Un hombre intentó violar a una nena de cinco años, en un descampado del barrio Belisario Roldán, en las afueras de Mar del Plata. Un grupo de vecinos lo atacó. El hombre fue linchado a golpes y palazos. Cuando la policía llegó, el primer agresor ya estaba muerto y los restantes ya se habían transformado en testigos en la niebla. El fiscal a cargo del caso, Paulo Cubas, se ubicó en una línea de difusa separación con la apología de la justicia por mano propia (lo que en sentido estricto llevaría a la inutilidad de su función como fiscal) cuando aseguró que le pareció “comprensible” lo hecho por los vecinos porque “entendieron que el violador se merecía esa paliza”. También anticipó que “va a ser muy difícil” descubrir a los responsables, ya que los vecinos “no quieren dar nombres”.

El barrio Belisario Roldán se despliega del otro lado del turismo marplatense, cerca del borde de la ciudad. En la puerta de un mercadito almacén, el lunes por la noche, jugaba una nena de cinco años, hija de la dueña del comercio. Pasadas las 22, un hombre se detuvo a comprar una cerveza. Luego salió y se perdió en la oscuridad. Pasaron pocos minutos hasta que la madre descubrió que su hija no estaba. Desesperada, a los gritos, pidió ayuda para buscarla. Vecinos, no se sabe cuáles ni cuántos, salieron en busca de la niña y del hombre en base al cuadro que se había configurado la madre. Sin que haya testigos (voluntarios) para contarlo, la escena podría emparentarse con la épica del far west, con caballos, correas para ahorcar, armas y palos. Justificados se sentían: nadie, especialmente en esos límites, esperaría que actuara la Bonaerense.

La justificación tiene sus riesgos. A 300 metros del lugar, en un descampado, sobre Garay al 7700, encontraron al hombre y a la nena. Sin testigos que relataran, pero con el relato de testigos, el fiscal del caso, Paulo Cubas, supo que el hombre fue hallado con los pantalones y calzoncillos bajos, a punto de violar a la nena. Lo atacaron, según el relato del fiscal, “a golpes de puño, patadas y con un elemento contundente”. Los vecinos recuperaron a la nena, que se deshacía en llantos, y la devolvieron a la madre, sin dejar de golpear al hombre hasta comprobar que ya no se movía.

Entonces, alguien llamó al 911 de la Bonaerense. Al rato llegaron patrulleros de la comisaría 12ª para encontrar al linchado, a los justicieros trasmutados en testigos que habían visto poco y nada, a la nena en brazos de su madre, ambas llorando.

Después llegó el fiscal Cubas. No hacía falta que abundara en las dificultades de la investigación que le había tocado para saber que el caso era difícil. Debía investigar dos casos. Uno, finalizado (en términos penales, extinguido) por la muerte del presunto agresor. El otro caso, el que en términos discursivos se le ponía difícil: investigar precisamente a los “justificados”, aquellos que en situaciones normales constituirían su tribuna. De algún modo, sin demasiado reparo, lo dijo: “En la causa investigo dos delitos: al fallecido por intento de violación, aunque al haber sido asesinado la acción penal se extingue, y, a su vez, se busca –dijo, en paradójico impersonal– a los responsables de su muerte, a los que se les imputaría el delito de homicidio simple”.

Cubas agregó en un presunto desliz, una inversión de funciones, una invasión de jurisdicción de la defensa: “Entiendo que la gente del barrio actuó de esa manera porque entendió, en ese momento, que el violador se merecía esa paliza que le quitó la vida”.

Después, o antes, casi dio lo mismo, llegó la Bonaerense con su información de susurros a los medios, para completar el cuadro manopropista: la víctima del linchamiento se llamaba Roberto Romero, de 40 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad y cuya esposa lo había denunciado por violencia familiar. Siempre según fuentes policiales.

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