La jueza María Elena Liberatori ordenó que el gobierno porteño le otorgue “subsidios extraordinarios y reparatorios” a cinco mujeres trans mayores, por los años de marginación y discriminación que padecieron, tras la presentación de amparos realizada por organizaciones de la diversidad sexual. Lo hicieron después de que no prosperara el tratamiento de un proyecto de ley en ese sentido, por la negativa del PRO.

Una de las beneficiarias de la sentencia es Mariela Muñoz, una mujer trans que luchó contra la policía y luego la Justicia para que se la reconozca por su identidad autopercibida y se le diera la tenencia de algunos de los 23 niños y niñas que había criado. En 1997, con nuevo DNI obtenido vía judicial, fue precandidata a concejal en Quilmes por la lista del Partido Justicialista. Hoy, con 70 años, no puede cubrir sus necesidades básicas y le cuesta ver, oír y caminar, como consecuencia de haber padecido un ACV. No percibe jubilación ni pensión.

La medida judicial favorece además a Marlene Jaimes, Julieta Romero, Norma Giraldi y Yanina Moreno. El fallo de Liberatori ordena a la administración de Mauricio Macri otorgarles a las cinco “subsidios extraordinarios y reparatorios equivalentes al salario mínimo vital y móvil”.

La orden judicial tuvo lugar a partir de las acciones de amparo presentadas por la Mesa Nacional por la Igualdad, la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (Attta). Los pedidos de subsidio, que se justifican en los años en que les fueron cercenados todos sus derechos al punto de dejarlas incapacitadas para cualquier actividad laboral, “comprenden la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa, con un estado de la Ciudad ausente y muchas veces promotor de la misma”.

De acuerdo con un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el promedio de vida de las personas trans en suelo porteño es de 35 años, producto de esa exclusión. “Las estadísticas exponen que las personas trans que han alcanzado la edad de cuarenta años pueden ser consideradas verdaderas sobrevivientes aunque, sin dudas, esa edad las encuentra en su mayoría excluidas de todo ingreso, beneficio social, previsional o jubilatorio, por las hostiles condiciones sociales y culturales en que se han desarrollado. Por eso, estas acciones intentan reparar algo por esos años de sufrimiento y derechos vulnerados”, opinó la legisladora María Rachid, secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad.

La diputada por el FpV había presentado un proyecto de ley para fijar asignaciones para personas trans mayores en la Ciudad, pero el PRO bloqueó su tratamiento. En tanto, el Ejecutivo porteño se expidió en contra de la iniciativa a través de la subsecretaria de Promoción Social, Guadalupe Tagliaferri. La funcionaria argumentó que el proyecto “podría reforzar un modelo actual de discriminación al estar basado pura y exclusivamente en la condición de tener 40 años y pertenecer a la población trans”. “Se considera contraproducente que el clivaje para recortar la población destinataria de tal beneficio sea ponderar una decisión íntima y personal como la referida a la orientación sexual e identidad sexual, porque justamente tales ponderaciones no obtienen otro resultado más que la reestigmatización de las personas”, adujo.

Ante esa negativa, las organizaciones recurrieron a la Justicia. “Esto no tienen ningún impacto presupuestario para la Ciudad y aún así el Ejecutivo se niega a reconocer no sólo la situación de extrema exclusión de estas personas, sino también el profundo sufrimiento y la violencia que han vivido todos estos años”, sostuvo Rachid.

“Si bien la Ley de Identidad de Género representó un paso más para la igualdad jurídica, hoy vemos que muchas de ellas continúan padeciendo las múltiples consecuencias de la discriminación y la violencia de todos estos años, en todos los ámbitos.”