La Justicia porteña ordenó la suspensión de las sanciones que el Ministerio de Educación porteño aplicó a los estudiantes de colegios secundarios que estuvieron en tomas en rechazo a la reforma del plan de estudios. Las medidas disciplinarias impedían a los alumnos participar de actividades extracurriculares, como viajes de egresados, experiencias directas o prácticas deportivas. Tras la presentación de un recurso de amparo, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, resolvió impugnar la aplicación de los castigos que habían sido impuestos por la cartera educativa de la gestión PRO.

“La idea de sancionar a los chicos pone de manifiesto la matriz disciplinatoria de la educación que tiene la gestión del PRO. Era una medida completamente arbitraria y extorsiva que encima carecía de cualquier sustento legal”, sostuvo a este diario el consejero por la Legislatura en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, José Machain, quien promovió el amparo.

El castigo había sido ordenado el 19 de septiembre pasado contra todos los alumnos de escuelas que se encontraban tomadas, mediante una circular firmada por la viceministra Ana Ravaglia. Según esa notificación, estos estudiantes “no podrán participar de actividades extraescolares como campamentos, torneos, competencias, congresos, encuentros, salidas, viajes de investigación u otros. Asimismo, se debe hacer saber la medida a los organizadores de los torneos, competencias o de las actividades enunciadas precedentemente que involucren a alumnos pertenecientes a escuelas en situación de toma”. La medida fue ordenada por la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, dependiente de la cartera educativa de la Ciudad, a cargo de Ravaglia.

En la presentación del recurso de amparo, que estuvo acompañada por la Unión de Estudiantes Secundarios y la Mesa Nacional por la Igualdad, encabezada por la legisladora María Rachid, el consejero señaló que las sanciones eran violatorias del derecho a la educación, garantizado en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad. En el documento se indicó que “las actividades prohibidas constituyen parte del proceso pedagógico formal” y que el castigo dispuesto “no se encuentra previsto en normativa alguna”. Además, se subrayó que la medida “se ha aplicado a todos los alumnos, cualquiera haya sido su conducta durante el conflicto, sin posibilidad de defensa ni recurso”.

En su sentencia, la jueza Liberatori considera que en este caso “no existe ley previa que contemple el castigo que la autoridad educativa ha creado para la situación” y cita la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser penado “sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Por lo cual concluye que “estamos ante un caso de gravedad institucional por el cual una autoridad de inferior rango jerárquico pretende sancionar inventando la sanción de no participación en eventos, etc.”. Es que la medida fue comunicada el 19 de septiembre, tres días después del inicio de las tomas.

“En vez de favorecer la superación del conflicto de las tomas, con esta sanción lo que hacían era profundizar y exacerbar los ánimos. Era incluso contradictorio con el diálogo que pregonaba el ministro (Esteban) Bullrich”, indicó Machain. “Fue un desprecio al esfuerzo, al compromiso y al estudio de los chicos que perdían la posibilidad de continuar participando en olimpíadas, torneos o viajes de estudio”, agregó el consejero.

Pablo Audero, representante de la Unión de Estudiantes Secundarios, afirmó que “desde que arrancó la gestión del macrismo empeoraron las condiciones en las que estudiamos; los estudiantes nos organizamos para defender nuestros derechos, queremos estudiar en colegios en buen estado y que la educación sea de calidad. Como respuesta, el macrismo criminaliza la protesta”.