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“Le vamos a enviar los datos a (Eduardo) Duhalde para que esté al tanto de estos muy buenos resultados”, se entusiasmó Roberto Lavagna al referirse a la última medición de pobreza e indigencia. El gesto, que buscó ser de reconocimiento, fue porque la encuesta del Indec se hizo en mayo pasado, cuando Duhalde todavía era presidente. El relevamiento concluyó que más de la mitad de la población es pobre y, dentro de ese universo, uno de cada cuatro ciudadanos es indigente, es decir, no puede costearse una canasta básica de alimentos. Los resultados son ligeramente mejores a los de octubre pasado, aunque bastante más sombríos que la calificación de “muy buenos”. Resulta difícil calificar así que el 71,3 por ciento de los habitantes del segundo cordón del conurbano bonaerense siga bajo la línea de la pobreza, según surge de la información oficial.
La pobreza afecta al 54,7 por ciento de los argentinos que viven en zonas urbanas y, de ellos, el 26,3 por ciento es indigente. Esto quiere decir que en 2.960.000 hogares, donde viven 13.002.000 personas, los ingresos son inferiores a los 717,7 pesos que cuesta por mes una canasta básica de alimentos y de bienes y servicios elementales, como vestimenta, transporte, salud y educación. De aquel conjunto, 1.244.000 hogares, con 6.251.000 integrantes, son indigentes, lo que equivale a no disponer de los 329,2 pesos que hacen falta para cubrir una canasta básica alimentaria. El Indec no traslada los datos al total del país.
Son los segundos peores resultados de la historia. Sólo en octubre del año pasado se estuvo peor. La situación más dramática se aprecia en la localidad de Concordia, con el 73,4 por ciento de pobreza y el 42,7 por ciento de indigencia. En ese ranking siguen Corrientes (73,0 y 37,7), Gran Resistencia (71,0 y 38,9), Gran Tucumán-Tafi Viejo (69,2 y 33,3) y Salta (68,4 y 34,8). En la provincia de Buenos Aires, los peores resultados se observan en el segundo cordón, que abarca los partidos de Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre. Allí la pobreza asciende al 71,3 por ciento. La Ciudad de Buenos Aires, en el otro extremo, muestra 21,7 por ciento de pobreza y 4,7 de indigencia.
Los planes Jefas y Jefes de Hogar juegan un rol importante, pero está claro que resultan insuficientes para modificar de fondo una situación catastrófica. La cobertura y los montos asignados siguen siendo escasos, y confiar en que el crecimiento económico rescate de la pobreza a más de la mitad de la población condenará a millones a una espera dolorosa. En las prioridades asignadas para este año, el gobierno de Duhalde destinó un 60 por ciento más de recursos que en 1998 para el pago de intereses de la deuda, mientras redujo el gasto social en un 10 por ciento, tomando valores constantes. La crisis y los sucesivos acuerdos con el FMI fueron arrastrando a las distintas administraciones a esa realidad. La negociación que se abrió ayer con el organismo de crédito, el mismo día en que se difundieron los datos de pobreza, será determinante para los resultados de los próximos tres años.
Lavagna rechazó con fastidio cualquier pregunta que saliera del libreto que llevó a la conferencia de prensa, como hacía Domingo Cavallo en su momento, y, al igual que el ex ministro, se concentró en un puñado de datos. Destacó, por ejemplo, que la cantidad de pobres se redujo en 860 mil entre octubre de 2002 y mayo pasado. O dicho de otro modo, del 57,5 por ciento de la población al 54,7. Algo similar ocurrió con la indigencia, al pasar del 27,5 por ciento al 26,3 en igual período. La diferencia representa 380 mil indigentes menos.
Sin embargo, el ministro no supo contestar por qué la pobreza y la indigencia aumentaron en mayo de 2003 con respecto a igual mes del año anterior. La suba fue de 1,7 punto en la pobreza (550 mil personas) y de1,5 punto en la indigencia (424 mil), de acuerdo a los datos entregados por el Indec. La explicación, que Página/12 recogió de otras fuentes oficiales, es que la Encuesta Permanente de Hogares de mayo de 2002 se extendió a 28 conglomerados urbanos de todo el país, mientras que la EPH de este año amplió la base a 30. El cambio metodológico dificulta la comparación. Además, hay que tomar en cuenta el impacto de la inflación ascendente hasta octubre y estabilizada desde entonces.
La presencia de los planes Jefas y Jefes evitó que la situación empeorara. Sin ellos, la pobreza se hubiera acomodado en 55,3 por ciento (contra el 54,7 verificado) y la indigencia hubiera alcanzado al 29,7 por ciento (frente al 26,3). La red de contención social, como se ve, todavía tiene los agujeros muy grandes.