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Los subsidios a las tarifas de servicios públicos básicos (agua, luz, gas y transporte) a usuarios residenciales, comerciales e industriales se han convertido en una de las principales políticas del Gobierno para generar un mayor ingreso disponible de la población y para mejorar la competitividad de la producción. Ambos objetivos han impulsado la demanda de la economía aportando al crecimiento del Producto Bruto Interno con inclusión social, en un círculo virtuoso de mayor actividad, más producción y más empleo. Otro impacto favorable poco mencionado es que la política de subsidios ha colaborado en morigerar la intensa puja distributiva reflejada en índices de inflación. O sea, con menos subsidios o sin ellos la variación de precios hubiera sido más elevada. Efectos positivos tan importantes no han logrado respaldos significativos de los grupos beneficiarios, siendo los críticos más intensos clases medias, comerciantes e industriales convencidos por quienes demonizan el gasto público destinado a los subsidios, con el argumento contradictorio de considerarlo uno de los motores de la inflación. Ante el clamor de ese sector influyente sobre lo pernicioso e injusto que son los subsidios, el Gobierno ha quedado en soledad defendiendo esa estrategia redistributiva y en algunas dependencias oficiales están estudiando la estructura de subsidios. Si avanza la decisión política de implementar cambios, éstos no serían con un criterio exclusivamente fiscalista, preponderante en los análisis convencionales, sino que además aspirarían a mantener la base conceptual de la política de subsidios como dinamizador de la actividad económica, y a definir pautas de equidad en el sistema para que paguen más los consumidores de mediano y elevado poder adquisitivo. Estos tendrán luego la oportunidad de reiterar el extraño comportamiento de acompañar ese tipo de propuestas, para luego quejarse con ganas por haber sido afectados.

El rubro de la energía en el área metropolitana bajo la concesión de dos grupos privados, Edesur y Edenor, sirve de referencia para analizar la política de subsidios. Existe una exagerada atención de inversores bursátiles en las acciones de Edenor, que subieron casi 450 por ciento en el año, al especular con un aumento de tarifas cuando lo que se está evaluando en dependencias oficiales es una reducción de subsidios que involucra fondos públicos, no un mayor ingreso para las compañías. En realidad, ante los problemas estructurales en la distribución de electricidad en períodos de demanda pico en invierno y en verano, y con las inversiones coordinadas por el Estado a través del Focede (fondo para obras) con aportes de los usuarios, el próximo paso debería ser la unificación de ambas compañías para su estatización, siguiendo el mismo camino de recuperación del servicio por parte del Estado como se hizo en Aysa (agua y cloacas), Correos, Aerolíneas Argentinas, YPF y Metrogas. Si en las jornadas de más calor se reitera la crisis de veranos pasados, sería la oportunidad de no seguir tropezando con los mismos tapones.

La estructura actual de los subsidios a la energía eléctrica en el rango de 0 a 1000 kWh/bimestre, en el área de concesión de Edesur y Edenor, define que a medida que crece el consumo aumenta el subsidio. El esquema es el siguiente, en promedio,

- consumo de 200 kWh/bimestre, el Estado aporta 65 pesos,

- de 400 kWh, 128 pesos,

- de 650 kWh, 208 pesos, y

- de 1000 kWh, 318 pesos.

Como se observa, a medida que aumenta el consumo, la cobertura estatal no sólo aumenta en valores absolutos, sino también en porcentaje,

- para 200 kWh el subsidio cubre el 75,7 por ciento del valor total de la factura (sin impuestos),

- para 400 kWh, el 79,6 por ciento,

- para 650 kWh, el 82,7 por ciento, y

- para 1000 kWh, el 82,5 por ciento.

Un documento oficial precisa que la cantidad de clientes residenciales suma poco más de 4,3 millones, distribuido el 55 por ciento en Edenor y 45 por ciento en Edesur. El consumo promedio es de 558 kWh por bimestre por cliente.

