El Ministerio de Trabajo convocó a sindicatos y cámaras empresarias para la primera reunión de la Comisión de Trabajo no Registrado. Dentro de una semana los actores que participan de las mesas de diálogo organizadas por el Gobierno conocerán el conjunto de inciativas diseñadas por la cartera laboral para atacar los elevados y persistentes niveles de informalidad y precariedad laboral. Como anticipó Página/12, el paquete de iniciativas que se va a someter a consulta tendrá tres ejes: fortalecimiento de la fiscalización, creación de un registro de empleadores infractores y la implementación de incentivos a microempresarios para que formalicen a sus asalariados. Además, se avanzará con medidas específicas para sectores críticos como el trabajo doméstico y el empleo rural. La discusión estará abierta a propuestas de los diferentes actores.

Entre 2003 y 2013 la informalidad se redujo de 49,1 a 32 por ciento de todos los asalariados del país. La caída de 17 puntos porcentuales representa un quiebre en la trayectoria ascendente inaugurada con la instalación del modelo de acumulación neoliberal a mediados de los ’70. Pero, si bien los niveles actuales son más bajos que los exhibidos por el resto de las economías de la región, todavía se ubican por encima de los registros observados en Argentina entre 1977 y 1994.

En medio de la crisis internacional y crecientes tensiones económicas internas, la dinámica del mercado de trabajo se estancó. A diferencia de otros escenarios de crisis reciente, no se observó una destrucción de puestos de trabajo ni una creciente precarización. La evolución de la informalidad refleja ese escenario: la caída se concentra fundamentalmente en el período 2003-2008, cuando cayó 12,8 puntos (de 49,1 a 36,3 por ciento). Entre 2008 y el primer trimestre de 2013, el retroceso fue de apenas 4,3 puntos (36,3 a 32 por ciento). Esa situación, reconocen en el equipo económico, evidencia la necesidad de avanzar en la reducción del empleo no registrado.

Los equipos del ministerio encabezado por Carlos Tomada comenzaron a trabajar en un “plan integral para atacar el núcleo duro del empleo no registrado” hace más de un año. La iniciativa está lista hace varios meses. La intención era presentarla y debatirla en la Comisión de Empleo del Consejo del Salario Mínimo, pero la emergencia de las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno después de las elecciones primarias llevó a mudar el ámbito institucional de esa discusión.

El encuentro, precisaron a este diario fuentes sindicales, será el próximo miércoles al mediodía en la cartera laboral. Tomada presentará el plan ante las mismas cámaras empresarias y centrales sindicales que participaron de los dos encuentros previos en Río Gallegos y Casa Rosada. Esta vez CFK no encabezará la reunión.

La iniciativa no tendrá metas prestablecidas. Pero desde el equipo económico consideran que es factible avanzar en el mediano plazo en la reducción de 5 puntos porcentuales de la informalidad. A diferencia de los cambios en el Impuesto a las Ganancias que tienen un impacto directo sobre los asalariados, el plan para reducir el empleo no registrado no tiene su éxito garantizado. Para que las medidas golpeen al empleo no registrado en sus diferentes dimensiones es condición necesaria la preservación del crecimiento económico, la reactivación de la dinámica de creación de puestos de trabajo y mayores transformaciones de la estructura productiva, reconocen desde Trabajo. A continuación, Página/12 adelanta los principales lineamientos del denominado Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado que será sometido a consulta de los distintos actores sociales:

- Lista negra: En empresas formales hay alrededor de 2,7 millones de trabajadores informales. La creación de un registro de empleadores busca diseñar un mecanismo de disuasión y sanción para los empresarios infractores. Los datos evidencian que hoy los empresarios no se ven amenazados por los mecanismos de control. No sólo reinciden en la no registración de los trabajadores, sino que no pagan las multas. Aunque mejoró la fiscalización, la cartera laboral sólo pudo cobrar el 19 por ciento de las multas realizadas entre 2006 y 2012. Para salir del listado, las empresas deberán regularizar su situación y cancelar las sanciones. La salida no será inmediata, sino que regirá un plazo de permanencia. Quienes figuren en el registro no podrán acceder a ninguna política pública. Brasil y Chile tienen iniciativas similares.

- Incentivos a los pequeños y microempresarios: Entre los monotributistas que son empleadores la no registración alcanza al 77 por ciento de sus asalariados y en el universo de autónomos llega al 38 por ciento. Representan un universo de empleadores/trabajadores que es muy difícil de identificar y fiscalizar. La AFIP está estudiando la creación de un régimen tarifado especial para esos microempleadores –hasta tres asalariados y bajo nivel de facturación, pero los límites todavía no están definidos– que reduzca el “costo laboral” y simplifique la registración durante un tiempo.

- Más fiscalización: El plan propone dotar al Estado de mayores competencias y nuevos instrumentos legales a través de un decreto para potenciar su capacidad de fiscalización en todo el país. La recuperación de las capacidades que habían sido delegadas a las provincias cuando el Estado abandonó esos controles permitió mejorar y aumentar la cantidad y calidad de las inspecciones. Desde Trabajo sostienen que con algunas modificaciones legales se podrá mejorar significativamente la fiscalización.

- Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral: El objetivo es complementar los controles en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales. En particular se apunta hacia las subcontrataciones fraudulentas.

- Sectores críticos: Además de fuertes campañas de difusión de los (nuevos) derechos para los trabajadores en los sectores rural y doméstico se profundizarán medidas como la simplificación registral y mejorarán los mecanismos de inspección.

[email protected]