En medio del debate por la reforma en la escuela secundaria, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, decidió cerrar una carrera terciaria, la tecnicatura en Seguridad Social. De esa manera, desaparece la única carrera en esa especialidad que se cursa en escuelas porteñas, tanto públicas como privadas. Creada en 1983, con el inicio de la democracia, la tecnicatura ofrece salidas laborales en el ámbito de organismos de previsión social, como la Anses. La medida fue adoptada a fines del año pasado “en forma inconsulta”, según las autoridades y los docentes del colegio, y sin respaldo de medida administrativa, que recién se dictó en marzo de este año. Como un sello de la gestión macrista, será reemplazada por una tecnicatura en Administración de Empresas. Estudiantes y docentes, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo porteña, reclaman la reapertura de la carrera.

“Es llamativo que mientras el campo de la seguridad social se ha expandido considerablemente en los últimos años al amparo de las políticas públicas de inclusión social y ampliación de derechos, las autoridades educativas de la Ciudad cierran una carrera vinculada con esa actividad”, dijo a Página/12 Gustavo Lesbegueris, del Area Derecho a la Educación de la Defensoría, a cargo de las actuaciones sobre este caso.

Docentes y estudiantes del Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) Nº 9 se presentaron ante ese organismo para “defender la necesidad de sostener la oferta” educativa. Obtuvieron el respaldo del supervisor de Educación del Adulto y el Adolescente, Mario Orlando, y el actual rector del establecimiento, Bohdan Turski. El supervisor dijo que se enteró de la medida por una nota firmada por el director de Formación Técnico Superior, Juan Carlos Roisecco, en octubre del año pasado, con la orden de no anotar ingresantes para este año ya que la carrera se cerraba. Para entonces, ya se había bajado de la página de Internet oficial la oferta de la carrera. “Por empezar, desde el punto de vista formal, el ministerio dispuso el cierre de la tecnicatura sin contar con acto administrativo que sustente la medida”, advirtió Lesbegueris. En efecto, la Resolución 1185, firmada por Esteban Bullrich, recién se dictó el 6 de marzo último. Allí se da de baja la carrera de Técnico Superior en Seguridad Social, aunque garantiza la continuidad de quienes empezaron a cursar en 2011 y este año terminan sus estudios.

“Nos avisaron faltando un mes para que terminen las clases y hasta este año no sabíamos si íbamos a poder terminar la carrera”, dice a Página/12 Celeste Alarcón, que ahora cursa 3º año y tiene el triste privilegio de pertenecer a la última camada de egresados. Celeste relata que inició la carrera por su interés en trabajar con “personas en situación de vulnerabilidad social y en el cumplimiento de los derechos sociales”. Y sostiene que los técnicos egresados consiguen empleos en “gerencia social de ONG, en el área de recursos humanos de empresas” y muchos otros “continuaron sus estudios en licenciatura en Trabajo Social” en la universidad.

Los argumentos del ministerio para eliminar la carrera son vagos e imprecisos. Se dice que la carrera “ha sido objeto de evaluación respecto del proceso de adecuación a la normativa federal y jurisdiccional vigente, con participación de autoridades y docentes que revisten en la unidad educativa en donde se dicta, la Dirección de Formación Técnica Superior y la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza”. Sin embargo, los docentes como los directivos de la escuela aseguran que nunca fueron consultados por el ministerio.

“La falta de consulta con la comunidad educativa constituye una constante en la forma de vincularse y tomar decisiones por parte de la gestión educativa del Gobierno de la Ciudad”, sostiene Lesbegueris. El funcionario de la Defensoría cuestiona además la falta de fundamentos técnicos de la medida. Es que en los considerandos de la resolución se argumenta que como resultado de esa evaluación “se ha podido advertir cierto desajuste respecto de las demandas educacionales actuales en la jurisdicción y las demandas propias del contexto socio-productivo local y nacional” y concluye que “resulta imprescindible incorporar ofertas que respondan a las reales demandas y necesidades del contexto socio productivo en el cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que excede a la preparación para el desempeño de puestos de trabajo u oficios específicos”.

“Ni en la respuesta remitida a la Defensoría del Pueblo, en el marco del pedido de informes cursado, ni en el IFTS Nº 9 se registra informe técnico alguno que dé cuenta del resultado de proceso de evaluación efectuado, por lo que hasta el momento se ignora cuál ha sido el ‘desajuste respecto de las demandas educacionales’ mencionado y cuáles son ‘las demandas propias del contexto socio productivo local y nacional’ advertido por los funcionarios que adoptaron la medida”, concluyó Lesbegueris. En el Ministerio de Educación tampoco dieron explicaciones ante las consultas de este diario.