“Lo que demuestra el caso de La Pampa es que el Derecho Penal, y los jueces que lo aplican, en muchos casos –no todos y esto es bueno recalcarlo también– suelen estar más dispuestos a actuar cuando el imputado no es poderoso, con ‘acceso positivo al poder’, cuando las consecuencias de sus fallos no le traen complicaciones, en tanto los destinatarios de las penas son ciudadanos ya estigmatizados o con chances bajas de cuestionar sus decisiones”, señaló a Página/12 el titular de la procuraduría especializada en trata, Marcelo Colombo. “Cuando se habla de un derecho penal selectivo, es precisamente de eso de lo que se está hablando. De elegir casos burdos, de flagrancia o de ejecución directa, cometidos por los sospechosos de siempre. Todo eso representa una mala simulación de una administración de justicia que aplica el derecho penal para todas las personas por igual”, agregó.

En un caso como el que investiga la posible comisión del delito de trata en un local nocturno de Lonquimay, provincia de La Pampa, “en que se tiene la oportunidad de avanzar sobre imputaciones a personas con más poder, que posibilitan la concreción de los delitos desde la propia función pública, como es el caso del comisario y el intendente, ni siquiera es prueba en contra del intendente su ‘confesión pública’ acerca de que mantendrá el funcionamiento del prostíbulo por ser un espacio de contención espiritual, pese a que las leyes le imponen lo contrario y que en el caso concreto de esta causa, además, cuanto menos una chica ha sido traída desde la provincia de Salta, engañada para ser explotada sexualmente”, detalló Colombo.

El caso, indicó, también muestra que “las excusas para no aplicar la ley a determinados casos y personas, no tiene límites en cuanto capacidad de ingenio”. “Aquí se dijo, para no contestar los reiterados pedidos de indagatoria de la fiscalía, que el cargo de juez subrogante hacía aconsejable esperar para tomar ese tipo de medidas, consagrando una causal de incapacidad para proceder inexistente y sólo para beneficio de los funcionarios, porque es este mismo juez y juzgado el que sí decidió indagar a los responsables directos del prostíbulo”, destacó.