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Néstor Kirchner inició su mandato por la recomposición de la institución presidencial, asentada en alianzas sociales distintas a las de sus predecesores, como si un decreto de necesidad y urgencia hubiera suspendido la vigencia del teorema de Baglini, hasta entonces cínica regla áurea de la clase política aborigen. La limpieza de la cúpula militar y de los peores focos de corrupción en la obra social de los jubilados, que controlaba Luis Barrionuevo, el pago de salarios atrasados a maestros y trabajadores estatales entrerrianos y sanjuaninos, el juicio político al presidente de la Corte Suprema, la prometida autolimitación presidencial en la designación de futuros magistrados, la apertura de los archivos de la SIDE sobre el atentado a la mutual judía de Buenos Aires, las audiencias con organismos de derechos humanos, sindicalistas y piqueteros, la defensa de la ley de salud reproductiva ante el cuestionamiento de una organización religiosa, la orden a la Cancillería para que desista de cualquier recurso en contra de la extradición del secuestrador Ricardo Miguel Cavallo de México a España, el retiro de la querella por calumnias e injurias que Kirchner había entablado contra un abogado de Santa Cruz, la rebaja del precio de los combustibles, la decisión de no prorrogar las concesiones de servicios públicos que vayan venciendo y de controlar el cumplimiento de los contratos vigentes, son algunas de las noticias de estas dos vertiginosas semanas de un gobierno que cambió el ánimo colectivo de un modo tan radical como inesperado.
Expectativas
“Qué bajo habremos caído que nos alegramos por terminar con la indignidad de que los trabajadores no puedan cobrar sus salarios”, reconoció Kirchner en San Juan. Es cierto: en el subsuelo basta con muy poco para generar ilusión y expectativas. La misma sorpresa provocó su rechazo a la extorsión del presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, quien amenazó en público con fallos perturbadores de lo que él mismo mencionó como “gobernabilidad”, la voz de orden de la desestabilización. Kirchner leyó su brevísimo mensaje sin actuarlo, con la mirada en el papel y no perdida en el vacío del teleprompter como enseñaban los asesores de imagen que convirtieron a Carlos Menem y Fernando de la Rúa en dos zombies. Las encuestas que miden la reacción social ante este torbellino asombran a los propios especialistas que las realizan. Hasta los lectores del matutino La Nación se pronunciaron en modo masivo en su favor: el 59 por ciento consideró acertado el mensaje sobre la Corte y el 12 por ciento dijo que debería haber sido aún más duro. Incluso Hebe Pastor de Bonafini, que el 30 de enero postulaba “el derecho a la violencia, a levantarse en armas”, suspiró cuando Kirchner le tomó la mano y ya no lo considera igual a los demás políticos.
Nada menos que Elisa Carrió le recomendó mayor prudencia y no abrir demasiados frentes al mismo tiempo. Imprudente hubiera sido proponer una consulta popular para un tema que la Constitución regula en forma taxativa, como es la remoción de los jueces de la Corte. Las empachosas declaraciones públicas de Nazareno demuestran que no era hipérbole ni pleonasmo mencionarlo como ex jefe de policía de La Rioja, boticario o aficionado al derecho municipal, los tres rubros de los que nunca debió haber pasado su curriculum vitae. La lengua de Nazareno sin el control del cerebro del cardumen menemista en la Corte, Eduardo Moliné, ausente con aviso en Roland Garros, produce efectos devastadores. Confrontado con enemigos fríos y sin sentimientos como los micrófonos de la prensa, Nazareno edificó su propia ruina. La decisión del gobierno de ir sólo a por él terminó de aislarlo, al contrario de lo que sucedió el año pasado,cuando los nueve ministros de abroquelaron ante la amenaza común. Claro que entre sus defensores se alistó el Colegio de Abogados de Buenos Aires, diminuto pero en el que militan los estudios que atienden a las grandes empresas locales, europeas y estadounidenses.
