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La Casa Gris, como se conoce a la sede del gobierno de Santa Fe, vive su etapa más negra. Por 48 horas, a partir de la madrugada del martes 29 de abril, la mayor inundación histórica dejó a la capital provincial librada a su suerte y abrió un enorme interrogante sobre el futuro político del gobernador Carlos Reutemann. Cuando el agua entró en torrente sobre treinta barrios y cubrió al Hospital de Niños, orgullo de la ciudad, los únicos que dieron respuesta fueron los médicos, enfermeras, trabajadores estatales, maestros y estudiantes voluntarios convocados por LT-10, la radio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Miles de bomberos jóvenes, inexpertos y sin manguera, evitaron el incendio total. Reutemann reaccionó dos días después con la virtual autointervención federal de la provincia. Mil seiscientos soldados militarizaron la ciudad, con la excusa de garantizar la “seguridad”, y terminaron encargándose de la distribución de víveres de la ayuda oficial, que fue más ruido que nueces porque los voluntarios y las ONG siguieron manejando ese aspecto del problema. Los soldados mitigaron, en parte, la soledad del general solitario, que se mantuvo a flote sobre un cascarón vacío.
La crónica de los sucesos dice que en el Hospital de Niños, al que llegó junto con miles de voluntarios, como uno más, Reutemann recibió los primeros insultos de su paso por la gestión pública. Esa respuesta negativa pasó desapercibida por el rotundo fracaso de otras figuras políticas, encabezadas por el intendente Marcelo Alvarez, un hombre que alguna vez estuvo distanciado de Reutemann, pero que ahora había llegado al cargo de la mano de un acuerdo entre Lole y Jorge Obeid. Los dos vienen compartiendo el poder en la provincia desde hace más de una década. Cuando estalló el desastre, la Legislatura estaba cerrada, el Poder Judicial dispuso un asueto y el Municipio capitalino desapareció del mapa. Los voluntarios, piloteados por LT-10, se encargaron de todo.
Por 48 horas las órdenes partían desde los micrófonos de la emisora de la UNL, a la que el intendente Alvarez había llegado temprano para pedirle a los pobladores que se quedaran en sus casas porque “no iba a pasar nada grave”. Periodistas de la radio confiaron a este diario que “fuera de micrófono, Alvarez reconoció de entrada que la situación era gravísima y que iba a haber evacuados, pero según sus palabras, había que evitar el pánico”. El pánico se produjo, como es natural, cuando en minutos el agua pasó de diez centímetros a más de un metro. Los primeros en dar el alerta en los barrios, además de LT-10, fueron algunas patrullas policiales. Los uniformados gritaron, desesperados, porque carecían de elementos para hacer algo concreto. “Váyanse, abandonen sus casas”, vocearon ante los desesperados vecinos de Centenario, San Lorenzo y Chalet, que huyeron a nado o en botes. Mucho después llegaron las lanchas de la Prefectura.
Una de las escenas más demostrativas ocurrió en la Escuela Almirante Brown. Un grupo de alumnos, movilizados por LT-10, fueron al colegio para pedir a las autoridades que se abrieran las puertas para permitir el ingreso de los autoevacuados. Ante la negativa de la Rectoría, los alumnos amenazaron con entrar por la fuerza y las puertas tuvieron que ser abiertas. En pocos minutos se refugiaron allí más de 500 personas. El avance del río Salado, que sorprendió a Reutemann y a todo su equipo, venía siendo anunciado desde principios de marzo por los diarios, el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional.
La posibilidad de una creciente del Salado de 3.100 a 3.500 metros cúbicos por segundo, como la que ocurrió, estaba contemplada en dos estudios realizados por la UNL en 1992 y 1998, por pedido de los gobiernos de Reutemann y Obeid, quienes a lo largo de todos estos años compartieron a los mismos funcionarios, desde el hoy intendente Alvarez hasta el ex ministro de Obras Públicas Juan José Morín. El ingeniero Morín estuvo cuatro años con Obeid y siguió un año más en el cargo luego de que Lole asumiera su segundo mandato. En 1998, el Ministerio de Obras Públicas fue virtualmente cerrado en lo que a emprendimientos hidráulicos se refiere. Fue suspendida la construcción de la defensa oeste de la ciudad y por el agujero que quedó abierto entró el agua que inundó a un tercio de la ciudad. Se habla de la posibilidad de un número mayor de víctimas, pero las 23 muertes reconocidas oficialmente constituyen ya la mayor cifra porcentual alcanzada por una inundación en la Argentina, teniendo en cuenta que estuvo concentrada en una sola ciudad de menos de medio millón de habitantes y donde hubo 150.000 afectados. En las inundaciones de 1973, 1982 y 1998, desbordó el Paraná y perjudicó a otras cuatro provincias: Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. Hoy Santa Fe vive su peor momento en una inundación.
El “cierre” de Obras Públicas tuvo otros hitos como el aluvión en Cañada de Gómez (la crecida de un arroyo hizo desaparecer a seis personas y afectó a seis mil personas); la irrupción en el mapa provincial de la laguna La Picasa (en el sur provincial, de la cría de vacas se pasó a la pesca del pejerrey) y el histórico conflicto por las aguas que se acumulan en Gato Colorado, en la frontera con el Chaco, que en 1998 terminó a los tiros entre chaqueños y santafesinos.
En la actual emergencia, los únicos ministros que aparecieron fueron el de Gobierno, Carlos Carranza, y el de Salud, Fernando Bondesío, que es ingeniero y no médico. El ministro de Educación, Daniel Germano, es contador. Se cree que se hubiera evitado el drama si en lugar del ingeniero Ricardo Fratti hubieran puesto a un abogado como director de Hidráulica. Fratti fue echado por Reutemann “en virtud de los daños ocasionados” por la inundación y porque “resulta imprescindible establecer responsabilidades”. A los pocos días, sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, reconoció que Fratti “sigue colaborando” como asesor porque tiene “información cosechada” en todos estos años.
En las primeras 48 horas de desconcierto, la única medida concreta del gobierno fue la de dictar una virtual autointervención, que permitió la llegada de 1600 miembros de las fuerzas federales: Ejército, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Se invocó un artículo de la Ley de Seguridad Interior ante una catástrofe. Lole llamó también a la Iglesia, a través de Caritas, para que se encargaran del reparto de comida a las víctimas, pero le dijeron no estar en condiciones de asumir la responsabilidad. La Iglesia estuvo ausente, salvo tres o cuatro parroquias aisladas. En la parroquia de El Pozo, su responsable se negó a dar cabida a los evacuados, argumentando que temía “que le rompieran los símbolos”.
La gran inundación ha desterrado el mito sobre la “eficiencia” del gobernador Reutemann. Sólo lo viene salvando la generosidad del pueblo. En algunas zonas afectadas podían verse dos reacciones simultáneas: un corazón que decía “Fuerza Lole” y al lado un cartel que amenazaba con “matar” al intendente Alvarez. De todos modos, la crisis recién empieza y el descontento crece. Está por verse si el Lole sigue en el podio.