Por segunda vez, la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) envió carta documento a un ingeniero de esa compañía estatal que había opinado públicamente en contra del cierre temporal de la línea A de subtes. En la nueva comunicación, con fecha del lunes pasado, como pudo constatar Página/12, la empresa pidió a Raúl Avila que reflexione “sobre su condición de trabajador en relación de dependencia y sobre sus dichos y afirmaciones públicas por distintos medios de comunicación, máxime cuando reconoce” que “su opinión personal es una ‘opinión política’ que (aunque la tilde de supuestamente fundada y respetuosa) evidentemente daña a sabiendas la imagen de su empleador frente a los usuarios”. La primera de las cartas documento había sido enviada el 9 de enero, dos semanas después de que Avila disintiera públicamente sobre la necesidad de suspender el servicio de la línea A para cambiar las formaciones en uso. Ayer, en diálogo con este diario, Avila calificó la situación de “persecución política y sindical” y lo atribuyó a su rol como delegado sindical del gremio.

Avila aseguró que él y sus compañeros “en el gremio” sienten “temor” ante estas cartas documento. “El presidente de la empresa es Juan Pablo Piccardo y de alguna manera sus antecedentes en la gestión del Ministerio de Espacio Público, con la UCEP, nos asustan un poco”, señaló en relación con la Unidad de Control del Espacio Público denunciada judicialmente por dedicarse a “identificar, perseguir, hostigar, golpear y desalojar” a personas en situación de calle.

El 26 de diciembre pasado, Avila, ingeniero civil a cargo de inspecciones de higiene y seguridad en obras para Sbase, había manifestado a la agencia Télam que disentía sobre la necesidad de cerrar temporalmente la línea A para cambiar las formaciones. El 8 de enero, la apoderada de la empresa, Patricia Robles, le envió una carta documento para “llamarle la atención” por haber cuestionado “abiertamente la decisión de su empleador de suspender temporariamente el servicio de la línea A”, algo considerado “incumplimiento de sus deberes de buena fe, fidelidad y lealtad” hacia la empresa. Robles señalaba que, con sus opiniones, Avila violaba “las órdenes e instrucciones impartidas por su empleador mediante comunicación institucional” del 26 de junio de 2012. Se refería a una circular que establecía que “las respuestas y las comunicaciones de prensa, así como la difusión por cualquier medio de cuestiones vinculadas al objeto social de Sbase y/o a las actividades que nuestra sociedad realice o ejecute en el futuro en el cumplimiento de sus cometidos públicos, deben ser canalizadas a través del área de Relaciones Institucionales y Prensa dependiente de la presidencia del Directorio; todo ello con el propósito de no confundir a los usuarios del subte, proveedores, terceros y demás interesados con opiniones personales o de corte político ajenas al marco de decisión institucional de Sbase y del GCBA”.

La carta documento de la empresa, además, solicitaba a Avila que cesara en su tesitura, porque, en “caso contrario, se procederá a iniciar las acciones de desafuero sindical para aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, ya que ud. no representa la opinión de la empresa ni de los trabajadores que prestamos servicios en ella”.

A aquella primera carta documento, Avila respondió con otra, en la que rechazaba “el llamado de atención” por “infundado y violatorio de derechos y libertades esenciales”. En diálogo con este diario, consideró que las “sanciones disciplinarias” referidas, aunque “no lo dicen, creo que quieren decir despido”. “Sacarle los fueros a un dirigente sindical es echarlo”, reflexionó Avila, que es delegado de Apdesba (la Asociación del Personal de Dirección de la empresa). Avila señaló explícitamente a Página/12 que considera que se trata de “una persecución” por motivos gremiales, de la que reconoce como antecedentes reclamos sindicales como el realizado ante “el despido de un compañero hace un par de meses”.

El lunes pasado, Sbase respondió con una nueva carta documento para “ratificar” lo exigido en la primera y negar “que el llamado de atención cursado por la empresa viole sus derechos y libertades esenciales como ciudadano, representante sindical o militante político”. Una vez más, Sbase solicitó a Avila “que se abstenga de continuar mediatizando cuestiones relativas al objeto social o actividades de esta empresa, en particular, en relación con el cambio de flota y suspensión temporal del servicio de la línea A” y que reflexione “sobre su condición de trabajador en relación de dependencia”.