El Vaticano ordenó una segunda investigación interna para analizar las acusaciones de pedofilia contra el ex prefecto del Seminario Menor de Paraná Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos medio centenar de seminaristas de hasta 14 años entre 1984 y 1992. La investigación está a cargo del vicario de Justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, Alejandro Bovero, quien analiza el testimonio de una de las víctimas que ya declaró ante la Justicia de Entre Ríos. El mes pasado, la Cámara del Crimen de Paraná dispuso que las acusaciones contra Ilarraz habían prescripto. Los querellantes llegaron a la corte provincial y aguardan que ésta convoque a una audiencia pública para debatir la apelación.

Los casos denunciados contra Ilarraz corresponden a los años 1984 y 1992, pero recién salieron a la luz pública en septiembre de 2012, cuando un seminarista de 33 años declaró ante el fiscal Rafael Cotorruelo, para relatar cómo, entre esos años, medio centenar de niños que por entonces tenían entre 12 y 14 años eran abusados por el cura Justo José Ilarraz. La Justicia intervino de oficio luego de la publicación de los casos en un medio paranaense.

Durante la investigación judicial se supo que a principios de los ’90 circulaban rumores que apuntaban contra Ilarraz y que el por entonces arzobispo Estanislao Karlic ordenó una investigación diocesana, que quedó a cargo del sacerdote y abogado Silvio Fariña y del vicario general de Concordia, Alfonso Frank. Las actas del juicio diocesano nunca fueron elevadas a tribunales superiores ni se abrieron a la Justicia penal. Ilarraz fue enviado al Vaticano y luego trasladado a Tucumán, donde ejercía en una parroquia del barrio Ñuñorco, en la localidad de Monteros, hasta que se desató el escándalo y se esfumó como un espíritu.

Pero los defensores de Ilarraz abogaron por la prescripción del caso. El juez de instrucción Alejandro Grippo rechazó el pedido y continuó con la investigación, pero la Sala Primera de la Cámara del Crimen de Paraná dio vuelta el fallo y consideró que había prescripción. La querella apeló y en agosto pasado la Sala Primera abrió la puerta para que se llegara a Casación. Ahora, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que integran Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, deberá convocar a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación.

Entretanto, el Vaticano ordenó una investigación propia, paralela a la judicial, para analizar el caso de Ilarraz. Las actuaciones están a cargo del vicario de Justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, Alejandro Bovero, quien analiza el testimonio de una de las víctimas que ya declaró ante la Justicia de Entre Ríos por los supuestos abusos. Bovero confirmó a la prensa que, a pedido del Vaticano, inició hace más de un mes la investigación, que “no es un juicio, sino una instrucción previa” y que “lo instruido lo devuelvo a la Santa Sede”. Bovero es párroco de la iglesia Sagrada Familia de la localidad de Santo Tomé y docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia. “Las decisiones las toma la Santa Sede y después las ejecuta a través del obispo de cada lugar.”

No es la primera investigación que ordena el Vaticano. Precisamente, la anterior, ordenada por Karlic, una vez detallada fue archivada y sacada de circulación. Precisamente ese ocultamiento es el que esgrimen los querellantes y el fiscal Martín Cotorruelo para reclamar que el caso no sea archivado. Cotorruelo presentó el recurso de Casación, en el que reprochó el apresuramiento de la Cámara en cerrar la investigación, al declarar la prescripción, sin aguardar a que se dilucide cuántos hechos ocurrieron y hasta qué período se extendieron los abusos.

Los querellantes sostienen que la causa no puede prescribir porque el cura violó los derechos humanos de las víctimas, todas menores de edad, que no tuvieron la oportunidad de acudir a la Justicia por el ocultamiento que la iglesia local hizo del caso.