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Los fiscales federales de Capital Federal Luis Comparatore y Patricio Evers iniciaron de oficio una investigación preliminar para determinar si aquellos miembros del gobierno provincial que, al parecer, no adoptaron en tiempo y forma las medidas necesarias para preservar a la población de la crecida del río Salado en Santa Fe incurrieron en el delito de “violación de los deberes de funcionario público”.
“En distintos medios de comunicación se ha puesto de manifiesto que los nocivos daños producidos a la vida y salud de las personas, como así también a sus bienes, que sucedieron en la ciudad de Santa Fe, pudieron haberse evitado o, al menos, aminorado, si se hubiese prestado atención a los informes de los técnicos hídricos”, explicaron los fiscales en un escrito presentado al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, donde fundamentan su posición y justifican la pertinencia de iniciar acciones tendientes a delimitar las responsabilidades en este tema.
Según fuentes judiciales, la intención de los fiscales no es llegar al propio gobernador Carlos Reutemann, sino concentrarse en indagar sobre todo a los directores, subsecretarios y secretarios de las diversas áreas del Estado provincial que tengan que ver con el tema, ya que –en primera instancia– consideran que allí fue donde se puede haber producido la falla en la prevención, que agravó en forma significativa la tragedia.