Luego de los operativos de desalojo de los vendedores ambulantes del barrio de Once realizados hace dos semanas por la Policía Metropolitana y personal del gobierno porteño, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia por maltratos, vejaciones y coacción agravada a la que habrían sido sometidos los manteros. Se trata, en su mayoría, de vendedores ambulantes senegaleses, a quienes se les secuestró la mercadería en el marco de operativos “selectivos, arbitrarios y violatorios de los derechos humanos”.

La denuncia penal fue presentada por la defensora del Pueblo porteño, Alicia Beatriz Pierini, en contra del personal de la Policía Metropolitana y los agentes del gobierno de Macri que intervinieron en los allanamientos y desalojos del 28 y 29 de enero pasado en Once. A partir de los testimonios de los damnificados, Pierini presentó la denuncia el miércoles último. “Preocupa a esta Defensoría del Pueblo la reiteración de hechos de violencia que tienen origen en la intervención en el espacio público del Estado, en su faz represiva, a través de fuerzas de seguridad o de funcionarios del Ejecutivo en uso del poder policial”, señala el escrito. Pierini sostiene que la política implementada por el gobierno de Macri responde a “una concepción anacrónica del espacio público”.

“Tareas de inteligencia sobre los trabajadores con seguimientos y registros fílmicos, allanamientos en viviendas, secuestro no sólo de mercaderías, sino de bienes personales no relacionados con la causa y requisas son algunas de las medidas adoptadas que ponen de manifiesto una actuación desproporcionada si se considera el contexto en el que tienen lugar: una causa contravencional por venta ambulante”, indica la defensora.

De acuerdo con los relatos recibidos por el organismo, los vendedores ambulantes, casi todos de origen senegalés, fueron obligados por el personal policial a desnudarse durante las requisas, mientras que a otros no les habrían inventariado la mercadería secuestrada, tal como indica la Ley de Procedimiento Contravencional. A su vez, de los testimonios recogidos surge que algunos de los vendedores fueron obligados a firmar el acta de allanamiento con un arma apuntándoles a sus cabezas.

Según el escrito presentado por la defensora, uno de los vendedores ambulantes, que vivía en una habitación de la calle Sarmiento 2837, contó que alrededor de las seis de la mañana del 28 de enero último varios policías, con chalecos, cascos y escudos, ingresaron en forma violenta a su habitación y les apuntaron a sus familiares “con armas que parecían ser escopetas”. Le secuestraron teléfonos, mercaderías, computadores y dinero. El vendedor ambulante destacó que sintió “mucha angustia, habiendo sido una situación totalmente desagradable y constituyendo un exceso por parte del personal policial”.

En cuanto al operativo del 29 de enero pasado, uno de los manteros desalojados relató ante la defensoría que poco antes de las diez de la mañana unos treinta agentes de la Metropolitana llegaron a la avenida Corrientes y Larrea y le secuestraron su mercadería. “Pese a exigir que se inventariara lo secuestrado, recibió respuesta negativa”, dice el escrito presentado por Pierini. “Los funcionarios que intervinieron tanto en el allanamiento del día 28 de enero como en los procedimientos llevados a cabo el 29 de enero en la vía pública omitieron cumplir con los recaudos establecidos en la Ley de Procedimiento Contravencional”, que obliga a labrar un acta en la que se detallen y se resguarden los elementos secuestrados.

Tras los operativos, los vendedores ambulantes realizaron manifestaciones con cortes de tránsito para denunciar estos hechos, reclamar la devolución de la mercadería incautada y la autorización para poder vender productos.

Pierini recordó que desde la defensoría “ya ha expresado en numerosos pronunciamientos su crítica opinión respecto de la política implementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de espacio público”. “La labor policial y el accionar de algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, además de ser estratégicamente ineficaz, se torna selectiva, arbitraria y violatoria de los derechos humanos que debiera proteger”, agrega Pierini en su denuncia.