El papa Francisco creó una Secretaría de Economía, una suerte de ministerio que se ocupará de la “coordinación para los asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”. La creación del nuevo organismo fue anunciada en el diario vaticano L’Osservatore Romano, con la publicación del motu proprio –suerte de decreto papal– Fidelis dispensator et prudens (administrador fiel y prudente), que luego el vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, explicó como un intento por gestionar “mejor las finanzas vaticanas entre los pobres y marginados”. El texto de Jorge Bergoglio también confirma que la Administración para el Patrimonio de la Sede Apostólica funcionará como “banco central del Vaticano”, aunque no menciona al polémico Instituto para las Obras de Religión (IOR).

El motu proprio especifica que dejará de funcionar el consejo de 15 cardenales que el papa Juan Pablo II había creado para examinar los balances vaticanos.

El documento publicado por el diario vaticano explica que la Secretaría será dirigida por el cardenal australiano George Pell, un nuevo “consejo para la economía” conformado por ocho cardenales y obispos y siete laicos, todos ellos nombrados por el Papa, y un nuevo “revisor general”. El consejo se reunirá “periódicamente para preparar o analizar informes sobre las actividades económicas de la Santa Sede” y reemplazará de inmediato a la comisión para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede (G15), que había creado Francisco al inicio de su pontificado. Al explicar el modo en que funcionará el nuevo organismo, el vocero Lombardi resumió: “El consejo de economía determina las políticas y las directivas y la secretaría las pone en marcha”.

La nueva estructura está precedida por las recomendaciones de la comisión encargada de abordar la estructura económica y administrativa de la Santa Sede (Cosea), que fueron aprobadas la semana pasada por el Consejo de cardenales nombrados por el Papa para reformar la Curia (el G8 vaticano), y por la Comisión G15.

La secretaría “tendrá autoridad sobre todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y del Estado Vaticano”, entre las cuales se cuenta la “creación de un presupuesto anual para la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, así como la planificación financiera y actividades de recursos humanos y otros suministros”. Además, deberá presentar un balance detallado de la Santa Sede y del Vaticano.

El cardenal George Pell, actual arzobispo de Sydney, será el nuevo prefecto de la secretaría, y le seguirá en la estructura el español Lucio Angel Vallejo. La disposición papal también prevé el nombramiento de un revisor general, que tendrá el poder de realizar revisiones de cualquiera de las instituciones que forman la Santa Sede o el Vaticano.

El vocero Lombardi explicó que la reestructuración “tiene el objetivo preciso de mejorar la utilización de los recursos, mejorando así la ayuda disponible para los varios programas, entre ellos el del trabajo con los pobres y los marginados”.

En el motu proprio, el Papa señala que los administradores tienen el deber de “cuidar con meticulosidad lo que se les ha confiado, así como la Iglesia es consciente de la responsabilidad de tutelar y gestionar con atención sus propios bienes, a la luz de su misión de evangelización y con particular premura hacia los necesitados”. “La gestión de los sectores económico y financiero de la Santa Sede está íntimamente relacionada con su específica misión, no sólo al servicio del ministerio universal del Santo Padre, sino también en relación con el bien común, en la perspectiva del desarrollo integral de la persona humana”, continúa el documento.

El comunicado del Vaticano afirmó que los cambios “permitirán una mayor y más explícita involucración de expertos de alto nivel de experiencia en administración financiera, planificación y ‘reporting’”. Lombardi señaló que los cambios, además, “confirman el papel de APSA como Banco Central vaticano, con todas las obligaciones y las responsabilidades de las instituciones análogas en todo el mundo”, en una declaración oficial que por primera vez define a APSA, uno de cuyos funcionarios, Nunzio Scarano, fue detenido en enero por sospecha de lavado de dinero.