejos de padecer la usura, la practican.
Luego de la victoria electoral de la fórmula Menem-Duhalde, los mayores grupos económicos repatriaron parte de esos capitales fugados para adquirir a precios de remate las empresas públicas. Terminado ese suspiro, se reanudó el endeudamiento externo, con preeminencia del sector privado. Las Obligaciones Negociables y no los préstamos bancarios, constituyeron el instrumento escogido en esta etapa. Los especialistas financieros coinciden en que también en este caso es muy significativa la porción de autopréstamos. Los vencimientos de este año rondan los 7.000 millones de dólares. Con la devaluación y el regreso de Duhalde al gobierno, ha llegado el momento de descargar una vez más ese fardo sobre la sociedad. El lunes último, algunos de los grandes emisores de Obligaciones Negociables llegaron al despacho presidencial para reclamar el seguro de cambio que les permita licuarlas. Entre ellos estuvieron Paolo Rocca (del conglomerado italiano Techint, que por alguna curiosa razón encabeza la autodenominada burguesía nacional); la segunda cabeza del duopoliosiderúrgico, Arturo Acevedo (de Acindar); Oscar Vicente (de Pérez Companc), la embajadora intermitente Amalia Lacroze Reyes, viuda de Fortabat (de la cementera Loma Negra, involucrada en el reparto mafioso de cuotas de mercado y la fijación oligopólica de precios); Santiago Soldati (de Sociedad Comercial del Plata), Enrique Pescarmona (de Impsa), Pascual Mastellone (de La Serenísima) y Héctor Magnetto (del Grupo Clarín). Las Obligaciones Negociables emitidas hasta 1997 rondaban los 19.000 millones y a la fecha podrían llegar a 30.000. El 80 por ciento de ellas correspondían a 53 empresas, que no empleaban a “cientos de miles de trabajadores”, como pretende El Clon, sino apenas a 113 mil, es decir menos del uno por ciento del total de ocupados, según la Encuesta Permanente de Hogares de 1998 (ver cuadro 2)
Está despedido
Esas empresas producen por un valor próximo a los 35.000 millones de pesos, lo cual significa que ocupan a poco más de tres personas por cada millón de pesos de valor de producción. En cambio las 500 empresas que más venden, emplean a algo más de medio millón de personas y producen por 100.000 millones, es decir que ocupan a más de cinco personas por millón de pesos en valor de producción. En valores absolutos, cuatro veces más que los grandes tomadores y licuadores de crédito. En cantidad de ocupados por valor de producción, una vez y media más. Para el total de la industria los últimos datos disponibles son los del censo de 1993: empleaba a un millón de trabajadores y producía por 90.000 millones de pesos, dando ocupación a once personas por cada millón de producción: nueve veces más en valor absoluto y más de tres veces más en empleo por valor de producción que los visitantes de Duhalde. El mismo año y según la misma fuente, las pequeñas y medianas empresas industriales empleaban a poco menos de medio millón de personas, con un valor de producción de 25.000 millones. Es decir una creación de casi 20 puestos de trabajo por cada millón de pesos en valor de producción, cuatro veces más en valor absoluto y seis veces en cantidad de ocupados por valor de producción que el conjunto de los Rocca, los Pérez Companc, los Macri, los Acevedo y las Amalitas (Cuadro 3).
Lejos de crear trabajo, las mayores empresas lo destruyen. El desguace del Estado iniciado por Menem y Duhalde implicó la pérdida de 155 mil puestos de trabajo, entre 1989 y 1999. En las empresas públicas que prestaban servicios de Telefonía, Correos, Aeronavegación, Servicios Sanitarios, Energía Eléctrica, Transporte ferroviario y Distribución de gas trabajaban en 1989 algo menos de un cuarto de millón de personas. Una década después, las empresas que sucedieron a ENTel, ENCOTel, Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias, SEGBA, Ferrocarriles Argentinos y Gas del Estado sólo empleaban a 75.000 persona. Es decir que los grandes ganadores dejaron en la calle a 7 de cada diez trabajadores en las empresas de las que se hicieron cargo. El proceso tuvo dos etapas. Dada la premura del gobierno por iniciar las privatizaciones, ENTel, Aerolíneas y Austral fueron transferidas con todo su personal y las reducciones quedaron a cargo del sector privado. Pero en 1992, el Estado reestructuró antes las empresas a rematar. Así, en el primer año de gestión privada el empleo se redujo un 40 por ciento en Obras Sanitarias y Gas del Estado, respecto de los valores de 1990. El caso extremo de “racionalización” fueron los ferrocarriles, que perdieron al 70 por ciento de la planta de personal. En el caso del sector eléctrico, la privatización se inició en julio de 1993 y las empresas continuadoras de Segba contabilizaron para dicho año una disminución del empleo del 50 por ciento. Cuando salió a la venta el Correo, la última de las grandes privatizaciones, el Estado ya había reducido más de la mitad su plantel (Cuadro 4).
