Desde Roma

La llamada reforma laboral, que tanto ha dado que hablar en estos últimos meses, con las protestas de las tres centrales sindicales, con huelgas y manifestaciones, fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados italiana luego de haber conseguido la aprobación del Senado. Pero no porque se haya transformado en ley dejará de provocar polémicas y descontento. Manifestaciones y protestas en toda Italia han sido ya anunciadas para los próximos días por la central sindical de izquierda, CGIL.

La ley fue aprobada por 393 sí, 74 no y 46 abstenciones. Curiosamente, un cuarto de los diputados del Pueblo de la Libertad (PDL), el partido de Silvio Berlusconi, estuvo ausente en el momento del voto. La ministra de Trabajo, Elsa Fornero, centro de los ataques porque ha sido quien ideó la reforma, ha confirmado que el proyecto igualmente estará “abierto a modificaciones” siempre que estén de acuerdo los partidos que apoyan al gobierno, es decir PDL, Partido Democrático (PD, centroizquierda) y UDC (Unión de Centro).

La reforma prevé, entre otras cosas, que sea más fácil cesantear por motivos económicos. También introduce cambios en los contratos de colaboración y en la duración de los contratos a plazo fijo. En caso de cesantía por motivos económicos, no está prevista la reintegración automática, aunque en algunos casos está prevista una indemnización.

Esta es sin duda la norma que más hará discutir, porque cambia el famoso artículo 18 del estatuto de trabajadores que durante 40 años ha protegido a los obreros y empleados de ser despedidos injustamente. Se aplicaba a las empresas con más de 15 empleados y si eran agrícolas, con más de cinco. Disponía que el trabajador fuera reintegrado en su trabajo si se demostraba que no había una justa causa para despedirlo, o bien que fuera indemnizado por los daños que se le ocasionaban. Este artículo, que en teoría era la garantía del “trabajo seguro”, ha estado en el centro de las negociaciones entre el gobierno de Mario Monti –en particular la ministra Fornero– y las centrales sindicales CGIL-CISL-UIL que mayormente lideran el movimiento obrero de la península. Las centrales, y no sólo ellas, no querían saber nada de cambiarlo.

La nueva ley prevé además que el despido discriminatorio por razones políticas, religiosas o por actividad sindical, será siempre considerado nulo. En casos de despido de tipo disciplinario, con motivo justificado, el juez laboral tendrá un cierto margen de maniobra en materia de reintegración. Con las nuevas normas, la reintegración al trabajo sólo será posible en los casos previstos por los contratos colectivos de trabajo.

La ley fue aprobada gracias al llamado “voto de confianza”, es decir al voto de los tres partidos que apoyan al gobierno de Mario Monti y tienen mayoría en el Parlamento, sin demasiada discusión, porque la Unión Europea había pedido que fuera aprobada antes del 28 de junio como para tener nuevos y más fuertes elementos para la discusión que los países europeos realizarán el 30 de junio en Bruselas.

La reforma laboral no tuvo oposición abierta del PD, aunque este partido y su secretario Bersani en particular se habían opuesto a la reforma del artículo 18. Tampoco hubo reacción de parte de los otros dos partidos que apoyan a Monti, PDL y UDC. Mientras tanto en la plaza de Montecitorio, frente al edificio del Parlamento, se reunían decenas de sindicalistas y trabajadores de la CGIL, pero también de los sindicatos de base que no respetan la autoridad de ninguna de las tres centrales sindicales. Juntos llamaban a gritos al paro general. En esta manifestación no hubo mayores desmanes, pero, en otra, algunas cuadras más allá, que se había hecho por otros motivos pero fue aprovechada para protestar contra la reforma laboral, volaron huevos, tomates y zapallitos.