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Para la semana próxima, la prensa mendocina aguarda la resolución del juez de instrucción Daniel Carniello, quien debe decidir si procesa o no a Cristian Pérez Barceló, corresponsal de la revista El Guardián, por intento de extorsión. Detrás de Pérez Barceló, que recuperó su libertad luego de prestar declaración indagatoria, se agita la figura del ex banquero menemista Raúl Moneta, sindicado como verdadero propietario de la publicación. La denuncia contra este chileno que bordea los cuarenta y frecuenta desde hace unos diez años el mundo de la información, fue presentada por Sigifredo Alonso, dueño del Canal 9 de televisión, una de las dos emisoras de aire que posee la provincia, y está respaldada por testimonios y por 36 horas de grabaciones telefónicas ordenadas por el juzgado.
La vinculación entre Pérez Barceló y Raúl “Rulo” Moneta son tan explícitas como el “periodismo” que prometió hacer El Guardián desde los anuncios que prepararon su aparición: fue uno de los testigos con que contó el banquero para motorizar el jury que acabó con la carrera del juez federal Luis Leiva, el magistrado que investigó la caída del Banco Mendoza, del que Moneta era accionista mayoritario. En aquella ocasión, Pérez Barceló declaró en sesión secreta ante un tribunal que presidió, hasta que fue aceptada su recusación, el miembro de la Corte Eduardo Moliné O’Connor. El abogado defensor de Pérez Barceló en esta emergencia integra el bufet de Oscar Dimas Agüero, penalista que lleva los asuntos de Moneta en Mendoza y también representa en los litigios al empresario Daniel Vila y a su socio José Luis Manzano, ambos de íntima relación con el ex banquero. No obstante, la estrategia global desplegada por Moneta se encontraba en manos del estudio capitalino de Alfredo Iribarren, quien delegaba tareas en su adscripto Jorge Mitchell. El lazo entre cliente y letrado se cortó alrededor de un año atrás, cuando Moneta, un lince para calcular costos, percibió que contratar en exclusiva a Mitchell le resultaba menos oneroso que los honorarios que debía pagarle a Iribarren por una dedicación part-time: la misma aritmética sencilla que le llevó a concluir, según se comenta, que “es más barato sacar una publicación que pagar a periodistas”. Mitchell y El Guardián serían así hijos de la misma filosofía.
Lo cierto es que el semanario tuvo como primer director a Edgar Mainhard, un hombre cuyos trabajos mantuvieron siempre un claro parentesco con los servicios de inteligencia. Al fin, se dirá, todo es información. Pero Mainhard resultó sustituido con relativa prontitud, en noviembre pasado, por un joven ambicioso, que hizo sus primeras armas en el semanario Noticias, para incorporarse después a La Primera: Ignacio Fidanza, hijo del fallecido Amílcar Fidanza, jefe de prensa de la SIDE en los primeros tramos del menemismo. No obstante, Mainhard tuvo tiempo de capitanear las campañas de El Guardián contra los diputados nacionales por Mendoza Carlos Balter y Gustavo Gutiérrez.
En realidad, el objetivo de El Guardián era Gutiérrez, iniciador, junto al contador Luis Balaguer, de las investigaciones que llevaron a los bancos República y Federal Bank (una offshore) de Moneta y al Citibank ante el subcomité de investigaciones del Senado de los Estados Unidos por lavado de dinero. Los artículos que involucraban a Balter en maniobras con una financiera –retomadas más tarde por el programa “Punto doc”– tenían como fin embarrar la cancha de Gutiérrez: Gutiérrez y Balter eran “gansos”. El hostigamiento que perjudicaba las perspectivas electorales de Balter buscaba sembrar la discordia entre ambos y enconar a los liberales mendocinos contra Gutiérrez, al convertirlo en el virtual responsable de la operación de acoso. Con quien iba a resultar luego compañero de fórmula de Elisa Carrió, El Guardián eligió otro flanco: las faldas, un recurso que –se afirma– Moneta suele utilizar contra sus adversarios. La hermana de la mujer utilizada en la maniobra la desactivó con una carta reveladora y los pretendidos escándalos se desinflaron.
