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Desde Santa Fe

“Acá, además de los costos políticos, hay que pensar en una posterior instancia penal, porque es criminal lo que se hizo.” Leonardo Lizarraga es presidente de la Federación Universitaria y tiene marcados a fuego algunos testimonios previos a la gran inundación: “Varios vecinos llamaron a los teléfonos de emergencia para denunciar que el agua les estaba invadiendo la casa y el consejo que les dieron es que se quedaran. ¿Cómo hay que calificar esa actitud de los funcionarios?”. El tema sigue siendo debatido en Santa Fe. El ecologista Jorge Cappato, premio Global 500 de la ONU, prefiere no hablar de posibles causas judiciales, pero a diferencia de Lizarraga, que deja los nombres “para más adelante”, puso a un funcionario en la mira: “El responsable es el intendente (Marcelo Alvarez), porque él es quien tiene que velar por sus ciudadanos. Para eso le pagamos”. Y en coincidencia con los técnicos de la Universidad del Litoral, Cappato sostiene que Alvarez “estaba avisado por la prensa sobre lo que iba a pasar y pasó”.
Alvarez fue cuestionado por el propio gobernador Carlos Reutemann, quien ante algunas preguntas incisivas de los periodistas se defendió diciendo: “Yo no soy el intendente”. El jefe comunal ayer salió a hacer declaraciones luego de un extraño ostracismo. Afirmó que el municipio “estuvo en todos lados, pero con el perfil bajo” que él atribuye a su gestión. “El primer responsable es el intendente, porque tiene que haber leído la nota que salió publicada en El Litoral, en la página 3 del jueves 20 de marzo. Allí se decía con claridad que se venía gestando una crecida extraordinaria y se sabe que en Santa Fe hay entre 100 y 200 mil personas que están en altísimo riesgo hídrico cuando vienen las aguas del Salado, que un chico sabe que bajan de norte a sur”.
“Es absurdo que se diga que no sabían nada, cuando existe un mapa de curvas de nivel y que hay poblaciones que viven en un pozo que se anega cuando llueven 200 o 300 milímetros en verano.” Cappato estima que el intendente Alvarez se hubiera dado cuenta de lo que venía “si por lo menos hubiera salido a caminar a tiempo por el terraplén del Salado y hubiera observado que el agua estaba por encima del techo de las casas que estaban al otro lado” de las defensas que luego fueron superadas en el Hipódromo de Las Flores. “Si dicen que hay una bomba por explotar en una escuela, la maestra saca los chicos a la vereda y después averigua si fue una broma. Acá hubo una irresponsabilidad total.”
Lizarraga, por su parte, considera necesario “que se investigue, llegado el momento, la actitud criminal de los que ni siquiera les aconsejaron a los vecinos que salieran de sus casas. Ellos tenían que saber lo que se estaba viniendo y tenían que haber actuado para evitar una catástrofe cuyos alcances reales todavía desconocemos”. Ayer, el jefe de los Bomberos Zapadores de Santa Fe, comisario mayor José Mario Santa Cruz, afirmó que los muertos hasta el momento “son 22” (el Ministerio de Gobierno había confirmado 23 unos minutos antes) y que él “no puede hacer futurología”, aludiendo a la información obtenida por Rosario/12, de un alto jefe del cuerpo, en el sentido de que los cuerpos encontrados serían “por lo menos 40”.
Para Lizarraga, que en ese punto coincide con Cappato, “lo que está quedando demostrado, antes y después de la inundación, es la ineficiencia y la ineptitud de los funcionarios. Nosotros no hacemos una evaluación de las aptitudes humanas. No decimos si son buenas o malas personas, pero está claro que son ineptos”. Por eso interpreta que “primero hay que establecer las responsabilidades políticas, pero después, cuando llegue el momento porque ahora hay que ayudar a los afectados, habrá que pensar en las responsabilidades penales”. Aludiendo a las afirmaciones de la Universidad Nacional del Litoral, que dijo que el gobierno tenía información sobre la peligrosidad del Salado, el ecologista Cappato insiste en que “aún sin haber leído la nota de El Litoral, tuvieron no menos de dos o tres días para avisarle a la gente que abandonara sus casas, que salvara primero sus vidas y que intentara salvar sus bienes materiales. Por lo menos pudieron avisarle unas horas antes que se pusieran a salvo sobre la avenida Freyre (junto con las calles Vera Peñaloza y Blas Parera son sitios no inundables por excelencia), pero no hicieron nada. A la gente ni les quedó tiempo para subirse al auto porque el agua los tapó por sorpresa. Esto no fue un desastre de la naturaleza, fue un desastre porque los funcionarios no se toman las cosas en serio”. De ese modo refutó las afirmaciones que hicieron repetidas veces tanto Reutemann como el ministro de Gobierno, Carlos Carranza.
“En Santa Fe, los alfabetos y los analfabetos saben que el río es peligroso. ¿Cómo pueden ignorarlo los funcionarios? Hay que hacer concursos para ocupar los cargos. A uno le toman un examen psicológico para poder manejar un auto. Un inepto no puede conducir los destinos de 100 mil personas.” Eso es lo que piensa Cappato con vistas al futuro.