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En junio de 2011, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires inició de oficio una Actuación a fin de conocer el funcionamiento y las condiciones de infraestructura y seguridad de los Centros de Primera Infancia (CPI) inaugurados por la administración Macri a partir de 2009.

De acuerdo con lo establecido en la norma de creación, los CPI son “espacios propicios para la estimulación temprana de niños y niñas de 45 días a 2 años de edad (inclusive), y la adquisición de hábitos y educación en los de 3 a 4 años”, destinados a “niños y niñas menores en situación de vulnerabilidad y exclusión social” (sic), gestionados en forma “asociada” con “actores de la sociedad civil” que reciben 780 pesos por niño/a “becado”, según el monto establecido en los convenios para el 2011.

La cartelería pública, así como el profuso despliegue propagandístico (que abarca desde la desmesurada comunicación institucional del 13/3/12 sobre la supuesta “felicitación” de Roger Waters al jefe de Gobierno “por la creación de los CPI” hasta las declaraciones de la primera dama porteña acerca de su acercamiento a los mismos a partir de donarles los “rezagos” de ropa de su empresa textil), dan cuenta del interés de la administración local en exhibirlos entre los principales logros de su gestión.

En ese contexto, la defensoría solicitó informes al Ministerio de Desarrollo Social, del que dependen funcionalmente, en relación con “cuál es la dependencia encargada de habilitar el funcionamiento de los CPI y relevar sus condiciones de infraestructura, seguridad, habitabilidad y accesibilidad”.

La Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del mencionado ministerio respondió mediante Informe de fecha 19 de agosto de 2011 que “la dependencia encargada de habilitar y relevar sus condiciones de infraestructura es la Agencia Gubernamental de Control (AGC)”.

Atento a lo informado, se solicitó a la AGC “tenga a bien informar acerca de las condiciones de habilitación, infraestructura, habitabilidad, accesibilidad, instalaciones y prevenciones de seguridad contra incendio de los CPI”.

Recibido el requerimiento, la Dirección General Legal y Técnica de la AGC derivó la solicitud de “inspección e informe” de los CPI a la Dirección General de Fiscalización y Control bajo su dependencia, “por ser tema de su competencia”.

La mencionada dependencia informó con fecha 22 de junio de 2012 que “habiendo tomado conocimiento de la presente, le hago saber que esta Dirección General no es competente en la materia solicitada, debiendo dirigir la presente al Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora”.

Así las cosas, la defensoría puso en conocimiento del licenciado Esteban Bullrich, ministro de Educación del GCBA, lo informado por la AGC y le solicitó brindara la información pertinente.

Con fecha 3 de septiembre de 2012 se conoció la respuesta, elaborada por la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación, que informó que “analizadas las averiguaciones correspondientes dentro de la estructura administrativa de este ministerio y consultada telefónicamente la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, no es materia de competencia de este Nivel lo requerido, por lo que corresponde su devolución a fin de su prosecución administrativa, sugiriendo el giro al Ministerio de Desarrollo Social quien posee la competencia en la materia”.

Esta extensa reseña sobre el intrincado y dilatado derrotero de un expediente en el laberinto burocrático de una administración gubernamental da cuenta de las limitaciones y opacidades de esta política ampliamente promocionada por el Gobierno de la Ciudad, que enmascara el incremento de las transferencias de recursos al sector privado, la profundización de la fragmentación educativa y la deserción de las indelegables responsabilidades estatales en materia de control y en cuanto a asegurar a la población infantil el acceso a la educación de nivel inicial.

Así, mientras los funcionarios porteños siguen jugando al “Gran Bonete” con respecto al control de las condiciones de habilitación, infraestructura y seguridad de los treinta Centros de Primera Infancia, a los que asisten “más de 3000 niños/as”, este año se asignaron al programa partidas por $34.326.343 del presupuesto de la Ciudad, un 53 por ciento más que en 2011 y, previsiblemente, mucho menos de lo proyectado para el ejercicio 2013, atento a la intención de llegar a los cien CPI expresada por el jefe de Gobierno.

* Jefe del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo de la CBA.