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El debate de una ley de fertilización asistida involucra temas centrales para la vida de todas y todos. Están en juego los derechos reproductivos de las personas, el ejercicio de la voluntad de procrear, de tener hijos, de formar una familia.

Se estima que entre un 10 y un 20 por ciento de las parejas padecen problemas de infertilidad y deben recurrir a las técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida. La infertilidad ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad y definida como la incapacidad para concebir un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección o método anticonceptivo.

Pero la media sanción que logramos va más allá, ya que extiende también los excluyentes tratamientos de reproducción asistida a las diversas formas de familias que, con la nueva ley de matrimonio igualitario, fueron reconocidas por este Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Estas parejas quedarían excluidas si partiéramos del concepto de enfermedad.

Preferimos no ver la infertilidad sólo como una enfermedad, ni como un mero gasto. Preferimos abordarla desde una perspectiva de derechos, del derecho a procrear y a la consecución de un embarazo.

En oportunidad de ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, el pasado año, puse especial énfasis en la necesidad de impulsar el dictado de una ley para que los efectores públicos de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga con actuación en el ámbito de la provincia otorguen cobertura integral a las prácticas médicas y tratamientos de fertilidad asistida.

Fue uno de los ejes de mi campaña garantizar el acceso a las técnicas y procedimientos en forma equitativa, ya que actualmente sólo les están “permitidas” a quienes poseen recursos económicos para solventarlas. Quise receptar una de las demandas centrales de las parejas que necesitan de estas prácticas para poder concretar su proyecto familiar y que no tienen acceso a ellas, debido a lo costoso de los tratamientos.

Ahora, como diputado nacional, asumí el compromiso de trabajar para una ley que considero era una asignatura pendiente; una ley que regule el acceso y cobertura a las tecnologías reproductivas, que desde hace décadas han comenzado a desarrollarse en nuestro país y que se encuentran autorreguladas por criterios médicos, de ética profesional y del mercado de la salud.

Es necesario que los avances científicos vinculados al ejercicio del derecho humano a la salud lleguen efectivamente a todas y a todos. Lo que está en juego es el rol del Estado, que debe intervenir activamente para democratizar el acceso a las tecnologías reproductivas.

Sancionar una ley que garantice la cobertura de estas prácticas por parte del sistema de salud, ya sea en los hospitales públicos o a través de las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, constituye un paso más en el camino de la igualdad que estamos recorriendo desde hace algunos años en nuestro país.

Es un desafío que queremos asumir. Y es un desafío porque los recursos en salud son siempre finitos. Por eso, en este tema como en tantos otros, es el Estado a través de su facultad regulatoria quien puede hacer estos recursos más productivos, terminar con los abusos, bajar los costos, transparentar la elección del mejor procedimiento para cada caso.

Estamos convencidos de que la intervención del Estado en la regulación de los recursos destinados a la reproducción asistida debe ir acompañada de la promoción del desarrollo del sistema público en esta especialidad. Sólo así será posible garantizar el acceso equitativo a estas técnicas y a su cobertura, en definitiva, el ejercicio de los derechos reproductivos de todas las personas, en pie de igualdad frente a la misma necesidad.

* Presidente del bloque de diputados (FpV).