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La entrega de drogas oncológicas es una cuestión de Estado. Esto es lo que dio a entender el presidente Néstor Kirchner cuando ayer llamó desde Estados Unidos al ministro de Salud, Ginés González García, y le pidió que regularice lo antes posible el suministro de medicamentos a enfermos con cáncer. “Para el lunes ya estará resuelta la provisión de las drogas”, informó luego el ministro. Familiares y pacientes protestaron por segundo día consecutivo frente el Banco Nacional de Drogas Oncológicas, mientras que la Defensoría del Pueblo porteña presentó un amparo para que se garantice la continuidad en la entrega de los medicamentos.
Durante el desayuno de ayer en la embajada argentina en Washington Kirchner leyó una síntesis de prensa con las últimas noticias del país y se enteró de que un centenar de familiares de enfermos con cáncer había protestado el martes frente al Banco Nacional de Drogas Oncológicas en reclamo de la regularización del suministro de medicamentos, tal como informó en su edición de ayer Página/12. Faltaban pocas horas para su reunión con el presidente estadounidense. Kirchner llamó por teléfono al ministro de Salud y le pidió que solucione en forma “urgente” los problemas en la entrega de las drogas y que implemente las medidas necesarias para que “no vuelva a ocurrir” esta situación, según informó el vocero presidencial, Miguel Núñez.
En declaraciones a este diario, el ministro de Salud precisó que la solución llegará entre “hoy (por ayer) y el lunes” y aclaró que estaba firmando las adjudicaciones de los productos oncológicos que no habían sido adquiridos en la última licitación convocada en abril por 10 millones de pesos y que generaron el retraso en la provisión. Además, anunció que la próxima semana se implementará un 0-800 para las consultas de los pacientes, se abrirán las puertas del Banco Nacional de Drogas Oncológicas antes de las 9 y se incorporarán cuatro personas en el sector de atención al público para agilizar la entrega. También precisó que impulsará la descentralización de la provisión para que los pacientes las reciban en los hospitales de cada provincia y no tengan que viajar hasta la Capital. González García explicó que el retraso en la entrega fue motivado por un problema en la última licitación para adquirir las drogas. Según informó, se licitó la compra de 75 drogas, de las cuales se adquirieron 42, cuyos valores estaban por debajo de los precios testigos (un valor referencial obligatorio para cualquier compra del Estado superior a los 150 mil pesos) sugeridos por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Para los restantes 33 productos, los laboratorios presentaron precios superiores “entre un 40 y un 220 por ciento” a los sugeridos por la Sigen. Por este motivo se frenó la compra, dijo el ministro. Sin embargo, para el Ministerio los precios testigos estuvieron mal fijados “porque no se correspondían con los precios del mercado”.
El tema generó un cruce entre funcionarios del Ministerio y de la Sigen. “Cualquiera se puede equivocar; inclusive nosotros”, reconoció una alta fuente del organismo que depende de la Presidencia, pero le devolvió la pelota a la gente de González García: “El precio testigo es sólo un parámetro que puede o no tomarse en cuenta. Si uno lo fundamenta, está permitido apartarse de los parámetros: las decisiones y la responsabilidad política no son de la Sigen sino del Ministerio. Si Ginés pudo comprar ayer las drogas, ¿por qué no lo hizo antes?”, replicó la misma fuente. La semana pasada González García se había reunido con el titular de la Sigen, Alberto Iribarne, para unificar criterios en futuras licitaciones.
Durante una conferencia de prensa que dio para referirse al tema, el ministro de Salud no mencionó las diferencias con la Sigen y anunció que trabajarán en forma “mancomunada” con el organismo para “evitar que existan estas diferencias”.
Ayer, por segundo día consecutivo, familiares y enfermos con cáncer protestaron frente al Banco Nacional de Drogas Oncológicas, en Paseo Colón 560. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por su parte, presentó un recurso de amparo para que se regularice la provisión de drogas.