El presupuesto que la gestión de Mauricio Macri prevé destinar el año próximo para vivienda social en la ciudad de Buenos Aires es un 19 por ciento menor, a precios constantes, que el del ejercicio actual, y representa apenas el 2,1 por ciento del presupuesto total de la ciudad, constituyendo el más regresivo de los últimos nueve años. Los datos surgen de un informe de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Esa ONG presentará hoy en la Legislatura, junto a organizaciones de distintas villas porteñas, una propuesta para que en el presupuesto que se apruebe estén desagregados los montos que se destinan a cada uno de los barrios y asentamientos precarios. El objetivo: poder saber en qué partida se registran subejecuciones presupuestarias. Es que, por ejemplo, en 2012 se ejecutó sólo el 37 por ciento del dinero disponible pero no pudo saber cuáles de las obras previstas no se hicieron. La presentación se hará durante la exposición del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, de quien dependen las políticas de vivienda en la ciudad.

El informe de ACIJ hace una análisis crítico de las políticas de vivienda de la gestión macrista, que para el año próximo prevé destinar 1274 millones de pesos, cuando el presupuesto total de la ciudad es de 59.501 millones. Para 2013 año se había aprobado también 1,27 millón, pero si se ajusta ese monto de acuerdo con la inflación que calculó el propio gobierno porteño, del 24 por ciento anual, surge que el monto para el año próximo es proporcionalmente menor.

De acuerdo con el informe de ACIJ, las partidas destinadas a vivienda “vienen disminuyendo de manera estrepitosa desde 2005, hasta este anteproyecto para 2014, en relación con el presupuesto general de la ciudad, que es el más regresivo de los últimos nueve años”.

“A esa reducción hay que agregar otro problema, que es la subejecución del presupuesto”, dijo a Página/12 Luciana Bercovich, directora del equipo que elaboró el trabajo.

Déficit crónico

El diagnóstico trazado por la organización puntualiza que en la ciudad hay cerca de 350 mil personas en situación de emergencia habitacional. De acuerdo con el censo 2010, en las quince villas porteñas residen 163.587 personas y al menos unas 1950 personas están en situación de calle, cifra que arrojó el último censo realizado por el Gobierno de la Ciudad. En ese contexto, ACIJ denuncia que, lejos de atender a esa situación, el Gobierno porteño vetó leyes que prorrogaban la emergencia habitacional e incumple otras como la de urbanización de villas y asentamientos de la ciudad.

“El recorte de partidas y la subejecución constante del presupuesto asignado a vivienda reflejan una clara regresividad de estas políticas y una violación profunda a uno de los derechos fundamentales, como es derecho a la vivienda”, sostiene el informe.

Caída libre

De acuerdo con el planteo de ACIJ, al reducir el presupuesto para vivienda año a año, la administración porteña incumple el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y culturales, suscriptos por la Argentina, que no sólo obliga al Estado nacional sino a cada uno de los estados provinciales y locales.

El informe advierte sobre la paradoja que se registra en la ciudad de Buenos Aires, donde año tras año aumenta la recaudación, pero disminuye en proporción lo destinado a vivienda. En efecto, el presupuesto de la Ciudad ha pasado de 13 mil millones de pesos en 2008 a casi 60 mil millones para el año próximo, pero ese incremento “no se ve reflejado en los montos destinados a la efectivización del derecho a la vivienda”.

Para colmo, de los magros recursos que la Ciudad destina al rubro, no todos provienen de sus arcas: en el anteproyecto en estudio incluye 293 millones de pesos aportados por la Nación (del Plan Federal de Vivienda o el Fonavi), lo que representa un 22,9 por ciento de lo presupuestado. Esos aportes “están sujetos a los avatares políticos entre los gobiernos local y nacional, lo que podría hacer que las partidas se reduzcan notablemente”, concluye el informe de ACIJ. Como muestra, aporta algunos ejemplos: en 2010, se ejecutó sólo el 50 por ciento de esos fondos nacionales; en 2011 el 46 por ciento y en 2012, el 37 por ciento.

Otro cuestionamiento de ACIJ apunta hacia la política de “compartimentación” de funciones y de recursos destinados a vivienda. “El Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas (PRIT), dependiente del IVC, es el que por ley debería planificar las políticas y ejecutar las obras en las villas. Pero desde hace varios años, el IVC y el PRIT en particular han sufrido un vaciamiento de presupuesto y se han sumado otros organismos que desarrollan políticas de emergencia y urbanización en villas, como es el caso de la UGIS” o la Corporación Buenos Aires Sur, describe el informe. Todos esos organismos dependen de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, creada en 2011, dentro del Ministerio de Desarrollo Económico, con el fin de coordinar las políticas de vivienda en villas y barrios vulnerables. Pero “la realidad es que, a dos años de su creación, todavía no se ha podido observar la coordinación de los distintos organismos de vivienda y se siguen superponiendo acciones y fragmentando la atención de un area tan sensible como la de villas”.

“Esa dispersión impide saber, cuando hay subejecución del presupuesto, cuáles son las obras que no se hicieron”, explica Bercovich. Por eso, vamos a proponer a los legisladores que en el presupuesto se explicite qué presupuesto se destina a cada una de las villas”, concluyó.

Cada vez menos recursos