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El fin de semana que pasó, Radio Televisión Española Internacional dedicó a Argentina la edición de “En Portada”, un programa de los servicios informativos de Prado del Rey. Para ser precisos, no se trataba de un programa sobre Argentina sino sobre los padecimientos de las empresas españolas con inversiones en Argentina. En los estudios, junto al presentador, se repartían roles un funcionario, Juan Iranzo, director General de Estudios Económicos del gobierno de José María Aznar, y Andrés Oppenheimer, un periodista nacido en Argentina pero radicado desde hace casi treinta años en Miami, donde trabaja para el Miami Herald. Las entrevistas –grabadas– pasaron revista a la postura de la flor y nata de la burguesía española. Mientras tanto, unas placas informaban que esta gente había invertido en nosotros 45 mil millones de euros y la crisis les había pelado de los bolsillos 16 mil millones. Ninguna placa indicó, sin embargo, qué ganancias habían obtenido esas empresas con sus negocios argentinos, extraordinarias por cierto porque el capital español no vino al Río de la Plata a hacer beneficencia.
El primer pasmo lo produjo el canciller Josep Piqué, una personalidad florentina, ex miembro del comunismo catalán (el PSUC, Partido Socialista Unificado de Catalunya, con el que rompió para pasarse a Bandera Roja, una opción todavía más radical), arrojado por la ambición y el pragmatismo a las playas del partido de las derechas tradicionales. Y pasmó porque el canciller español estaba allí discutiendo con envidiable desparpajo el presupuesto argentino e indicando que el ejecutivo debía hacer los deberes y resolver el acuerdo con las provincias en torno a la coparticipación. Lo mismo que si Eduardo Duhalde hubiera dado públicos consejos respecto de las políticas de seguridad que deberían seguirse en el País Vasco o de cómo hacer más eficaces las relaciones entre La Moncloa y el PNV. Por si lo de Piqué resultaba poco atrevido estaba otra voz oficial, la del funcionario Iranzo, para explicar que lo que los dos mayores partidos parlamentarios argentinos no parecen aptos para resolver podría hacerlo una tercera fuerza que por suerte entra en la lidia y está encabezada por Ricardo López Murphy.
Gracias, chavales, por desayunarnos de que López Murphy tiene un partido y confirmarnos lo que intuimos con certeza: que el lobby empresariogubernamental español tiene su candidato y el elegido es, nada menos, que el primer condenado por la opinión pública durante este proceso de insubordinación. Enrolado en esa misma línea se lo vio a Antonio Gomis, de Repsol, la firma que pasó de fabricar lubricantes a convertirse en la gran petrolera internacional de un país sin petróleo. También se lo escuchó a Botín, presidente del Banco Santander-Central Hispano (propietario aquí y ahora del Banco Río), advertir en tono de amenaza: “Nosotros no vamos a desaparecer”. Por fin, habló un pálido y siniestro consultor, ejecutivo de Beta Capital, para silabear, mientras las cámaras le tomaban un primer plano salvaje: “Esta crisis tienen que pagarla los argentinos. No tienen por qué pagarla las empresas”. ¡Qué tal, Pascual! El sentimiento que invade quienes saben que es a estos pintas que les pagan las tarifas más caras del mundo, les entregan a cambio de nada sus recursos no renovables, el dinero para los corralitos por el que no quieren responder sus casas matrices y hasta sus jugadores de fútbol, es de furia y sobre todo, de humillación.
Que se sepa, el gobierno argentino no abrió la boca ante tamaño exabrupto de soberbia virreinal. Ni lo hará. Lo que no obsta para que del otro lado los que, como bien señala el consultor serial, parecen condenados a pagar la crisis, cuando salen a la calle, golpean puertas y gritan “Que se vayan todos” incluyen en el “todos” a estos hombres de negocios del menemato a la europea en que convirtieron a España socialdemócratas y cripto franquistas. “Que se vayan todos”. ¿Dónde? Como se diría en Chamberí, en Vallecas o en la Latina, a tomar por culo.