La Justicia investiga a cuatro oficiales y un suboficial de la Policía Federal, que cumplían tareas en la comisaría 5ª, en pleno centro porteño, por “vender” a comerciantes y vecinos de la zona el servicio de seguridad que por su función debían prestar en forma gratuita. La denuncia la hicieron vecinos y comerciantes, algunos de ellos afectados por las exacciones, y por otros efectivos de la fuerza, ante un 0800 del Ministerio de Seguridad. A los policías –dos comisarios, dos subcomisarios y un sargento primero– se los investiga por supuesto cohecho y asociación ilícita. Fueron trasladados preventivamente a otras dependencias policiales.

La denuncia fue presentada el 6 de noviembre último por la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Cristina Caamaño, quien trabaja bajo la órbita de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. La presentación ingresó en el Juzgado Nº 29, cuyo titular, Marcelo Conlazo Zabalía, delegó la investigación en el fiscal Andrés Peres.

El ministerio había recibido a su 0800-555-5065 un total de once denuncias sobre la comisaría 5ª, la mayoría de ellas anónimas. Todas coincidían en que un sargento primero de apellido Soria, que cumplía funciones desde hacía veinte años en la misma seccional, les ofrecía un servicio de vigilancia a cambio de una cuota mensual.

“El servicio se había prestado, entre otros, a un hotel de una cadena internacional, un sex shop, restaurantes, un cine y otros comercios, para tener un servicio de seguridad en sus adyacencias”, confió a este diario una fuente de esa cartera. Desde el ministerio se constató, a partir de las denuncias, que los efectivos no prestaban servicio en los puntos dispuestos por el organismo, sino en otros.

“Los efectivos investigados no fueron pasados a disponibilidad, ya que los beneficia la presunción de inocencia, pero fueron trasladados a otras dependencias de la Policía Federal”, agregó otra fuente consultada por este diario.

La comisaría 5ª está ubicada en Lavalle 1958, a cinco cuadras del Congreso nacional. Los dos comisarios y los dos subcomisarios que prestaban servicio en esa seccional están sospechados de participar en una posible asociación ilícita. “No podían desconocer lo que allí ocurría y se investiga si se llevaban una parte de lo recaudado”, estimó la fuente.

Por esa razón el fiscal ordenó una pericia para conocer si el patrimonio de los policías es acorde con su nivel de ingresos en la fuerza.

La operatoria que consiste en recaudar dinero a cambio de protección se denomina “quinta” y no es patrimonio de esta jurisdicción, sino que, más bien, se encuentra extendido en varias. Son parte de los “kioscos” que suele tener la policía y que en este caso consiste en vender un “servicio adicional pero de manera ilegal”. El Ministerio de Seguridad ha resuelto combatir esas prácticas y ha logrado que miembros de la fuerza presenten denuncias contra camaradas comprometidos en esas prácticas. “Ya se iniciaron investigaciones en las comisarías 28ª, 7ª y 44ª, todas a partir de denuncias al 0800”, aseguran las fuentes.

“En algunos casos, los comerciantes denuncian que si no aceptan el servicio se les advierte que pueden ser víctimas de robos, lo cual podría constituir en el delito de extorsión”, agregaron.

–En el caso de la comisaría 5ª, si las denuncias son anónimas, ¿es posible probar los delitos? –preguntó Página/12 a una fuente vinculada con la investigación.

–Ya contamos con pruebas documentales y con testimonios de personas que dan cuenta de los hechos, por lo cual los delitos estarían virtualmente probados.

Por lo pronto, desde la fiscalía se pidieron informes a la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF), al Banco Central y a la AFIP, para conocer el movimiento de las cuentas y las propiedades de los imputados.

Para los investigadores, lo más llamativo fue la permanencia del sargento primero en la misma seccional, algo que no es habitual en la fuerza, ya que el personal es cambiado periódicamente de destino.

El mismo suboficial está investigado por cobrar horas extra en forma fraudulenta. “En mayo, por ejemplo, cobró por 21 días adicionales y llegó a sumar un salario de 16.396 pesos”, reveló una fuente del ministerio.

Además de la causa judicial, a los cinco policías les corresponde un sumario administrativo, a cargo de Asuntos Internos, un organismo que depende del secretario de Seguridad, Sergio Berni.