El juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, dijo que “los chicos no son peligrosos, sino que muchas veces están en peligro, sobre todo cuando la charlatanería quiere hacernos creer que las personas menores de edad son una amenaza sobre la que hay que descargar la ley penal”. Slokar fue uno de los panelistas del segundo encuentro de registros de chicos perdidos que comenzó a sesionar ayer en la antigua ESMA y terminará hoy con el diseño de planes prácticos para prevenir el maltrato dentro de la familia.

Estela Carlotto, que abrió el encuentro, dijo que el de los chicos extraviados es un tema “duro y lacerante”. Dijo, como ex directora de escuela, que “la niñez fue mi ilusión y mi desvelo”, y se presentó “nada más que como una Abuela de Plaza de Mayo, porque el robo de bebés durante la dictadura ha sido la marca más grande de mi vida”.

La presidenta de Abuelas es titular, también, de la comisión de seguimiento de la aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño. “No se puede tomar a la criatura como objeto y abusar de ella, y no se puede vivir con indiferencia ante una realidad con la que todos podemos contribuir”, dijo. “Cuando voy por el mundo, escucho congresos que hablan de la infancia y al año siguiente las cosas están peor. Por suerte en nuestro país estamos teniendo éxito con las políticas de infancia, y no lo digo de manera partidista, sino llamando a que todo el que quiera se involucre.”

Cristina Fernández, coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas de la Secretaría de Derechos Humanos, transmitió el saludo del secretario Martín Fresneda y contó que estaba en ese momento en el comienzo de la causa por el campo de concentración de La Perla en Córdoba. Dijo a partir del juicio y del encuentro de registros que “el Estado nacional tiene una mirada hacia atrás cuando busca que el pasado sea conocido, y si corresponde juzgado”, y una mirada hacia el futuro cuando explica que el maltrato “es un problema serio porque existe intramuros y, aunque no podemos meternos en las casas, sí podemos mostrar que existe y ayudar a resolverlo”.

Marisa Graham, directora de Promoción y Protección Integral de la Secretaría de Niñez, que actúa en el Ministerio de Desarrollo Social, dijo que antes “los niños extraviados eran niños olvidados y el Registro los hizo visibles”. Tras calificar el plan nacional por los derechos de los niños lanzado en 2005 como “revolucionario”, dijo que el 54 por ciento de los chicos son “institucionalizados”, eufemismo utilizado para distintos tipos de internación, y que sufrieron violencia intrafamiliar y abuso sexual. “Nuestros números indican que además de resolver con dignidad las condiciones materiales de nuestros niños y niñas hay que mirar qué pasa con las condiciones simbólicas y afectivas en las que viven, porque la memoria, la verdad y la justicia son principios que también incluyen a los niños, niñas y adolescentes.”

“Armamos redes y dejamos de ser un mero registro para hacer un seguimiento de los casos”, dijo la coordinadora del Registro, Cristina Fernández. “Cuando el año pasado empezamos a reflexionar con mayor precisión por qué pasan las cosas, aparecieron situaciones de maltrato intrafamiliar y, por ejemplo, hasta nos encontramos con padres que no querían que su hija de 14 años fuera a la escuela porque sentían que se le iba de las manos.”

“Queda para 2013 hablarles más a los chicos, el ‘antes de irte llamanos’ que supone varias cosas: que la calle no es un buen lugar, que un chico tiene derechos, que si deja su casa lo hace porque sufre, que sufre cuando le pegan o cuando el viejo le pega a su vieja.”

Al comentar la criminalización de los adolescentes, Slokar dijo que en este caso rige la selección “por vulnerabilidad y estereotipo criminal, fundada en los prejuicios racistas, clasistas, xenófobos, sexistas y también etarios”. Así “se construye una especie de cara del delincuente, que en la Argentina es la cara de un joven pobre y urbano”. Luego comienza la guerra. “La imagen bélica no es ajena a nuestra historia. En décadas pasadas existió la visión de la seguridad nacional. Hoy existe una ideología de guerra permanente contra un enemigo disperso al que hay que reducir y combatir porque da pequeños golpes. Algunos tienen la aspiración de que un Estado criminal reemplace al Estado terrorista y que tutele a un sector encerrándolo en beneficio de nuestra protección.” Slokar llamó a esta idea “demagogia securizante” y dijo que buscaba “una sociedad verticalista y disciplinadora”.

El senador Aníbal Fernández, que relanzó el Registro cuando estaba bajo su órbita como ministro de Justicia, dijo que “no había denuncias sobre censuras de conducta, censuras sexuales, abusos sexuales y abusos de poder porque no se quería que hubiera un Registro”. En una alusión implícita a Missing Children, dijo que “por mejor voluntad que pongan las organizaciones no gubernamentales, no pueden reemplazar al Estado”. El criterio desde entonces fue que las víctimas condujeran el proceso. Dijo Fernández que, en sintonía con esa línea, con la ley contra el maltrato que impulsa en el Congreso pretende “que cualquier juez con o sin competencia tenga que tomar la denuncia de manera inmediata, porque es un error pensar que las agresiones suceden rara vez y no vuelven a pasar”.

“Lo que pretendemos no es simplemente que los chicos no se vayan de su casa sino que no sean maltratados y se queden en el hogar porque no sufren”, dijo el senador y ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

Damián Loreti, experto en derecho a la información, planteó las tensiones habituales entre dos principios: la libertad de expresión como derecho universal, proclamada en 1948 por las Naciones Unidas, y las eventuales restricciones previas que, por caso, están contempladas en la Convención de Derechos del Niño. “En caso de colisión de derechos, ¿cuál es el prevalente?”, provocó Loreti. Sugirió que en la cuestión de los niños la vulnerabilidad debe ser tomada en cuenta. Más allá de la legislación, se internó en el terreno concreto. Contó que después del asesinato de Candela y la intensa cobertura previa que en algunos casos violó la intimidad de la adolescente, en muchos noticieros dejaron de utilizar la medición de rating en tiempo real que había llevado a estirar escenas inútilmente. “Cuando el rating se relaciona con hechos delictivos o con chicos, los resultados son preocupantes”, dijo. Ante la pregunta de una funcionaria de Florencio Varela, sugirió convocar a los medios locales y discutir abiertamente los temas y también dirigirse a Cinthia Ottaviano, la defensora del público votada un mes atrás por el Congreso.