¿Qué te puedo cobrar?
Junto con el seguro de cambio para las Obligaciones Negociables, entra en debate la renegociación de los contratos con los prestadores privados de servicios públicos. Esto dará lugar a otra fuerte pugna dentro del gobierno, como la que se entabló en torno de la aplicación de las retenciones del 20 por ciento sobre las exportaciones de hidrocarburos, dispuestas por ley pero que sin embargo no habían empezado a cobrarse. La semana pasada, el Poder Ejecutivo decidió insistir con ellas pese a la resistencia de las empresas petroleras que amenazan con aumentos de precios de los combustibles líquidos y merma de la producción. Retenciones del 20 por ciento sobre la porción exportable de la producción, cuando la devaluación asciende al 100 por ciento, no pueden considerarse confiscatorias, pero igual han puesto a los petroleros en pie de guerra. De inmediato se les sumaron los grandes productores agropecuarios, que rechazan un trato similar.
La Ley 25.561 de “Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario” desdolarizó y desindexó las tarifas de los servicios públicos y dispuso que en la negociación con los prestadores privados deberían tenerse en cuenta “el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución del ingreso”, y la protección de “los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”. Las empresas están coordinando posiciones para la renegociación. Su pliego de reclamos incluirá:
- Suspender y/o reducir los compromisos de inversión y de expansión y universalización de los servicios.
- Ejecutar apenas las inversiones imprescindibles para la continuidad mínima de los servicios.
- Disminuir los ya débiles índices de calidad exigibles.
- Seguro de cambio con garantía estatal para sus deudas con el exterior (son firmas muy endeudadas, con compañías vinculadas).
- Seguro de cambio para las importaciones de bienes de capital y/o de insumos (todas estas empresas tienen un muy elevado componente importado que, en buena medida, proviene de empresas subsidiarias, sin control oficial sobre los precios de transferencia). En ambos casos, la paridad reclamada es de 1 a 1, lo cual sugiere que todos los caminos llevan a la dolarización.
- Indexación tarifaria por índice de precios internos (que, en esta etapa recuperarán la ventaja que les llevaban los de Estados Unidos, por los que se indexó hasta ahora).
- Que el Estado se haga cargo de las facturas de los usuarios que no puedan pagarlas.
Desde la sanción de la ley surgieron en el gobierno dos sectores con visiones contrapuestas sobre su significado. El jefe del gabinete de ministros, Jorge Capitanich, planeaba delegar la tarea en el ex secretario de Obras Públicas y ex secretario general de la gobernación de Duhalde en Buenos Aires, Hugo Toledo, y en el ex socio de la célebre Cooperativa del peronismo de Santa Fe, Eduardo Caíto Cevallo. Junto con Jorge Matzkin y Miguel Toma, Cevallo fue uno de los lugartenientes de José Manzano. Esto le permitió conducir la desastrosa privatización de Obras Sanitarias y luego ser designado en el ente regulador, superposición que la mejor práctica internacional desaconseja, si lo que se desea es defender el interés general. Toledo, quien fue amo y señor del Fondo del Conurbano aún debe explicaciones sobre las relaciones de Victorio Gualtieri con el Banco Provincia que contribuyeron a fundirlo. En el otro bando, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, sostenía a su director de asuntos jurídicos, Eduardo Ratti, un excéntrico en el panorama oficial, tan idóneo como decente. Al cierre de esta nota, la balanza parecía inclinarse en ladirección de Remes y Ratti, pero una versión insistente ya indicaba que Capitanich retendría al menos las negociaciones con Aguas Argentinas y los diversos operadores de servicios de transporte. Esto sólo describe un momento de la batalla. Fluctuaciones similares ocurrieron en los primeros meses de la anterior gestión de Duhalde como vicepresidente de Menem, de la que El Clon no tiene memoria.
Buena parte de los datos de esta nota provienen del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El agradecimiento a sus investigadores no los hace responsables por las afirmaciones del autor de la nota.