La planta de la Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA), ubicada en el barrio de Almagro, donde ex empleados formaron una cooperativa e instalaron un centro cultural, podría ser desalojada de manera inminente, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso impugnando un fallo en ese sentido.

La decisión fue tomada por la Corte el 17 de septiembre pero recién se conoció ahora en el predio del barrio de Almagro y movilizó a los ocupantes de la fábrica. “De acá no nos vamos a mover. Hace años que venimos defendiendo este lugar y no nos vamos. Ahora le estamos pidiendo a la Legislatura que nos den la expropiación definitiva”, dijo una de las encargadas del lugar.

La planta, ubicada en Querandíes 4290, es un caso pionero en el movimiento de fábricas recuperadas tras la crisis de 2001 y se convirtió en un centro cultural que cuenta con una escuela secundaria para jóvenes y adultos y con una sala de atención médica gratuita.

La fábrica producía aluminio hasta que en 1998 entró en quiebra y los trabajadores se quedaron sin sustento ni indemnización. Tomaron el lugar y armaron la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo, que consiguió que le otorgaran en forma provisoria el predio de la fábrica el 4 de diciembre de 2008 a través de la Ley 2969 en la ciudad de Buenos Aires.

Pero en 2009 un juez declaró inconstitucional esa expropiación y en 2010 la Cámara en lo Civil y Comercial lo ratificó. Incluso, aquella decisión trajo consigo un escándalo descubierto por un taxista, cuando una de las camaristas que tenía que resolver la cuestión visitó el lugar sin identificarse.

La Cámara en lo Civil y Comercial dijo que la expropiación no tenía una “utilidad pública” o de “bien común” porque había sido dispuesta en favor de un grupo de trabajadores en “particular” y sentenció: “Bajo la apariencia de un uso público, los bienes expropiados han de ser destinados a un mero uso privado”. Para los jueces, si los trabajadores se quedaron sin trabajo por una crisis económica y social hay que darles planes sociales y no afectar el derecho de propiedad.

En aquella causa intervino como fiscal la hoy procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien defendió los argumentos de los trabajadores.

La cooperativa llegó a la Corte con un recurso de queja, pero el tribunal no analizó el fondo de la cuestión, sino que rechazó el recurso extraordinario por entender que no había “agravio federal”.

Al quedar firme aquel fallo, unas 130 familias “que encuentran allí su fuente de sustento serán desalojadas y serán clausurados el bachiller popular, el centro de salud y el centro cultural instalados en el predio por la cooperativa”, denunciaron los trabajadores.