La Justicia española ordenó reabrir la causa por la muerte de un argentino, integrante del movimiento okupa, ocurrida en julio pasado en una comisaría municipal de la ciudad de Girona. Lo hizo a partir del pedido de la familia de la víctima, ante la posibilidad de que haya existido negligencia y omisión policial: si bien está comprobado que el hombre se suicidó, hay pruebas de que minutos antes existió un intento fallido y nada se hizo para prevenir el desenlace fatal.

La decisión de reabrir la investigación fue tomada por la Sección Tercera (Penal) de la Audiencia de Girona, en la causa por la muerte de Juan Pablo Torroija (41). El caso había sido cerrado el 2 de agosto por la jueza de Instrucción de esa provincia, Gemma Garces Sesé: la magistrada dispuso el “sobreseimiento libre” al considerar que Torroija se había suicidado y que los hechos ocurridos “no son constitutivos de delito”.

El abogado de la familia Torroija, Benet Salellas, confirmó a la agencia Télam que la familia de la víctima apunta a establecer la responsabilidad penal de los policías que estaban a cargo del hombre cuando estaba detenido y se colgó en uno de los calabozos de la comisaría de Girona.

El hecho sucedió el 11 de julio, cuando el okupa y un conocido fueron detenidos en la calle y trasladados a la seccional. Torroija apareció colgado en su celda y fue llevado al Hospital Municipal de Girona, donde tres días después, el 14, murió.

Salellas contó que se pretende demostrar la “negligencia policial”, ya que de las imágenes grabadas en los calabozos surge que el argentino detenido había intentado ahorcarse antes de concretar su propósito una hora más tarde. No obstante, nadie actuó para impedirlo.

Según relató el letrado, el hombre intentó ahorcarse con su propia camisa, lo que fue impedido por un policía de la seccional. Menos de una hora después, Torroija, con la misma camisa, volvió a colgarse en la misma celda y sin que nadie lo impidiera, según surge de las imágenes de video aportadas a la Justicia.

“Luego de la investigación judicial que se archivó, nosotros impusimos un recurso ante la Audiencia Provincial pidiendo que la investigación continuara porque entendemos que hay indicios de delito. Hay que tirar para adelante e investigar la actuación policial hasta llegar a un juicio penal por negligencia y omisión en la custodia”, explicó el abogado.

Inicialmente, al aportarse a la causa el video en el que se ve que Torroija se cuelga de los barrotes de la celda, la jueza de primera instancia cerró el expediente por ausencia de delito, aunque en un análisis posterior y más exhaustivo de las imágenes se descubrió que había habido un intento previo. “No entendemos cómo, ante un primer intento, se lo deja en las mismas condiciones, en el mismo lugar sin vigilancia. Además, luego, queda veinte minutos colgado hasta que alguien va a sacarlo”, agregó el abogado.