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Por Pedro Lipcovich @

“Se nos agotan las instancias”, exclamó Pedro D’Attoli, abogado de Omar Chabán en la tarde de ayer, al reconocer la probabilidad de que su defendido esta vez deba cumplir íntegramente la pena a que lo condenó la Justicia: si bien en los próximos días presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema, esta acción no impide por sí misma la ejecución de la sentencia y la Corte podría no sólo negar el recurso, sino también, al no tener plazos para expedirse, postergar indefinidamente su decisión. Desde el otro lado, el de los familiares y sobrevivientes, el abogado Fernando Soto destacó que “por primera vez en la historia judicial argentina hay penas de prisión efectiva para funcionarios oficiales, en este caso del Gobierno de la Ciudad, por un hecho civil”. “No es que todo funcionario que se equivoque deba ir preso –precisó Soto–, pero en este caso se constataron irregularidades gravísimas.”

Pedro D’Attoli, abogado de Omar Chabán, anunció que “presentaremos el recurso de queja ante la Corte Suprema, en el plazo legal de cinco días a partir de esta sentencia de Casación. Lo que nos resulta un poco irritante, no por supuesto en un sentido personal, sino estrictamente judicial, es que ninguno de los recursos presentados por los distintos defensores ha sido concedido: y los que intervenimos somos todos abogados con experiencia”.

D’Attoli admitió que el recurso que la Cámara de Casación les denegó “no es una apelación de tercera instancia, sino un recurso extraordinario, que se aplica cuando se afectan las garantías del debido proceso o ha tenido lugar una arbitrariedad”.

El abogado admitió también que “la Corte Suprema no tiene plazos para resolver sobre los recursos de queja: son siete los ministros que deben votar, no se sabe cuánto tardarán”.

–Esto podría demorar indefinidamente la decisión y, mientras tanto, continuarían detenidos –observó Página/12.

–Así es. Pero no nos queda otro recurso. La realidad es que se nos agotan las instancias –contestó D’Attoli.

Fernando Soto, abogado de sobrevivientes y familiares, destacó que “por primera vez en la historia judicial argentina hay pena de prisión efectiva para funcionarios, en este caso del Gobierno de la Ciudad, por un hecho civil. Jamás la Justicia Penal había alcanzado a funcionarios por un tema que no fuera directamente corrupción, y aun en estos caso los que hayan ido presos se cuentan con los dedos de la mano de un manco”, graficó.

Soto agregó que “la Cámara de Casación fue explícita al citar dos precedentes, el ‘plenario Agüero’ y el ‘fallo Olariaga’, de la Corte Suprema, por los cuales, una vez rechazado el recurso extraordinario, la vía de apelación se considera agotada. El recurso de queja puede presentarse, pero mientras tanto la pena se ejecuta: si hay que pagar, se embarga al condenado; si la pena es de prisión, va preso. La Cámara de Casación fue clara al ordenar ‘la ejecutoriedad de la sentencia en forma inmediata’”.

–¿El hecho de que la Justicia nunca antes hubiera dictado condenas como éstas a funcionarios no podría indicar que son desproporcionadas? –preguntó Página/12.

–Los criterios jurisprudenciales se modifican a lo largo del tiempo –contestó Soto–. Así ha sucedido por ejemplo con la tenencia de marihuana para uso personal, que fue sucesivamente despenalizada, penalizada y vuelta a despenalizar, y en democracia. Bueno, en nuestro tema, hasta hace un tiempo primaba el criterio de que la responsabilidad de los funcionarios no se extendía a las consecuencias mediatas de sus actos. Pero en este caso se probó con absoluta seguridad que la habilitación del local era no ya irregular, sino falsa: planos que no coincidían en las medidas, en los lugares, en las puertas, entre otras cosas gravísimas, y que sin embargo fueron habilitados por el Gobierno de la Ciudad y la División Bomberos de la Policía Federal.

“El lugar no había sido inspeccionado por los funcionarios de la Ciudad –agregó Soto–, pese a que dos locales bailables cercanos habían sido clausurados por las mismas irregularidades que había en Cromañón: exceso de público y lo que se llama desvirtuación de rubro, ya que Cromañón estaba habilitado como boliche bailable, pero nunca se hizo allí un baile, siempre se hicieron recitales.”

“No es que todo funcionario que se equivoque deba ir preso: hablamos de irregularidades gravísimas, constatadas –precisó el abogado–. Por ejemplo, el comisario directamente cobró una coima para no clausurar el local, específicamente para eso. Y los funcionarios cuya función era habilitarlo obviaron deliberadamente hacerlo, conociendo el riesgo que corrían 5000 personas cada noche.”