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Dos jóvenes periodistas santafesinos, Luis Moro y Pablo Benito, publicarán mañana en su revista Tercer Mundo una grave denuncia que, de comprobarse, podría poner en serios aprietos al gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Según Moro y Benito, la ciudad fue anegada por el desborde del río Salado debido a serias irregularidades en la ejecución de las obras de protección del oeste de la ciudad de Santa Fe. En particular el tramo 2 que, al quedar inconcluso, se transformó en un portón por donde ingresó furiosamente una masa hídrica gigantesca. No se construyó un anillo de cierre, de unos mil metros lineales, que debía completar la defensa hasta tanto se erigieran los terraplenes de los tramos 3 y 4 de la obra. De este modo, lo que debería ser defensa se convirtió en una trampa mortal: el agua entró violentamente y no tuvo por dónde salir hasta que el gobierno provincial tomó la decisión de dinamitar algunos terraplenes. Esta omisión sería, de acuerdo con la publicación santafesina, un “acto lisa y llanamente criminal.”
Una licitación muy curiosa
En mayo de 1994, durante la anterior gestión de Reutemann, el entonces ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Carlos Mercier –que ya había ocupado similares funciones durante la dictadura militar–, y su segundo en el ministerio, el actual senador provincial menemista Daniel Depetris, anunciaron la apertura de la licitación para la construcción de la zona oeste de la circunvalación, en el tramo comprendido entre la ruta nacional número 11 y la avenida Blas Parera, en inmediaciones del hipódromo. O sea, el sector por donde irrumpió el Salado el 29 de abril pasado.
La adjudicación de este primer tramo recayó en Victorio Américo Gualtieri, un empresario de la construcción que ha venido acumulando acusaciones en su contra, en particular por sus gigantescas deudas con el Banco de la Provincia Buenos Aires. “En esta etapa –señala un parte oficial del Ministerio de Hacienda provincial– se ejecutará la primera sección de dicha obra, de la intersección de la ruta nacional número 11 con la avenida de circunvalación Mar Argentino y finaliza en la autopista Brigadier López de la autopista Santa Fe-Rosario.”
Este último dato es esencial con referencia al desastre: porque en la presente inundación, la escasa luz del puente de la autopista (unos 150 metros) impidió que las aguas del Salado escurriesen dentro de su curso normal. Una solución de emergencia podía haber consistido en la voladura de un tramo de la autopista que duplicara el caudal de salida, pero el gobierno no quiso incomodar a la concesionaria del peaje, AUFE SA, y a la privatizada Litoral Gas SA, cuyo gasoducto pasa por debajo de la carretera. La reconstrucción de ese tramo representaría unos dos millones y medio de dólares: cabría preguntarse cuánto costará en cambio la reconstrucción de la tercera parte de la ciudad de Santa Fe, sin contar la pérdida de vidas y la desesperación que hoy abruma a unos 130 mil ciudadanos directamente afectados por la catástrofe.
En la citada licitación, la empresa de Gualtieri hizo una oferta por 16 millones 681 mil dólares, curiosamente un millón de dólares por debajo del presupuesto oficial que sumaba 17.579.807. Tanta generosidad empresaria se vería rápidamente recompensada cuando el gobierno de Carlos Reutemann, desechando las molestias de una nueva licitación, otorgó a Don Gualtieri “la ampliación de obra de la etapa dos, en forma directa, por un monto de más de 50 por ciento a lo originalmente fijado. Con lo que se violó la ley provincial de obras públicas 5188, según la cual el adicional máximo nunca puede superar el 20 por ciento del presupuesto”. La irregular ampliación fue autorizada por la Dirección Provincial de Vialidad, el área legal de Obras Públicas, la Fiscalía de Estado y el propio gobernador Reutemann, mediante un decreto. Seguramente de necesidad y urgencia.
El costo de la obra se elevó entonces a 25 millones de dólares y fue financiado –no menos curiosamente– por un fondo kuwaití, otorgado como recompensa por las dos módicas fragatas que Carlos Menem envió a la Operación Tormenta del Desierto.
A pesar del abultado incremento presupuestario, el anillo que debía completar el segundo tramo nunca fue realizado. Los editores de Tercer Mundo se hacen una pregunta que viene repitiéndose mucho en otros casos referidos a entes reguladores y mecanismos de monitoreo de un estado ciego, sordo, bobo y perverso: ¿por qué el gobierno de Santa Fe no controló que la obra fuera entregada tal cual fue proyectada?
