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Los estudios enfocados en las víctimas de hechos delictivos no son del todo recientes. Desde 1950 se comenzó a hablar de la víctima como el otro protagonista del hecho criminal. Hasta ese entonces, la criminología se ocupaba casi exclusivamente de las supuestas anomalías biológicas o psicológicas del delincuente. La victimología nació en esta época como una nueva disciplina –incluso contrapuesta a la criminología– que pretendía analizar el comportamiento de las víctimas y su contribución en la génesis del crimen mediante estudios causal-explicativos. Ciertos autores plantearon un posible determinismo o predisposición victimal que serviría de base para elaborar una victimología científica.

Así surgieron investigaciones sobre víctimas en distintos delitos como, por ejemplo, en la estafa, en delitos sexuales y hasta en homicidios. Se estudiaban sus características, sus relaciones o su interacción con el criminal. De esta manera las víctimas comenzaron a ocupar un rol distinto y dejaron de ser tan sólo sujetos pasivos del acto criminal. Bajo esta perspectiva aparecieron clasificaciones o tipologías de las más variadas: víctimas natas, latentes, predestinadas, propiciatorias, culpables, legítimas, etc. Pero hacia fines de los años ’70, la victimología abandonó su preocupación por el papel causal de la víctima en el hecho delictivo y reemplazó su interés por el devenir de sus derechos y necesidades, es decir, dejó de ser estrictamente académica para convertirse en una disciplina que afirmaba los derechos de las víctimas desde la política.

La Declaración de Naciones Unidas de 1985 definió a las víctimas como las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente incluido el abuso de poder. Este concepto, que obtuvo amplio consenso internacional, permitió formular políticas que desembocaron en programas multidisciplinarios estatales y no estatales de asistencia a las víctimas.

Lo cierto es que la victimología dejó de ser algo más que investigaciones académicas sobre la participación consciente o inconsciente de las víctimas en los hechos delictivos y pasó a ser una disciplina nueva adecuada a un estudio exhaustivo y genérico de la víctima y de sus derechos. La protección de estos últimos exige, entonces, que se dirija la atención hacia otras hipótesis como, por ejemplo, el lugar que ocupan o no en los medios masivos de comunicación.

Es posible comprobar, al pasar revista de los distintos medios, tanto escritos como audiovisuales, que existen víctimas que valen menos que otras, las que podrían considerarse víctimas olvidadas de la comunicación. Hasta podríamos denunciar una suerte de clasificación por omisión entre víctimas de primera y víctimas de segunda clase. Entre las primeras, se hallan aquellas que despiertan un interés comunicacional como las que resultan de los homicidios en ocasión de robo o en circunstancias que despiertan una atracción morbosa. Entre las segundas, aquellas que se ven afectadas por casos de gatillo fácil, de ejecuciones sin proceso, de riñas, de ajuste de cuentas, de enfrentamiento entre bandas, de venganzas o de muertes carcelarias.

El reciente informe del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación da cuenta de que existen dos homicidios dolosos cada diez, en los cuales un delito contra la propiedad fue el que desencadenó la muerte en el año 2012 y algo similar ocurrió en los años 2010 y 2011. Ahora bien, son altamente significativos los homicidios cometidos con motivo u ocasión de riña, ajuste de cuentas o venganza, en particular en barrios de emergencia, monobloques o asentamientos precarios: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzan al 47 por ciento, en el conurbano bonaerense un poco menos. En estas zonas, considerando también otros móviles, resultaron víctimas 238 personas, es decir, 47 en Capital Federal (30 por ciento de la totalidad de homicidios cometidos) y 186 en los partidos del primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense (24 por ciento de la totalidad de hechos cometidos).

Creemos que estas cifras son ciertamente preocupantes y que debieran ser reflejadas comunicacionalmente, pues se trata de pérdidas de vidas humanas que afectan a la población más vulnerable de nuestro país y que, en su mayoría, son jóvenes.

Desde hace tiempo se ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de realizar estudios cualitativos respecto de estas muertes, y actualmente Zaffaroni cree conveniente la sanción de una ley nacional de prevención de la muerte violenta en pos de garantizar el derecho a la vida.

Consideramos, además, que se podría pensar al mismo tiempo en un instrumento legal con otra finalidad respecto de los homicidios dolosos.

Ciertos países se han dotado de leyes que prevén fondos de asistencia a las víctimas o a familiares directos de actos de violencia criminal, entre ellos, Francia, Bélgica, Canadá y, más recientemente, México.

Sabemos que cada vida que se pierde es irrecuperable, pero también que produce en la familia un daño que a veces condiciona su bienestar casi en forma irreversible y que, en sectores vulnerables, la muerte violenta de alguno de sus integrantes quebranta el único sostén económico del que se valen.

Hacer visible lo invisible nunca es tarea fácil, pero nuestro esfuerzo y compromiso debe ser aún mayor tratándose de vidas humanas.

* Coordinador del Programa de Criminología de la Universidad Nacional de San Martín.