Autolimitación
Kirchner tiene una asignatura pendiente en este campo. En Santa Cruz aumentó el número de miembros del Tribunal Superior, que quedó en manos de aliados políticos, removió al Procurador General, acusado de opositor, y se negó a reincorporarlo como le ordenó la Corte Suprema. Por eso Nazareno cacareó ahora: “¿Y a quién va a nombrar, a un enemigo?”. La visita del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, a la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales y Poder Ciudadano para reunirse con seis organizaciones de la sociedad civil que en los días tórridos del verano de 2002 produjeron los documentos “Una Corte para la Democracia”, I y II, buscó disipar tales prevenciones. Una de las fuentes de deslegitimación de la Corte Suprema es la designación de magistrados “de ostensible carácter partidista y sin los antecedentes, la trayectoria pública y el prestigio necesarios”, afirmaron esas organizaciones. Para elegir “personas que gocen de un apoyo plural e intachable” el presidente debería proponer una terna por cada cargo vacante, que se haría pública junto con los antecedentes académicos, laborales, profesionales y personales de sus integrantes, incluyendo su situación ante la DGI. Durante 30 días, personas e instituciones podrían fundamentar objeciones o apoyos. Además se realizaría una ronda de consultas con diferentes sectores de la sociedad civil organizada, públicas y con registro taquigráfico y en video. Cada candidato debería comprometerse a propiciar en caso de ser designado las reformas al reglamento de la Corte que terminen con su discrecionalidad actual. La Corte argentina falla 15.000 causas por año, contra 70 de la de los Estados Unidos y no posee un mecanismo de audiencias públicas que impida el trato desigual a las partes. Beliz prometió preparar un decreto que contenga estas sugerencias, en el que este fin de semana trabajaban el viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, y un representante de las entidades firmantes. El viernes, la senadora Vilma Ibarra presentó un proyecto de ley en el que recoge las sugerencias de las mismas organizaciones acerca del rol del Congreso.
La prensa
Como gobernador de Santa Cruz, Kirchner querelló por calumnias e injurias al abogado Bernardino Zaffrani, quien en una columna de opinión en un medio local le había atribuido presuntas maniobras en beneficio del concesionario de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Además de la pena de tres años de cárcel, le reclamó un millón de pesos de indemnización. La Asociación Periodistas le solicitó que desistiera de esa causa, en la que había asumido la defensa de Zaffrani. Hace 48 horas, el presidente ordenó a su abogado en Río Gallegos que retirara la querella. La semana próxima recibirá al Relator de la OEA para la Libertad de Expresión, el jurista argentino Eduardo Bertoni, con quien analizará el proyecto de ley de la misma Asociación Periodistas que despenaliza los delitos de calumnias e injurias cuando se cometen contra funcionarios públicos e introduce la norma de la real malicia en el procedimiento civil. Su aprobación fue comprometida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Estado argentino. Lo suscribieron los ex presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, pero no lo trató el Congreso por la cerrada oposición de Eduardo Menem. Kirchner adelantó una opinión preliminar favorable, con la que no coincide el jefe de gabinete Alberto Fernández. Su argumento es que los responsables de publicaciones extorsivas designan como editores o directores a insolventes contraquienes es imposible entablar una acción en el fuero civil. El caso del corresponsal en Mendoza de la revista El Guardián [de Hierro], detenido por coacción al propietario de un canal de televisión de cuyo paquete accionario deseaba apoderarse el escribano Raúl Juan Pedro Moneta, muestra que cuando una publicación se utiliza como instrumento para fines ilegítimos hay otros artículos del Código Penal para reprimirla, sin afectar la libertad de expresión. Ante la denuncia de la víctima, la justicia grabó conversaciones del corresponsal con Moneta (del grupo Manzano, Toma y Vila). También les apetece el diario “La Nación”, parte de cuya deuda ofrecieron comprar al Citibank. La toma de control no se concretó por intercesión del ex Senador Duhalde cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo. A partir de una denuncia de El Guardián [de Hierro], la jueza María Servini allanó La Nación, por lo cual el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Eduardo Orio, solicitó su juicio político. Pero en este caso no hubo denuncia judicial ni grabaciones que permitieran desenmascarar una posible extorsión. Si el gobierno impulsara la despenalización propiciada por la Asociación Periodistas indicaría que encara con fuerza batallas contra poderosos intereses pero garantiza la más amplia libertad de crítica y debate.
