El kirchnerismo dio ayer un paso importante en pos de la reforma del Poder Judicial. El Senado aprobó por 39 votos a favor y 31 en contra la modificación del Consejo de la Magistratura y por 39 a 26 la creación de tres nuevos tribunales de Casación. Se trata de dos de los proyectos más importantes propuestos por la presidenta Cristina Fernández para “democratizar” la Justicia. El tercero, que regula las medidas cautelares, se tratará hoy en la Cámara alta. “Acá no estamos construyendo ninguna epopeya. Ningún hecho revolucionario. Tampoco se va a caer la República por estas leyes. Desdramaticemos el debate. Este proyecto es un camino para que el Consejo se oxigene. Significa un esfuerzo para que este organismo sea eficaz, no se trabe, funcione y se abra a la sociedad”, sostuvo el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto.

Tras casi diez horas de debate, la modificación del Consejo de la Magistratura fue aprobada y deberá pasar por la Cámara de Diputados. Se trata de la tercera reforma de ese organismo desde su creación, con la reforma constitucional de 1994. El proyecto obtuvo media sanción con el voto de los 33 senadores oficialistas, a quienes se sumaron los fueguinos Osvaldo López y María Rosa Díaz, el neuquino Horacio Lores, la peronista santafesina Roxana Latorre, la peronista pampeana María Higonet y el radical correntino José María Roldán.

De los 13 actuales, el Consejo pasará a tener 19 miembros. De ellos, doce integrantes serán elegidos mediante el voto popular junto a las elecciones nacionales; seis serán legisladores nacionales propuestos por los bloques parlamentarios y uno será designado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, habrá también una modificación en el manejo del presupuesto del Poder Judicial. Pasará a ser administrado por el Consejo, en lugar de la Corte Suprema de Justicia.

Se mantendrán los distintos estamentos que lo componían, pero tendrán menos influencia los jueces y los abogados. Se elegirán tres magistrados, dos por la lista mayoritaria y uno por la minoría; tres abogados, dos por la mayoría y uno por la minoría; seis académicos de probada trayectoria en sus respectivas profesiones, cuatro por la lista mayoritaria y dos por la minoría. Los seis legisladores se propondrán tres por cada Cámara, dos por la mayoría y uno por la minoría en el Congreso Nacional.

“Pretendemos la realización plena de la soberanía popular. No hay un solo párrafo de la Constitución que establezca que los representantes estamentarios del Consejo tengan que ser elegidos por sus estamentos. Estamos estableciendo el mayor marco de participación posible que la Constitución establece”, aseguró ayer el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, quien explicó que con la elección popular se le va a permitir a la sociedad conocer “quiénes son, qué proponen y cómo conciben la administración de justicia” los nuevos consejeros. Más tarde, Pichetto detalló que al representante de los abogados lo eligieron entre tres mil abogados mientras que a los magistrados solamente trescientos.

Desde la oposición en su conjunto rechazaron la iniciativa oficialista, centrándose en los objetivos que perseguiría el oficialismo con la reforma. “Acá no se busca consolidar la independencia del Poder Judicial, acá lo que se busca es garantizar la impunidad. Por eso no compartimos esta idea de denominar esta iniciativa como democratizar la Justicia”, señaló el jefe de la bancada radical, José Cano. Desde el FAP, Luis Juez se despachó con su humor habitual: “Uno a veces tiene más confianza en la imparcialidad del jurado de Tinelli que en los jueces que designó el Gobierno”, dijo el senador cordobés y vaticinó que cuando el kirchnerismo deje el poder “van a rogar por una Justicia independiente”. “Están violando la división de poderes, la mayoría no puede gobernar el Poder Judicial”, se alarmó la peronista disidente Liliana Negre de Alonso, quien además criticó que se elimine el título de abogado como requisito para los académicos que integren el Consejo.

Otro de los puntos centrales del nuevo Consejo es la modificación de las mayorías necesarias para tomar algunas decisiones, como la selección de los magistrados, bajando el número de dos tercios a mayoría absoluta, es decir la mitad más uno del total de sus miembros. Varios senadores de la oposición señalaron que también se podría remover a los magistrados con mayoría simple. “El jury de enjuiciamiento no se modifica. Es el jury el que enjuicia a los jueces con un sistema de proporcionalidad que es de dos tercios. Lo que se modifica es la posibilidad de acusar, que se hace con mayoría absoluta, pero el jury, que es el espacio del equilibrio, se mantiene”, los corrigió Pichetto.

Durante el debate también hubo varios cruces respecto del tratamiento parlamentario de las reformas. “Este es un tratamiento sin debate, escuchando solamente al ministro y al secretario de Justicia. Este es un tema importante para la sociedad. Pedimos abrir el debate a todos los estamentos y a toda la sociedad. Lo único que escuchamos es que la Justicia es corporativa”, señaló la peronista disidente Sonia Escudero, la única que participó del plenario de comisiones realizado la semana pasada. Al cruce le salió Pichetto, en un duro discurso de cierre: “Creo que no haber asistido al debate de la comisión fue un error de la oposición. Faltó la voz y la discusión política. Le tienen miedo, además, a la voluntad popular. Creen que van a perder las elecciones entonces no quieren una ley en la que vota el pueblo. Ojalá construyan un liderazgo moderno, con pensamiento propio y dejen de hacerles seguidismo a los medios de comunicación”, disparó el senador por Río Negro.

Cuando se acercaba el momento de la votación, el senador Fuentes anunció que se introducirían algunas modificaciones menores al proyecto, lo que despertó las críticas de la oposición por la falta de tiempo para analizar las propuestas. “Nunca pasó esto. Que nos sorprendan a esta hora, después de realizado el debate. Es un antecedente serio. Nunca pasó además con una ley de esta envergadura”, sostuvo el socialista Rubén Giustiniani y propuso que el proyecto vuelva a su tratamiento en comisión. Finalmente el Frente para la Victoria rechazó el pedido y siguió el debate. Minutos más tarde, Pichetto anunció que no se realizarían esas modificaciones, que entre otras cosas permitía la reelección de los actuales consejeros, una vez terminados sus mandatos.

A la medianoche el oficialiamo también consiguió dar media sanción en el Senado el proyecto que establece la creación de las Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, lo Civil y Comercial y en el fuero del Trabajo y la Seguridad Social.