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Un vuelco inesperado se produjo en la causa en la que se investiga el intento de violación seguido de muerte de la adolescente Lucila Celeste Yaconis, ocurrido el 21 de abril pasado en el barrio de Núñez. El juez de la causa, Raúl Irigoyen, pidió que sea recapturado un hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, que estaba como sospechoso y que había sido dejado en libertad por el mismo magistrado. La sorpresa es que en el cambio del juez tuvo una influencia directa el poder político, según confirmó ayer el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. “Estamos muy sensibilizados con este tema”, dijo el funcionario, quien admitió que “con todo el respeto a la investidura del juez Irigoyen”, el secretario de Justicia y ex fiscal Norberto Quantín le había solicitado al magistrado que “por favor reconsiderara esta orden de liberación de una persona que ya había sido capturada y que buscara de una orden de recaptura”.
“Tanto el doctor Quantín como el doctor (José María) Campagnoli han estado muy cerca del caso, apenas se produjo cuando ni siquiera estábamos en funciones”, en el Ministerio de Justicia. “Cuando nos enteramos de que esta persona sospechosa había sido liberada, sin haberse obtenido los resultados de las pruebas de ADN que demostrasen o no su participación en ese hecho, sentimos la misma indignación y la misma preocupación que no sólo manifestó la mamá de Lucila, Isabel, sino la opinión pública en general”, subrayó el ministro.
Por eso fue que, según reconoció Beliz, “decidimos tomar cartas en el asunto con todo el respeto a la investidura del juez Irigoyen”, aclaró en alusión a un caso que podría ser considerado una intromisión del Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial. Beliz aseguró que “Quantín le pidió por favor que reconsiderara esta orden de liberación de una persona que ya había sido liberada y que buscara una orden de recaptura”. En fuentes judiciales, en cambio, se dijo que el cambio de postura del juez se debió a que el sospechoso, “una vez en libertad, no se presentó a una diligencia procesal que ya estaba prevista y que debía cumplirse el viernes, motivo por el cual se volvió a pedir la captura para que cumpla con ese trámite”. Según Beliz, la libertad del sospechoso se produjo “sin siquiera dar un domicilio fehaciente”. Por ese motivo, en la “media tarde” del sábado se estaba “en la tarea de recapturarlo”. El ministro recalcó que el Poder Ejecutivo no quiere “invadir ningún otro poder”, pero tampoco puede “permanecer indiferente” ante un tema que conmueve a la sociedad y en ese sentido tiene que “cooperar y trabajar de un modo mancomunado para que las cosas lleguen a buen puerto”.
“Respetando la tarea de los jueces y la investidura, nosotros vamos a agotar de muy buena manera y con los requisitos legales todas las instancias para que la Justicia actúe como corresponde”. Agregó que “si eso lleva a que muchos magistrados reflexionen sobre fallos que han dado y vuelvan atrás en los casos que ellos entiendan que el pedido es justificado, enhorabuena”. Sobre el caso concreto de Irigoyen, remarcó que “el juez tuvo una muy buena actitud; además lo conoce desde hace muchos años al doctor Quantín, que ha trabajado 40 años en la Justicia”.