La Sala 7ª de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de seis policías y un guardiacárcel por abuso sexual y promoción de la prostitución de dos chicas de 12 y 15 años a las que sometían en varios lugares, entre ellos dos dependencias policiales, en especial el cuartel de la Policía Montada de la Federal en Palermo. El caso fue revelado por Página/12 en marzo y reviste una gravedad inusitada: a la más grande la dejaron embarazada a los 12 años y luego otra vez a los 15, por lo que el fiscal Fernando Fiszer y la defensora de menores Claudia López Reta pidieron realizar los ADN para saber cuál de los uniformados es padre de los dos bebés, aunque hubo otros policías que abusaron de las chicas y todavía no pudieron ser identificados. Las niñas, dos hermanas, venían de una villa bonaerense, estaban mucho en la calle, y los policías las llevaban a una pensión y a dos unidades, a cambio de unos pocos pesos y –a veces– de comida. Los jueces puntualizan que todo transcurrió en un marco de intimidación a las adolescentes.

Los camaristas Juan Cicciaro, Mauro Divito y Mariano Scotto confirmaron el procesamiento dictado en agosto por la jueza Wilma López, tras una ardua investigación realizada primero por el Ministerio de Seguridad y luego por el fiscal Fiszer y la defensora López Reta. El dramático caso motivó un sumario contra el anterior fiscal del expediente, Augusto Troncoso, quien no impulsó la investigación como correspondía, según la óptica de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Troncoso consideró que las denuncias provenían de un conflicto “de polleras”.

La Sala 7ª, tras el dictamen del fiscal Sandro Abraldes, dejó listos para ser sometidos a juicio oral a Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastián Acevedo, Jorge Matías Acevedo, Sebastián Borfitz, Miguel Angel Campero, Héctor Diego Palavecino y Gustavo Salinas, seis policías federales y un penitenciario. “Los imputados –dice la Cámara– aprovecharon una relación de poder respecto de las hermanas, ambas carentes de contención familiar y en las que se detectó una signo-sintomatología asociada a vivencias amenazantes o intimidatorias, a la vez que netamente traumáticas.” Los uniformados no están presos, aunque fueron apartados de las fuerzas por el Ministerio de Seguridad.

Los camaristas reiteran el relato adelantado por este diario: “Los policías, alternadamente, se comunicaban con las damnificadas para satisfacer sus apetencias sexuales ocasionales, además de transportarlas en móviles de la fuerza, lo que, por la corta edad de las víctimas, conduce a presumir que tanto las llamadas telefónicas como los mensajes de texto encerraban una connotación intimidatoria para las víctimas. Los números de teléfono de las menores circularon entre diferentes oficiales de la Policía Federal, como así también con la intermediación de personal de seguridad privada de la línea de ferrocarriles San Martín”.

Más allá de la descripción, el Código Penal considera abuso sexual toda relación de un adulto con una chica de 12 o 13 años, aunque hubiera consentimiento, porque se entiende que la niña está en una situación de total vulnerabilidad. Tratándose de personal uniformado, el delito es agravado, es decir con penas que van de 8 a 20 años de prisión. A esto se agregó el cargo de promoción de la prostitución que impuso la cámara y que apuntaría a otros 5 años de prisión. Las niñas describieron los lugares a los que eran llevadas, algo que la jueza Wilma López constató, y revelaron que a veces las tenían 24 horas en el cuartel y por allí pasaban los distintos uniformados.

En la investigación sigue habiendo más policías sospechados, pero no se pudo determinar la identidad porque las chicas los conocían, por ejemplo, por Olmedo, que seguramente era un apodo derivado del parecido con el humorista. La instrucción no pudo dar hasta ahora con ese sujeto. También utilizaban otros apodos y, en algunos casos, los investigadores se encontraron con el hecho de que había varios policías con el mismo apellido. De manera que ahora el fiscal Fiszer tiene que decidir si pide la elevación a juicio contra los ya imputados o espera a determinar quiénes son los otros responsables. En el medio quedará la concreción de los estudios de ADN para establecer quiénes son los padres de los dos bebés.

Como relató este diario en marzo, el expediente se inició por la denuncia de un policía. Un compañero le ofreció a las chicas y éste se encontró con ellas en una pensión. Empezó a conversar con ambas y las niñas le contaron la trama, lo que lo llevó a presentarse a la Justicia, provocando un serio conflicto con los uniformados que denunció. El policía llevó a la mayor de las nenas a vivir a casa de su madre, mientras que la menor quedó en la órbita de la Defensoría de Menores. Por lo que pudo averiguar Página/12, la contención de ambas chicas ha sido muy dificultosa en función de la dramática niñez que vivieron, y los abusos y embarazos de los uniformados.