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El Senado de la Nación sumó ayer dos nuevas leyes al paquete de medidas antisecuestros: la puesta en marcha de un Programa Nacional de Protección a Testigos que “brinda seguridad a los imputados –‘arrepentidos’– y a los testigos cuando su integridad física corra peligro”; y la creación de un Fondo Permanente de Recompensa para quienes brinden información que ayude a esclarecer casos de secuestro extorsivo y a la condena penal de los responsables. Ahora, la misma comisión asesora que elaboró esos proyectos, coordinada por León Arslanian, tiene previsto avanzar con una propuesta para reformar la ley de Regulación del Servicio de Telecomunicaciones, para que las prestadoras cooperen con las escuchas durante la investigación de estos casos.
Estas iniciativas se suman a los proyectos recientemente aprobados, como el endurecimiento de las penas en ciertos casos de secuestros, la creación de la figura del “arrepentido” y la ampliación de las facultades de los fiscales. Así, los legisladores completaron el compromiso de avanzar en ambas cámaras con el plan integral antisecuestros, que cobró impulso tras la asunción de Néstor Kirchner.
Teniendo en cuenta lo novedoso que resulta el fondo de recompensas en la Argentina y la avalancha de falsos informantes que podría generar, “se estableció que la recompensa sea pagada luego de que haya condena y, en todo caso, el Ejecutivo podría resolver por decreto que se pague de inmediato, cosa que se ha hecho en muchas ocasiones”, explicó el senador radical Jorge Agúndez, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro de la comisión redactora de los proyectos.
La metodología de pago también se decidió en función de las críticas que recibió la iniciativa, “porque podría considerarse antiética en cuanto podía llevar a que malos policías o investigadores tercericen información para cobrar el dinero ofrecido”, explicó Agúndez. Por esto, prohíbe que funcionarios, empleados públicos y personal de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado, puedan ser beneficiarios del fondo.
La flamante ley prevé el nombramiento de un director dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que será la autoridad de aplicación y de cuyo presupuesto saldrán los fondos para el pago de las recompensas. Según esa ley, “el monto será fijado atendiendo la complejidad del caso y las dificultades que existan para la obtención de la información que permita el esclarecimiento”. Fija, además, que la identidad del informante sea mantenida en secreto más allá del proceso judicial, aunque podrá ser convocado como testigo al juicio cuando resulte imprescindible para la sentencia.
En un trámite rápido y sin que se introdujeran modificaciones al proyecto que venía con media sanción de Diputados, los senadores aprobaron también la creación de un Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, en este último caso habilitado por la recién incorporada figura del arrepentido. La protección estará justificada cuando “la vida de los imputados y testigos o su integridad física corran peligro y siempre que hayan colaborado de manera trascendente y eficiente en la investigación judicial”. La seguridad podrá consistir en una o varias medidas, según el caso: “custodia personal o domiciliaria, alojamiento temporario en lugares reservados, cambio de domicilio, asistencia para la gestión de trámites, asistencia para la reinserción laboral, y suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto”. También otorga medios económicos “mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios”, con un máximo de seis meses.
Aunque esta ley surge como parte del paquete antisecuestros, su primer artículo prevé su aplicación para “delitos vinculados con la delincuencia organizada o violencia institucional, o el interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”, decisión que estará en manos del Ministerio de Justicia.

Producción: Paula Bistagnino