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El fallo del juez cordobés Federico Ossola, que dispuso que un equipo de médicos, psicólogos y asistentes sociales constatara si una mujer que pide un aborto no punible fue violada, sumó más rechazos e incluso el gobierno provincial analiza presentar una apelación.

Profesionales, organizaciones civiles y funcionarios advirtieron que el requerimiento del magistrado contradice la resolución de la Corte Suprema, según la cual no son punibles los abortos en casos de violaciones y advirtieron que “revictimiza a la mujer” que sufrió un ataque sexual.

El ministro de Salud provincial, Carlos Simon, señaló que “si bien es un avance” el fallo de Ossola porque rechazó un amparo que impedía la aplicación de la guía para atender estos casos en los hospitales, “no alcanza” porque “si hay algún delito difícil de probar, justamente es la violación”. Simon señaló como un “punto de conflicto” ese requerimiento al advertir que “a la mujer violada y embarazada volveríamos a someterla a victimización sobre si fue o no violación. No tenemos muy claro cómo resolver ese punto”.

“No tenemos forma, desde la medicina, de establecer esto, si no es exclusivamente con la declaración de la mujer, que es a la que le creemos”, acotó el profesional y funcionario. Consultado sobre si la provincia iba a apelar el fallo, dijo: “Estamos evaluándolo, no tenemos todavía una resolución”.

Por su parte, el director de la cátedra de Obstetricia de la Universidad Nacional de Córdoba, Ricardo Rizzi, consideró que “el fallo del juez es absurdo” y que “no se ha asesorado”, dado que “es imposible” desde la medicina “constatar si una mujer fue violada o no”.

El Movimiento Popular por la Igualdad repudió “las nuevas dilaciones” que se presentan en la provincia para la aplicación efectiva de la Guía de Abortos No Punibles. La asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir anunció que apelará el fallo porque consideró que era “inconstitucional”.