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El subcomisario de la Policía Bonaerense Walter Azor fue procesado con prisión preventiva por el delito de trata de personas, acusado de cobrar dinero a prostíbulos de la localidad de San Miguel a cambio de proteger esos sitios, donde eran esclavizadas sexualmente mujeres.

La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, que también procesó a otros dos policías de la Comisaría 1ª de San Miguel, uno retirado, y a otras 14 personas que estaban a cargo de siete prostíbulos en esa localidad y dos en Capital Federal. Todos los acusados fueros procesados con prisión preventiva, por lo que seguirán detenidos.

De los lugares fueron rescatadas 31 mujeres, la mayoría de nacionalidad paraguaya, que vivían en “precarias condiciones de salubridad e higiene”, amenazadas para decir que “era un trabajo que les gustaba” y sometidas a simulacros de allanamientos. La investigación arrojó que una de las mujeres fue obligada a hacerse un aborto mediante “colocación intravaginal de cuatro pastillas abortivas que le produjeron un profundo sangrado”.

La causa se inició el 29 de abril con una denuncia en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata sobre una mujer que estaba siendo retenida en un prostíbulo de la calle Lima al 1400, de esa ciudad, y a partir de lo cual se comenzó una investigación con intervenciones telefónicas.

La Policía Metropolitana allanó a principios de septiembre, por orden de la jueza María Servini de Cubría, los nueve prostíbulos, domicilios particulares y dependencias policiales, donde fueron detenidas 16 personas.

Los tres policías fueron procesados por los delitos de cohecho (coimas) y trata de personas agravada “por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad”.