Una catástrofe anunciada
El sábado 3 de mayo, en rueda de prensa, el gobernador Reutemann dijo textualmente que “no he tenido ninguna información, a mí absolutamente nadie me avisó nada”. Fue desmentido al día siguiente por el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el ingeniero en recursos hídricos Mario Barletta: “El gobierno ya tenía hace casi una década estos estudios en su poder”. En 1992, fueron varios los organismos científicos que aportaron al gobierno provincial estudios que alertaban sobre la posibilidad de una catástrofe de proporciones. Carlos Paoli, director del Centro Regional Litoral del Instituto Nacional del Agua, confirmó que en ese mismo año por expreso pedido del gobernador Reutemann se elaboró un informe alertando sobre una hipotética crecida del río Salado a razón de “más de tres mil metros cúbicos por segundo”. En esa ocasión, “el mapa estableció hasta dónde llegaría el agua y es prácticamente el mismo lugar que fue ocupado por esta inundación”.
Lole debe haberlo olvidado porque en la citada rueda de prensa utilizó la misma excusa socorrida a la que apelan todos los funcionarios a los que se los lleva el agua: “No hay ningún proyecto sobre el Salado. ¿Cuál es el proyecto? ... que lo traigan. (...) Créanlo, esto es irracional, es la naturaleza”.
Juan Carlos Mercier, que en aquella época era ministro de Obras Públicas y ahora amenaza convertirse en el administrador de los fondos de reconstrucción de la ciudad devastada, declaró al diario El Litoral, el 14 de mayo de 1994: “Se trata de obras viales y de defensa contra las inundaciones (...) Su construcción significa la protección de más de un tercio de la población de la capital provincial”. Como bien dijo Tercer Mundo: “Da terror la certeza del dato de Mercier evidenciando el conocimiento que tenía el ejecutivo provincial en cuanto a lo que significaba socialmente la obra”. Porque nueve años después sería exactamente un tercio de la población santafesina el que quedaría bajo estas aguas que bajaron turbias.
Los fondos que administraría Mercier no son despreciables: la legislatura provincial autorizó al ejecutivo a contraer deudas hasta por un máximo de 500 millones de pesos.
Un especialista en amenazas
El gobernador Reutemann es un especialista en denunciar amenazas oscuras cuyo contenido concreto nunca especifica. Cuando Eduardo Duhalde intentaba seducirlo para que levantara su candidatura presidencial contra Carlos Menem, el antiguo piloto de Fórmula Uno se negó arguyendo que había visto cosas horribles, tan horribles que ni siquiera podían mencionarse.
Ahora, para eludir el costo político de este desastre, ha vuelto a “confesar” que lo amenazaron: “Cuando tuve que tomar la decisión de romper la avenida Mar Argentino todos tuvieron la opinión contraria. He sido amenazado por querer romperla”.
“¿Quién lo amenazó?”, le preguntó un periodista de Buenos Aires. “Eso no lo voy a decir nunca, es un problema mío. Es de un cara a cara”, respondió, gélido, con su técnica habitual de Esfinge.
Según los periodistas Benito y Moro, “no hay mayores intereses que se puedan oponer a volar un tramo de la avenida Mar Argentino. Con un mínimo conocimiento de la ciudad se sabía que era eso o la inundación del casco céntrico. La amenaza puede servirle al gobernador como factor atenuante de lo que no realizó, la dinamitación de un corto tramo de la autopista Rosario-Santa Fe, en donde sí se jugaban fuertes intereses que podrían justificar el móvil de alguna posible amenaza”.
El abogado local Domingo José Rondina presentó un escrito ante el fiscal Norberto Favaretto, donde manifiesta que el gobernador “tiene la obligación de efectuar la denuncia si es que realmente lo amenazaron”. En los próximos días se sabrá si la causa prosperará o no en la justicia provincial. Los editores de Tercer Mundo, que han publicado una nota sobre “La Suprema Lole de Justicia”, se muestran escépticos. De todos modos, sostienen que si el gobernador fue amenazado, “supuestamente por tomar una decisión para evitar el desastre y no lo denuncia está encubriendo un delito perfectamente tipificado (artículo 237 del Código Penal) que sanciona a quien ‘...empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones’”.
La catástrofe política
Es sabido que los desastres naturales suelen tener consecuencias políticas, no pocas veces letales para el poder de turno. Hay varios ejemplos continentales: en 1972, el terremoto de Managua fue decisivo para que se minara el añejo poder dictatorial de la dinastía Somoza. La malversación de los donativos internacionales y otros actos de corrupción alimentaron un descontento popular que sería utilizado por el Frente Sandinista de Liberación para generar la insurrección que llegaría en 1979. Otro movimiento sísmico, el que sacudió la ciudad de México en 1985, agrietó el poder del partido gobernante (el PRI) que había resistido incólume durante décadas, hasta derrumbar años después el sistema de partido único. Son ejemplos mayores, pero válidos y tal vez aplicables al pago chico.
Nadie puede asegurar, ante una tragedia de esta magnitud, que las aguas no acaben llevándose al gobernador.