Tarifas y contratos
Kirchner dijo en San Juan que había juntado de a monedas para pagar a los docentes, y según sus colaboradores controla las cuentas desde su propia computadora. Pero un cuarto de siglo de distribución inequitativa del ingreso y concentración de la riqueza en pocas manos no podrá revertirse sólo con administración austera, gestos simbólicos o actos de voluntad. Un libro de próxima aparición de los investigadores de Flacso Daniel Azpiazu y Martín Schoor deja en claro que la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas es uno de los puntos cruciales en que jugará su suerte el nuevo gobierno. Por la suma de privilegios concedidos por el poder político la facturación de las empresas privatizadas creció entre 1993 y 2001 casi siete veces más que el Producto Bruto. Sus márgenes de rentabilidad fueron 14 veces mayores que los de las empresas más grandes del país que no participaron en las privatizaciones y entre dos y cuatro veces mayores que las de las prestadoras de los mismos servicios en otros países, incluso los de sus casas matrices. A contramano de la historia económica universal, con nulo riesgo obtuvieron superganancias. Casi todas esas firmas fueron generosas en la distribución de dividendos a sus accionistas e hicieron sus inversiones con endeudamiento externo. Una parte significativa de esa deuda fue para importar bienes de capital e insumos de firmas vinculadas, lo que les permitió inflar costos y eludir impuesto a las ganancias, mientras se desmantelaba la industria local de proveedores. Otra parte sustancial del endeudamiento no se invirtió en el proceso productivo sino en la especulación financiera. Las privatizadas también contribuyeron al crecimiento del desempleo en un 2,2 por ciento de la Población Económicamente Activa, mientras los incrementos tarifarios hicieron que el pago de servicios pasara a insumir casi el 15 por ciento del presupuesto de los hogares más pobres, que postergaron otros consumos esenciales.
La ley de emergencia fijó un marco apropiado para cortar estos abusos, al establecer la ilegalidad de todas las indexaciones y cláusulas de dolarización de tarifas aplicadas a partir de 1991. Si Duhalde y sus ministros Jorge Remes y Roberto Lavagna hubieran iniciado una revisión integral de las tarifas de los servicios públicos privatizados los consumidores residenciales de menores ingresos hubieran podido percibir incluso un resarcimiento. Los investigadores estiman los ingresos indebidos de las compañías en 9000 millones de dólares. Esa ley también estableció que en la renegociación con las 61 prestatarias se consideraríael impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas y, recién en último lugar, la rentabilidad de las empresas. Pero en su aplicación el ministerio de Economía fue cediendo posiciones. Sólo pidió a las empresas información sobre los últimos tres años de actividad, el impacto de la devaluación, la evolución contractual y el nivel de endeudamiento. Además reemplazó la prevista audiencia pública por una denominada consulta on line, que suprime cualquier debate. A fines de 2002 y comienzos de 2003 sendos decretos de necesidad y urgencia fijaron aumentos de las tarifas de gas natural y energía eléctrica, al margen de los mecanismos previstos en la Ley de Emergencia y sus decretos reglamentarios. Ambos fueron rechazados por varios jueces, que arguyeron que la ley Nº 25.561 vedaba los aumentos hasta que no concluyera el proceso renegociador. Lavagna preparó ahora un proyecto de ley que limitaría la acción judicial y sólo permitiría al Congreso aprobar o rechazar en bloque la renegociación realizada por el Poder Ejecutivo, al estilo del fast track norteamericano. Kirchner reiteró el viernes que antes de aprobar cualquiera de los aumentos que reclaman los concesionarios, se revisarán todos los contratos y los marcos regulatorios. “Nadie nos va a apurar”, dijo, con un ojo en las empresas y el Fondo Monetario y otro en su heredado ministro de Economía. Mientras el Congreso resuelve si concede o no el fast track, al que se oponen los usuarios y consumidores, Kirchner y el ministro de Planificación Federal y Servicios, Julio De Vido, analizan dos medidas que podrían profundizar esta semana la sensación de vértigo que se vive desde el 25 de mayo: la intervención de todos los entes reguladores y la rescisión de las concesiones de Aeropuertos y del Correo Argentino, fundada en la falta de pago del canon, tal como recomendó la Auditoría General de la Nación.