La causa iniciada para precisar el número de muertes ocurridas como consecuencia de la inundación del 2 de abril en La Plata seguirá en el fuero Contencioso Administrativo, pero en la misma resolución de la Suprema Corte bonaerense se dispuso que las actuaciones pasen al Juzgado 2, a cargo de Ana Logar, quien reemplazará a su colega Luis Arias. En su intervención postrera en el expediente, Arias secuestró documentación en el Registro Provincial de las Personas y luego afirmó que, según su investigación, los fallecidos “son 57”, aunque el gobierno bonaerense sigue manteniendo la cifra de 52 muertes. Más allá de la controversia a nivel judicial, dirimida ayer en parte por la Corte provincial, en la Legislatura bonaerense se discutirá una iniciativa de la Coalición Cívica para la formación de una comisión bicameral que investigue a fondo y en forma global las causas y efectos de lo sucedido. El proyecto es apoyado por la Comisión Provincial por la Memoria, que a su vez sigue recibiendo denuncias de familiares de las víctimas para tratar de avanzar en el esclarecimiento “no del hecho horroroso, del drama de los inundados, sino sobre la base del derecho a la verdad”, le dijo a Página/12 el vicepresidente del organismo, Alejandro Mosquera.

La Suprema Corte, en su fallo, consideró que la “diligencia preliminar” abierta por la presentación que hizo el defensor oficial del fuero de Responsabilidad Juvenil Julián Axat, es un caso “propio del fuero Contencioso Administrativo” en lo que se refiere a la recolección de datos, pero “no así en todo lo que concierne a la investigación de presuntos delitos, materia de exclusiva competencia del fuero Penal”. Esto significa que las actuaciones del fuero Contencioso Administrativo tendrán por finalidad revisar la actuación de los organismos estatales y privados que intervinieron en la emergencia. De comprobarse supuestos delitos, intervendrán el fiscal Juan Condomí Alcorta y el juez Guillermo Atencio. El defensor Axat seguirá ligado a la causa.

Arias, antes de dejar el caso, allanó el Registro Provincial de las Personas y elevó “a 57” las muertes porque, según él, “existen casos que no han sido incorporados al listado oficial, como las muertes de los vecinos Reyes y Fernández, fallecidos como consecuencia del temporal”. En el procedimiento se secuestraron documentos “de los decesos ocurridos entre el 2 y el 10 de abril”. En varios “no ha tomado intervención la autoridad judicial competente y los cuerpos fueron entregados mediante acta policial a sus familiares”.

Al no haber orden judicial, según Arias, se habría violado el artículo 97 de la Ley 14.078. Ahora todo lo actuado pasará a la jueza en lo Contencioso Administrativo Ana Logar, quien deberá corroborar o no las conclusiones parciales del juez que la precedió.

Consultas realizadas por Página/12 precisaron que son alrededor de 200 las muertes ocurridas entre el 2 y el 10 de abril, cuyas causas deberán ser analizadas por la nueva jueza para determinar si hubo fallecimientos producidos por daños colaterales de la inundación. Pueden ser casos de infartos o agravamiento de enfermedades preexistentes, potenciadas por las consecuencias psicológicas y físicas que recayeron sobre los damnificados. Llama la atención, en las organizaciones que siguen de cerca las secuelas del temporal, que el gobierno no haya suministrado datos sobre las 37 muertes “por otras causas”, ocurridas en las primeras 48 horas posinundación, señaladas por el juez Atencio, quien reclamó sin éxito que la causa Arias pasara al fuero penal.

La Comisión Provincial por la Memoria comenzó a recibir testimonios de personas damnificadas. Lo que se advierte, en la mayoría de los vecinos, es una gran desconfianza en los informes oficiales. De todos modos, lo que busca la CPM “no es la discusión del número de víctimas sino peticionar por el derecho a la verdad”. Lo que cuestionan las organizaciones sociales que siguen el caso, es que la fiscalía a cargo de Condomí Alcorta haya dejado la investigación en manos de la Policía Bonaerense.

Familiares de personas fallecidas en el período investigado, del 2 al 10 de abril, afirman que funcionarios policiales les aconsejaron evitar la intervención judicial, porque eso significaba una demora importante en la entrega de los cuerpos. Uno de los problemas es que muchos de esos cadáveres fueron incinerados por decisión de sus familias, de manera que ahora la Justicia sólo puede contar con testimonios de los denunciantes o de los médicos particulares que extendieron los certificados de defunción para precisar la causa de muerte. En consecuencia, se desconoce si a las patologías preexistentes, en algunos casos, se sumó el impacto emocional provocado por la inundación.

La Comisión Provincial por la Memoria, que está en plena tarea de recepción de testimonios, tiene la idea de sumar a la tarea a las organizaciones sociales, de la Universidad Nacional de La Plata y de los bloques parlamentarios, si es que fracasa la intención de crear una comisión investigadora en la Legislatura provincial.

Mosquera explicó que “fuera de La Plata, no se tiene idea de la indignación social que ha generado la inundación; por eso es necesario dar una respuesta por parte de las organizaciones sociales, en conjunto con la Legislatura, a través de una comisión investigadora bicameral, como en el Caso Cabezas o en el Caso Candela Rodríguez, o de la intervención de comisiones permanentes de las cámaras”. Si no hay intervención directa de la Legislatura piensan convocar “a una mesa de trabajo amplia, porque es necesario el acceso a la verdad”.