La Justicia de Menores de la ciudad de Goya, en Corrientes, intervino en los casos de cinco familias en situación de vulnerabilidad social y dispuso “medidas excepcionales” para sus hijos, en total 19 niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 15 años, quienes fueron sacados de su hogar y “trasladados” a la capital provincial, donde son alojados en hogares o con familias sustitutas algunos de ellos, mientras que otros han sido dados en adopción. En todos los casos, según la denuncia del Foro Multisectorial por la Justicia de Goya, los niños fueron institucionalizados en lugar de intentar una revinculación con sus familiares cercanos, como establece la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Ramón Rojas, de 42 años, clava unas maderas y las chapas de cartón que le dio la municipalidad para hacer dos habitaciones más: le dijeron que si arregla la casa, “por ahí” le devuelven los hijos. “Vino una camioneta, después de las 8 de la noche, y se los llevaron”, cuenta Delicia, la madre de los chicos. “Las criaturas lloraban a los gritos”, relata.

Por decisión del Juzgado de Menores, el 6 de julio último los agentes se llevaron a los cinco hijos más chicos de la pareja. La mayor tiene 15 años, la más chiquita tres y el único varón, doce años. La orden se basó en un informe de la visitadora social, que observó malas condiciones de higiene en la vivienda y vio que el día de la visita los chicos no habían ido a la escuela, situación que, según vecinos no identificados, ocurriría con frecuencia. El informe está cargado de prejuicios, como el que refiere que la madre de los niños no llevaba a sus hijos al control médico de rutina porque, según dijo, “no es necesario, ya que los veo bien”. El informe no da cuenta de que los chicos tengan padecimientos de salud.

Un caso similar es el de la pareja que integran Yésica Rolón, de 21 años, y Gerardo Aranda, de 26, a quienes les quitaron cinco hijos: la mayor, de seis años, uno de 4, las mellizas de dos y un bebé de un año. “La mayor la tenía en guarda mi mamá, porque un día le pegué mal, la llevé al hospital y me denunciaron”, cuenta Yésica. El 24 de febrero citaron al Juzgado a la abuela con la mayor, y luego debían ir los demás, con sus padres. “Les dijeron que era para una revisión médica. Las empleadas del Juzgado fueron llevando a las niñas para adentro. Y cuando pasó la última, cerraron la puerta y les dijeron que las nenas debían quedarse”, relata a la periodista Berta Arroyo, integrante del Foro Multisectorial por la Justicia, que reconstruyó cada caso a partir del relato de las familias. Desde entonces, no pudieron verlas: “Nos dijeron que fueron dadas en adopción, que ya no las veríamos más”, dice Yésica, en medio de su tristeza.

María Elena tiene 42 años y trabaja como voluntaria en el comedor de Cáritas de la parroquia de Goya. Su pareja, Fernando, de 46, es pintor. Tuvieron siete hijos pero las tres más grandes ya no viven con ellos. A los otros cuatro –diez años el mayor, dos años la menor– la policía los retiró de la Casa del Niño, en Goya, donde estaban albergados y los llevó a la ciudad de Corrientes. La causa esgrimida en la orden judicial es que sus padres son alcohólicos. Un hermano de Fernando y su pareja se habían ofrecido para hacerse cargo de los cuatro, pero el pedido no fue tenido en cuenta y los chicos fueron dados en adopción.

Denominador común

Los tres casos, sobre un total de siete denunciados ante el Foro Multisectorial, tienen denominadores comunes: familias en situación de extrema pobreza, que han recibido escasa e ineficiente asistencia por parte del Estado. “No tienen asesoramiento legal. Las causas avanzan sin que ellos se enteren, por denuncias de terceros, y cuando se dan cuenta ya les sacaron a sus hijos”, dice el abogado José Luis Aguirre, que asiste a algunos de los casos desde el Foro.

Aguirre cuestiona la “discrecionalidad” de la jueza de Menores de Goya, Silvia Escobar. “En el caso Rolón-Aranda, la psicóloga que intervino sugirió la revinculación inmediata de los menores con los padres, porque los chicos los extrañaban, pero la jueza no hizo lugar al pedido”, comenta el abogado. “Y en el caso Rosales-Rojas hicimos una presentación, hace un mes, planteando la necesidad de mantener el contacto de los chicos con sus padres, y hasta ahora no resolvió nada. La causa está durmiendo la siesta.”

Los niños apartados de sus familias quedan bajo el cuidado del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia. Su titular, Divina Bressan, dijo a este diario: “No comparto el criterio de la jueza, pero desde aquí no podemos hacer nada”. Admite, sin embargo, que en Goya, como en otras ciudades de la provincia, trabaja “un equipo multidisciplinario integrado por representantes de los distintos ministerios, para la atención de los casos”. Al parecer, la intervención de ese equipo no es suficiente para evitar lo que está ocurriendo.

“Corrientes es una de las provincias con mayores dificultades en la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de Niños y Goya es una ciudad muy conflictiva”, dice a este diario Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Aplicación y Seguimiento de la Convención por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Casacidn). “La provincia adhirió a la ley nacional, pero no tiene armado un servicio de protección”, agrega. “Por eso la Justicia sigue actuando como se manejaba veinte años atrás.”

Bressan precisa que la provincia adhirió a la ley nacional en 2008 y que ella está a cargo del organismo desde 2010, pero “aún estamos poniéndolo en funcionamiento: para el año próximo vamos a pedir un presupuesto propio, porque hasta ahora nos manejamos con los recursos de los distintos ministerios”. Esa ley es la que obliga a priorizar el vínculo de los chicos con sus familiares o allegados y establece que el apartamiento del hogar es una medida excepcional y transitoria (ver recuadro).

“Muchos de esos padres son hijos de peones, provienen de la zona rural, donde la situación no es mejor que la que se vive en la periferia de Goya”, describe María Bar, trabajadora social e integrante del Foro. “Para información de las autoridades, Goya tiene dos hogares para niños en riesgo, con asesoramiento de un equipo interdisciplinario –agrega—. Sus responsables son miembros de la Iglesia y tienen aporte estatal, aunque a veces tan escaso que impide recibir a más niños.”

En uno de sus fallos, el del caso Rosales-Rojas, la jueza de Goya intimó al Consejo para que brinde al grupo familiar “la asistencia y contención necesarias para educar a los progenitores en el ejercicio de la paternidad, brindándoles asesoramiento interdisciplinario”. Claro que lo hace en la misma resolución en la que le quita los chicos a la familia. También exhorta al organismo a gestionar ante el Instituto de la Vivienda de Corrientes la provisión “a la familia de una vivienda digna” y no las chapas de cartón que habían recibido de la municipalidad, las mismas que Ramón unía con clavos, con la ilusión de recuperar a sus hijos.