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A casi seis años del accidente del avión de Austral, en el que murieron 74 personas, y a cinco del inicio de una causa penal contra la empresa y la Fuerza Aérea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió el expediente principal del caso al juez federal Luis Ballestero, con lo cual se habilitaría la vía para que los imputados sean indagados por primera vez. Desde 1998, Austral apeló en todas las instancias judiciales que determinaron que la causa debía resolverse en la Argentina, entorpeciendo así la investigación. Para la compañía, la Justicia de Uruguay, donde cayó el avión, sería la única competente. Aún la Corte Suprema no se pronunció sobre qué país debe juzgar a los responsables del accidente.
“Las indagatorias son la vida del juicio”, dijo Eduardo Poggi, marido de una de las pasajeras que falleció en el vuelo 2553 del avión McDonnell Douglas DC9-32 de Austral que cayó en la ciudad uruguaya de Fray Bentos el 10 de octubre de 1997, cuando se dirigía desde Posadas hacia la Capital Federal. Un grupo de cinco familiares de las víctimas del accidente iniciaron en 1998 la causa penal contra Austral y la Fuerza Aérea argentina, acusándolos de haber habilitado el vuelo a pesar de que el avión no tenía una alarma para tubos de Pitot (que indican la velocidad externa de la nave) como establecía el reglamento de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA).
El juez Ballestero, del Juzgado Federal Nº 2, se hizo cargo de la causa por “estragos culposos”, pero recién el 9 de octubre de 2001 (un día antes de que se cumpliera el plazo de cuatro años para la prescripción de la causa) llamó a indagatoria a 20 directivos de Austral y a 15 funcionarios de la DNA, dependiente de la Fuerza Aérea.
“Ballestero llamó a indagatoria después de tres años, pero no estableció ninguna fecha para las audiencias. La causa llegó a la Corte Suprema y el juez dijo que no tomaría las indagatorias porque no tenía el cuerpo principal del expediente: podía haberlo pedido, pero no lo hizo”, dijo a Página/12, Norberto Caputo, uno de los dos abogados querellantes y cuñado de la azafata Viviana Rumachela, que murió en el accidente.
El 17 de julio pasado la Corte remitió el expediente a Ballestero quien, luego de la feria judicial, podría comenzar con las indagatorias, aunque podría declararlas nulas como pide Austral. La empresa sostiene que la causa tiene que ir a la Justicia uruguaya debido a que el avión cayó en Fray Bentos. Austral apeló en todas las instancias judiciales (Juzgado Nº 2, Cámara Federal porteña, Cámara Nacional de Casación Penal) en que se resolvió que el caso correspondía a la jurisdicción argentina. Al final, en noviembre de 2001 la causa llegó a la Corte y desde entonces (a pesar de que el 10 de septiembre de 2002 el procurador de la Nación, Nicolás Becerra, rechazó el planteo de Austral) el máximo tribunal no se ha pronunciado al respecto: “Hay muchos intereses en juego. La Fuerza Aérea es quien habilitó un avión que no cumplía con los requisitos técnicos necesarios. Es toda una corporación contra cinco personas”, afirmó Poggi.
La Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de Uruguay concluyó que el accidente ocurrió por un error de lectura del piloto ya que, al creer que iba a baja velocidad en medio de una tormenta, activó los slats (frenos) en las alas y perdió el control. Pero Ballestero y los fiscales Eduardo Taiano y Germán Bincaz determinaron que el avión no tenía una luz ámbar (que era obligatoria a partir de 1992, según la norma DNAR 251419) que indica fallas en los calefactores de los tubos de Pitot y en la medición del velocímetro.