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Dos jueces federales ponen trabas para investigar el delito de trata de mujeres para explotación sexual en causas en las que están involucrados funcionarios públicos. Los casos, en La Pampa y en Santa Fe, muestran cómo por acción u omisión, los magistrados están frenando pesquisas que llevan adelante fiscales federales. Y así favorecen a un jefe comunal y a policías, algunos de alto rango, imputados de proteger redes prostibularias que se aprovechan de la vulnerabilidad social y económica de jóvenes de zonas pobres del país, para convertirlas en esclavas sexuales. También benefician a dueños de burdeles (ver aparte).

En La Pampa, el juez Marcelo Piazza negó ya en dos oportunidades el pedido de indagatoria del intendente de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, y de quien fuera titular de la comisaría de esa localidad en 2009, Carlos Adrián Alanís, con un argumento inaudito: el magistrado dice que como es subrogante y no sabe si seguirá subrogando, no va a decidir. “Sostener que no habrá de convocar a indagatoria al intendente y al comisario en ejercicio hasta que ‘... se defina por sí o por no su continuidad en el cargo’, es una excusa tan inverosímil como improcedente”, señalaron Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), y Juan José Baric, fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, al pedir por tercera vez al juez Piazza la indagatoria de ambos funcionarios. Además, recordaron que de esa forma el magistrado desobedece una orden de la Corte Suprema de Justicia, que el 5 de julio de 2011 ordenó profundizar la responsabilidad de ambos funcionarios involucrados en la posible comisión del delito de trata. Alanís actualmente está al frente de la Comisaría Departamental de General Acha, según el organigrama que figura en la página web oficial de la Policía de La Pampa.

Contención

Al intendente Rogers y al comisario Alanís los fiscales Colombo y Baric les imputan participación en el delito de trata, porque permitieron el funcionamiento del prostíbulo Good Night, de Lonquimay, al cual defendieron públicamente –en medios de comunicación– y mediante “la elusión deliberada de sus funciones al no clausurarlo, por resultar contrario a la ley 12.331 –que prohíbe la existencia de burdeles en el territorio argentino– y permitir que siga abierto”. En la causa, “surge claramente” la relación entre el comisario y el dueño del prostíbulo a partir de testimonios de distintos testigos y de algunas actas que, increíblemente, el mismo jefe policial realizaba para acreditar las deudas de mujeres con su explotador y su presencia en el cabaret. El propio jefe comunal firmaba las libretas sanitarias de las mujeres explotadas sexualmente en el local nocturno, según se constató durante la investigación.

La causa se inició en 2009 por tres caminos diferentes, que confluyen en el cabaret Good Night, ubicado en Lonquimay, localidad de 1500 habitantes, a 60 kilómetros de Santa Rosa, sobre la ruta 5. Por un lado, el 4 de julio de 2009 se intervino el teléfono del propietario del lugar, Carlos Javier Fernández, a partir del pedido del entonces jefe de la Brigada de Investigaciones UR-I, comisario Carlos Alberto Chico, ante la sospecha de la presencia de mujeres víctimas de trata en el cabaret.

Unos meses después, en septiembre de 2009, una joven oriunda de Salta, sumamente humilde, denunció que había sido explotada sexualmente en el lugar y que su dueño no la dejaba salir y mucho menos regresar a sus pagos. Había viajado hacia allá con Marisol, una compañera oriunda de la República Dominicana. Según surge de la causa, la muchacha, cuyas iniciales son L. D., “refirió ante las autoridades policiales que se enfermó de los pulmones y no fue llevada al médico ni le compraron medicamentos y que Carlos Javier Fernández le dijo que tenían que hacer plata y que los problemas de ellas no le importaban. Incluso Fernández las amenazaba diciéndoles que si se escapaban las haría buscar por la policía. Para irse del lugar debieron dejarle sus pertenencias, ya que le “debían” dinero por gastos de comida y elementos de higiene”. Increíblemente, ese arreglo está documentado a fojas 107/112 donde el subcomisario Alanís “refrenda la extraña situación”. La joven L. D. ratificó los padecimientos sufridos en el burdel al prestar declaración testimonial en la Fiscalía No 2 de San Salvador de Jujuy.

En 2009, el testimonio de la muchacha reavivó los intentos de cierre del cabaret en Lonquimay. En ese entonces, otras ciudades de La Pampa –la primera fue Santa Rosa– estaban dictando ordenanzas para prohibir whisquerías, cabarets y otros eufemismos que se suelen usar para encubrir burdeles en los que se explotan sexualmente mujeres, muchas veces víctimas de trata. El Concejo Deliberante de Lonquimay amagó con votar una norma en ese sentido, que le pondría la faja de clausura a Good Night. Pero sorpresivamente fue el propio intendente Rogers quien salió a defender el funcionamiento del local nocturno, con declaraciones que tuvieron repercusión nacional. Dijo que no iba a cerrarlo porque era “un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”. Y fue más allá: “Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría, para gente que está sola y busca tener un rato de esparcimiento”, sostuvo públicamente. Estas declaraciones son parte de la imputación de los fiscales en su contra, y de los fundamentos para pedir su indagatoria al juez federal de La Pampa. En la causa judicial está acreditado que Rogers, referente del PJ, había habilitado Good Night bajo el rubro Servicios de Salones de Bailes, pero sabía que funcionaba de otra manera: él mismo firmó las libretas sanitarias de las chicas que allí se encontraban, según se desprende de la investigación que llevó adelante la fiscalía federal de La Pampa. En las libretas sanitarias figuraban los estudios ginecológicos que le exige el municipio para... servir copas.