El discurso del método
Los mecanismos accionados por El Guardián no sólo están dirigidos a desacreditar, casualmente, a los personajes de quienes el ex banquero ha jurado vengarse; también sirve de ariete en otro tipo de disputas, de neto corte económico: las columnas de chismes anónimos y de dudosa honorabilidad afectan a empresarios de la provincia que han tenido relaciones comerciales con Moneta o que son propietarios de bienes sobre los que el financista-estrella del menemismo ha colocado la mira. Fue el caso de Jacques Matas, integrante de Magna Inversora, la sociedad de capitalistas mendocinos que participaron con un paquete minoritario en la compra del Banco Mendoza. Caída la entidad, Matas y Enrique Pescarmona lideraron la rebelión que intentó demostrar que la danza de operaciones de call money entablada entre el Mendoza y el República, y que provocó su hundimiento, había sido diseñada desde Buenos Aires, por exclusivo designio de Moneta. La cuestión fue llevada a sede judicial y pretendía recuperar parte del capital invertido en la aventura bancaria. El Guardián inició un goteo de ataques personales que tuvieron como blanco a Matas y su familia. A principios de año, durante una asamblea de accionistas de Magna Inversora, el acuerdo de resistencia a Moneta que habían sellado Matas y Pescarmona se hizo trizas: Matas tiró la toalla y volcó sus votos hacia el sector que propiciaba dar marcha atrás con la demanda y designar a otro de los accionistas, Daniel Vila, como nuevo presidente del grupo. Los rumores de venta de acciones comenzaron a rodar. En febrero, Moneta compraba en comisión el 25 por ciento de las acciones de Magna que se encontraba en poder de Matas. Eso sí, con la cláusula que establecía que la transacción se haría efectiva siempre y cuando lograra el control de –por lo menos– el 51 por ciento de los papeles.
El Guardián procedió entonces a cambiar el ángulo de tiro. La tomó contra Sigifredo Alonso, dueño del Canal 9 y de una porción minoritaria de Magna Inversora. En esa ofensiva tomó parte de modo personal Pérez Barceló, quien no se limitó a publicar en El Guardián: habría realizado llamadas a Alonso sugiriéndole vender. Alonso, con más recursos y audacia que Matas, realizó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción Nº 8. Por orden judicial se practicaron 36 horas de escuchas en los teléfonos de Pérez Barceló. En ellas habría quedado acreditada la estrecha relación que une a Pérez Barceló con Moneta y a éste con El Guardián. Pero el expediente contiene otras sorpresas: por ejemplo el testimonio de dos prostitutas que habrían sido contratadas por el corresponsal Pérez Barceló para tender una trampa a Alonso. Las dos mujeres habrían asegurado que Pérez Barceló les explicó que trabajaba para Moneta y quería “romperle el culo” a Alonso puesto que su jefe estaba interesado en el Canal 9. Con esos datos, el juez Carniello ordenó la detención e indagatoria del corresponsal.
Las andanzas de El Guardián, de Pérez Barceló y de Moneta fueron desnudadas por los periodistas Marcelo López y Marcelo Torres, del semanario El Sol. Ellos también llevaron su parte: e-mails amenazantes enviados desde “el guardián2003” y afiches callejeros con sus fotos. La prensa de la provincia reaccionó con una virulenta solicitada del Círculo de Periodistas Mendocinos que fue acompañada por más de setenta de sus integrantes. En ella se señalaba que El Guardián no es un medio periodístico y su corresponsal no podía ser considerado un colega. La fugaz detención de Pérez Barceló y su probable procesamiento les debe haber hecho respirar aliviados.
Pero el campo de batalla de Moneta no es únicamente la provincia que soñó gobernar y donde desplegaba sus espectáculos gauchescos. En Buenos Aires, en el juzgado de instrucción de Ismael Muratorio –un magistrado que le ha demostrado reiteradamente su buena voluntad–, está radicada una causa por estafa contra Tom Hicks, titular de HMT&F, el fondo de inversión texano que maneja capitales por más de diez mil millones de dólares y ex socio del ex banquero en Cablevisión. La denuncia no la formula Moneta, pero es sólida la presunción de que no es en absoluto ajeno a ella. Y Hicks sabe bien cómo las gasta el Rulo y qué grandes son sus influencias en el Poder Judicial. A tal punto, comentan, que las reuniones de directorio las hace en Montevideo, puesto que tiene miedo de que, alertado de su presencia, el antiguo socio pueda hacer librar contra él una catastrófica orden de captura.