El fiscal Andrés Madrea obtuvo nuevas pruebas de presuntos sobornos que avanzan sobre la responsabilidad de funcionarios y empresarios en la causa del boliche Beara, en Palermo, en el que tras derrumbarse un entrepiso cargado de jóvenes murieron dos chicas de 20 y 21 años, el 10 de septiembre de 2010. Las pruebas provienen de uno de los doce discos rígidos secuestrados de la empresa dueña del boliche, Viejo Sabio SA, y que por defectos físicos no se había podido leer hasta ahora. En los documentos que aparecen en el disco se menciona en diferentes partes, literalmente, el pago de “cometa”. Madrea presentó ayer un pedido a la jueza Alicia Iermini para que se procese por cohecho activo a los cinco socios dueños de Beara y a los funcionarios, por los que además pidió que fueran indagados por estrago doloso. Además agregó el pedido de procesamiento del maestro mayor de obras Gustavo Amarú, contratado por la empresa, que determinó falsamente el peso que podía soportar el entrepiso, peso que la realidad y peritos especializados demostraron que jamás podría soportar.

La noche del 10 de septiembre de 2010, el entrepiso del boliche Beara, en Scalabrini Ortiz 1638, Palermo, se desmoronó con el peso de una multitud de adolescentes que bailaba y saltaba. Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, murieron y otros 20 chicos sufrieron heridas de diferente gravedad. Al día siguiente, el fiscal Madrea secuestró de las computadoras de la empresa una docena de discos rígidos, de los cuales once eran legibles y pudieron ser utilizados para obtener pruebas. En 2012, al analizar los once discos abiertos “encontramos cinno documentos –dijo Madrea a Página/12– que hacen referencia primero a rendiciones de cuenta entre los dueños; segundo, a presupuestos financieros con items como inversiones, habilitación, el pago de 114.600 pesos que en enero de 2009 equivalían a 30 mil dólares; y tercero a proyectos de habilitación”. Los dueños de Beara también lo eran de Caramel, el boliche que se encuentra pegado al de la tragedia. “Ya habíamos encontrado que los dos boliches funcionan como espejo. Lo que hacían para uno lo hacían para el otro.”

De los tres puntos que trataban los documentos ya leídos (rendiciones de cuenta, presupuesto financiero y proyecto de habilitación), Caramel aparecía mencionado en los tres y Beara en dos, pero no aparecía el proyecto de habilitación. Dentro de ese punto, y en los otros dos también, se mencionaba el “pago de cometas a funcionarios, honorarios para abogados, seguridad, policía”. Ahora, de 20 documentos recuperados del disco 12, en dos de ellos aparece el punto tres, proyectos de habilitación, donde aparece Beara. “Entre las menciones que son absolutamente legales como ‘ojo, pagar al arquitecto’ u ‘ojo, que no se nos venza’ o ‘tenemos que pagar el informe ambiental’, también aparece, textual, ‘Forma de pago: el pago implica la comisión y la cometa? Se paga al entregar el informe aprobado. O al salir la habilitación?”

A fines de 2012, “la jueza Iermini puso el acento en la cuestión fiscal, la no habilitación, con lo que cargó la responsabilidad a los empresarios y liberó a los funcionarios de la investigación”, sostuvo Madrea. Pidió la elevación a juicio, que fue apelada por el fiscal. La Cámara le dio la razón a éste y ordenó que avanzara sobre los pedidos realizados por la fiscalía. Uno de los puntos, que la jueza cumplió en cámara lenta durante 2013, fue ordenar la apertura del disco 12. El martes pasado, Madrea recibió el informe sobre los documentos hallados en el disco 12. Ahora, las pruebas cargan más la tinta sobre los funcionarios. “El cohecho activo exige que haya dos partes de acuerdo, una la que paga y otra la que recibe”, sostuvo Madrea.

El fiscal pidió nuevamente que sean llamados a indagatoria Martín Farrell, Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Carlos Gabriel Mustapich, Isaac Rasdolsky, Leandro Camani y Matías Pantarotto. Farrell era director de Habilitaciones y Permisos, y ahora está postulado a un dudoso nombramiento en el Juzgado Nº 5 del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad; Saikauskas es el ex titular de Habilitaciones Especiales; Cassano, jefe del Departamento Esparcimiento; Mustapich, el inspector acusado de dar la habilitación de Beara; Rasdolsky, el arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones; Camani y Pantarotto, “gestores” de las habilitaciones.