A seis meses de los quince allanamientos realizados en Tucumán en propiedades de Rubén “La Chancha” Ale, su ex mujer María Jesús Rivero, familia y allegados, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez Fernando Poviña que llame a indagatoria a 23 personas. El organismo también solicitó que se traben medidas cautelares sobre “60 vehículos y 12 propiedades” pagadas con dinero sospechoso para “evitar que los imputados logren esfumar los bienes”. Los análisis realizados entre marzo y fines de julio sobre la documentación y otros elementos hallados en los domicilios tucumanos permitieron a los investigadores considerar que La Chancha y Rivero son “cabecillas” de una asociación ilícita. Entre sus “múltiples planes delictivos” de esa asociación ilícita “destacan la trata de personas con fines de explotación sexual, defraudaciones, cambio de cheques y lavado de activos”.

José Sbatella, titular de la UIF, señaló que él y sus investigadores tienen “expectativas” porque la actitud de Poviña durante los allanamientos realizados por la UIF, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y 300 gendarmes, permitió “que se juntara gran cantidad de pruebas” y también los protegió “ante las presiones cuando se secuestraron armas”. El magistrado Poviña, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, no tiene un plazo procesal determinado para responder el pedido.

La reconstrucción del universo económico de los Ale fue el resultado de la puesta en conexión de indicios, documentación sobre transacciones económicas (boletos de compraventa, escrituras), papeles personales (como una carta reveladora de Rivero, ver aparte) y el fallo del juicio por la desaparición de Marita Verón. Aun cuando la resolución terminó por absolver a todos los imputados porque los magistrados consideraban que no había pruebas, el tribunal sostuvo claramente que estaban probados otros delitos: que existía una red de trata de personas para explotación sexual, que determinados imputados efectivamente habían cumplido roles en esos delitos.

Este diario tuvo acceso exclusivo al informe presentado por la UIF a la Justicia. El análisis señala con detalle y dureza una dinámica de circulación de dinero reiteradamente señalado como “de origen espurio”, y capaz de reproducirse y legalizarse a partir de maniobras a veces –no siempre– observadas a tiempo por las instituciones financieras. La UIF da cuenta del secuestro de más de 50 armas (la mayoría en el domicilio de Angel “El Mono” Ale, hermano de La Chancha, pero también halladas en casa de La Chancha y en la de su ex mujer), algunas largas, y muchas más credenciales de tenencia. Entre las municiones, abundantes, había balas de punta hueca. Se trata, señalaron los investigadores, de “un arsenal con poder de fuego de una dimensión preocupante en manos de civiles” y también “incompatibles con la posibilidad de dar un simple uso civil, de caza u otro recreativo”.

En la remisería 5 Estrellas, que la UIF considera de probada propiedad de La Chancha aunque la titularidad formal sea de un pariente “prestanombre”, fue hallada “una carpeta color rosa con la inscripción ‘Marita Verón’”. Dentro había cartas originales, “presumiblemente” escritas de manera forzada por Fátima Mansilla, la joven secuestrada por otros dos imputados del caso Verón para explotación sexual, y cuya denuncia pronto llegará a debate oral. Mansilla, que declaró haber visto a Marita en el cautiverio, también había mencionado a los Ale y Rivero como parte de la red. En el allanamiento realizado en el domicilio de La Chancha, los investigadores dieron con una carta reveladora, en la que una Rivero furibunda, en tren de reclamarle dinero, señala una seguidilla de operaciones económicas ilícitas y amenazas. Para la UIF, por otra parte, está probado que la remisería 5 Estrellas y la Transportadora Leonel, vinculada a “prestanombres” de los Ale, “lavan activos” e incorporan al circuito legal fondos “de origen espurio”.

El informe señala que el clan también es responsable de “comercialización de estupefacientes”, “defraudaciones y estafas a través de cheques”, otras defraudaciones con patrimonio del Club Atlético San Martín de Tucumán, pero también sirviéndose de él (en algunos casos, eso incluye subsidios del gobierno provincial, de hasta 1 millón 200 mil pesos por obras que nunca se realizaron). Para la UIF, los indicios, las pruebas y el fallo del juicio por Marita señalan sin dudas al clan.

Más allá de las absoluciones de la sentencia en el caso Verón –por la cual Susana Trimarco reclamó en Casación, que aún no se expidió–, señaló Sbatella, “los demás delitos como la trata de personas, el lavado de dinero proveniente de la trata, el negocio de juegos clandestinos, está explicitado en la sentencia, todo eso se estaba cometiendo y por eso entramos nosotros a investigar”. El grupo económico del clan Ale “hace 20 años que tiene una expansión continua y que ha llegado a tener candidatos a diputados y ha controlado el principal club de fútbol de Tucumán”, al punto de haber convertido al clan en una suerte de “suprapoder que llegó a controlar hasta sectores de la Justicia”, detalló Sbatella, quien se mostró confiado en que esa expansión quedó detenida con los allanamientos. Sin embargo, agregó, todavía falta: “Se requiere no sólo de la Justicia sino de la voluntad política de seguir”.

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