- El 31 por ciento del total de los usuarios (1,3 millón) se ubica en la base de la pirámide hasta 300 kWh por bimestre, que representa el 9 por ciento del total del consumo.

- El 39 por ciento (1,7 millón), en el escalón de 301-650 kWh por bimestre, concentrando el 32 por ciento del total del consumo.

Estas dos franjas representan el 70 por ciento del total de clientes y consumen el 41 por ciento del total de energía destinada a uso residencial, excluidos los asentamientos y villas donde existen medidores comunitarios a cargo del Estado.

El restante 30 por ciento que concentra el 59 por ciento del consumo es considerado de ingresos medios y altos, aunque no necesariamente en algunos de ellos por ser unidades familiares electrointensivas por ser muchos integrantes o por carencias de servicios de agua y/o gas. En el esquema de reducción de subsidios está contemplada su exclusión.

Apenas el 0,5 por ciento (21.626) de los usuarios se ubica en el escalón de consumo más alto (más de 2800 kWh por bimestre), sin embargo consume el 3,5 por ciento del total de energía. Ello significa un promedio de consumo bimestral siete veces por encima del promedio del total de usuarios (558 kWh/bimestre). Cada uno de los 21.626 usuarios de altos consumos recibe en promedio 3080 pesos de subsidio por año, mientras que cada uno de los 3 millones de usuarios de los dos escalones más bajos de consumo recibe en promedio 640 pesos de subsidio por año.

La propuesta en estudio ofrece un análisis general al señalar que la mejora económica general determina la posibilidad de “comenzar un proceso gradual” de disminución tanto de la cantidad como del nivel (porcentaje) de subsidios “a fin de reorientar dicha masa de recursos a las urgentes e imprescindibles obras de infraestructura eléctrica, u otras áreas, actividades o sectores con necesidad de financiamiento”. Menciona que la modificación de la actual estructura de los subsidios “permitiría ir mejorando la equidad del sistema, manteniendo la universalidad para la gran mayoría de la población, pero equilibrando su aplicación según las distintas necesidades de las diversas capas socio-económicas”.

Contempla determinar el universo de usuarios que no necesitan ser subsidiados en base al nivel de ingresos, valuación fiscal y consumo eléctrico. La utilización de la valuación fiscal como parámetro permitiría eliminar el subsidio a quienes, pese a tener una elevada capacidad económica, registran bajos consumos. Y a la inversa, permitiría subsidiar a quienes registren altos consumos pero tengan una propiedad de muy baja valuación, indicativa de carencias económicas importantes. A la vez establece que a mayor nivel de consumo correspondería menor porcentaje de subsidio, aplicando “factores de corrección” a fin de equilibrar la situación de quienes no tienen acceso a las redes de gas y de agua y cloacas. Mantiene además el ciento por ciento del subsidio a los usuarios actualmente identificados por la Unidad Operativa de Atención al Público que se encuentran en situación de vulnerabilidad social (400 mil hogares, representando el 13,8 por ciento del total, según un trabajo de campo relevando casa por casa).

El informe exhibe también una comparación con lo que pagan usuarios de luz del interior de la provincia de Buenos Aires por el mismo consumo. Mientras que los de Edenor y Edesur abonan con impuestos sin el Puree y factor de estabilización 36, 55 y 182 pesos por una factura de 300, 650 y 1200 kWh por bimestre, respectivamente, fuera del área de cobertura de esas dos compañías pagan 172, 367 y 812 pesos en cada una.

El documento presenta cinco opciones de reducción gradual y escalonada con saldos que van de 1000 a 2700 millones de pesos anuales menos de subsidios a la luz en el área metropolitana, que suman unos 4500 millones de pesos.

La segmentación de los subsidios por ingresos apunta a dar respuesta a la equidad distributiva y a generar recursos adicionales destinados a inversión y mantenimiento. Como se sabe, ese resultado no tendrá efecto neutro sobre la actividad económica, ni en las expectativas inflacionarias ni en el clima político.

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