Con banca

La tercera causa que se abrió en torno del Good Night se originó a partir de una denuncia judicial realizada el 24 de octubre de 2009 por una mujer que trabajó desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay. La mujer dijo que Alanís tenía una relación muy fluida con el intendente Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret. Incluso contó lo ocurrido con la joven L. D. y la exposición que se hizo en la comisaría para que pudiera irse del cabaret. También dijo que era común ver la camioneta de Alanís, perteneciente a la policía de la provincia, en la puerta del domicilio de Fernández. Además, declaró que “por versiones de gente del pueblo, se decía que había una habitación (en el cabaret) donde se encontraban trece chicas hacinadas. Que vio un Acta de Exposición de un camionero que había advertido la presencia de una menor dentro del cabaret de Lonquimay, la cual era buscada por su madre”. También hizo mención a la relación de concubinato mantenida entre Alanís y Yésica Torales Espinoza, de nacionalidad paraguaya, que en aquel momento habría sido la encargada de unos cabarets de Colonia Barón, localidad del departamento Quemú Quemú, ubicada al noreste de la provincia de La Pampa, a ochenta kilómetros de Santa Rosa.

Las causas finalmente se unificaron. El 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en Good Nigth, donde se encontró a tres mujeres que se encontraban en calidad de “coperas”. Las tres habían llegado al cabaret desde Salta. Una de ellas declaró que era oriunda de la localidad de Orán y que en una oportunidad viajó junto a su hermana a Jujuy, donde un locutor identificado como Coqui le ofreció trabajar para Fernández en Lonquimay. Contó que al llegar a la terminal de ómnibus de Santa Rosa, la estaba esperando Fernández, quien las trasladó en su vehículo particular hasta Lonquimay, donde comenzaron a trabajar en Good Nigth. Por los servicios que realizaba en ese local, esto es tomar copas que invitaban los clientes y luego servicios sexuales fuera del lugar, le tenía que dar el 50 por ciento a Fernández, sumas que le eran abonadas al finalizar la temporada, es decir a los tres meses de estar allí. En el allanamiento se secuestró su libreta de “pases” y “copas”.

En la causa declaró también Neli Haydée Penzotti, viceintendenta de Lonquimay. La funcionaria relató la particular situación vivida al tratarse en el Concejo Deliberante la continuidad del funcionamiento de los cabarets en la ciudad. Penzotti destacó que en el mismo recinto se encontraba entre los concejales presentes el tantas veces nombrado Carlos Fernández, quien efectuó “un alegato defensista sobre su local y las mujeres que allí trabajaban”. Agregó Penzotti que hizo retirar a Fernández de ese lugar y luego ella hizo lo propio “ya que los demás concejales estaban a favor de la continuidad del cabaret”. Para la fiscalía federal de La Pampa, “este testimonio resulta revelador sobre el poder, influencia, conocimiento e impunidad que tenía Fernández dentro de la comunidad de Lonquimay”.

También declaró en la causa el médico Miguel Angel Dufay, quien se desempeñaba en el hospital local. Contó que fue a verlo la esposa del dueño del cabaret, es decir Carlos Fernández, para que le firmara las constancias médicas para las libretas sanitarias de las mujeres que estaban en situación de prostitución en Good Night. Dijo que él no accedió aduciendo que tenía que verlas primero, y que al entrevistar a las chicas no firmó ninguna de las libretas porque a su criterio no estaban en condiciones sanitarias de trabajar en el local.

Para los fiscales, de la prueba recolectada surge la posible comisión del delito de trata de personas en su modalidad de recepción con fines de explotación sexual agravada por el número de intervinientes, del cual resultan ser coautores Fernández en calidad de propietario Good Nigth”, como los dos encargados del lugar; y el subcomisario Carlos Adrián Alanís junto al intendente Rogers, “por el apoyo que brindaban para el sostenimiento de dicho sitio desde su condición de servidores públicos”. “La posición de jefe de la dependencia policial de Lonquimay en aquella época que detentaba Alanís y la de intendente municipal de Rogers, junto a la innegable connivencia que existía entre ellos dos y Carlos Javier Fernández, tuvieron indudable incidencia en el hecho, puesto que aprovechando sus cargos posibilitaron la vida del espurio negocio y la impunidad de sus consortes de causa”, afirman los fiscales. Por tercera vez piden al juez federal de La Pampa que llame a los dos funcionarios públicos a declaración indagatoria, y resuelva la situación procesal de Fernández, quien fue indagado en 2010. Por decisión del magistrado, la investigación está frenada.