Desde Salta

En el juicio oral, Jean-Michel Bouvier solicitó la absolución de Santos Clemente Vera y Daniel Octavio Vilte Laxi por entender que no había “pruebas fehacientes” contra ellos, mientras que reclamó la cadena perpetua para Gustavo Orlando Lasi, condenado finalmente a 30 años de cárcel. Ahora, como una forma de encontrar “nuevas pruebas” que lleven a los que “acompañaron a Lasi” en el abuso sexual agravado y el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, el padre de una de las chicas quiere “que se profundice la investigación de los apremios ilegales que cometió la policía principal contra los primeros detenidos” por los hechos ocurridos el 15 de julio de 2011 y que se sancione a los responsables de haber “plantado en la escena del crimen municiones y cápsulas servidas para complicar a Vilte en el caso y tal vez para amparar a los verdaderos asesinos que siguen impunes”, según le confió a Página/12 una fuente judicial.

Lo que pretende Jean-Michel Bouvier es que “se profundice la investigación sobre apremios ilegales, porque hay una causa en la que están siendo investigados unos diez policías” locales, por hechos ocurridos en el comienzo mismo de la investigación, a fines de julio de 2011, luego de la aparición en la quebrada de San Lorenzo, de los cuerpos de Cassandre y Houria. El expediente está actualmente en la Sala II del Tribunal de Juicio, la misma que llevó adelante el proceso que terminó con la condena de Lasi.

Otro de los puntos que impulsa Bouvier “es que se profundice la investigación sobre los policías responsables de las pruebas que fueron ‘plantadas’ en la escena del crimen, para involucrar a Vilte”. La maniobra tuvo dos patas: sembrar municiones en la zona del Mirador, donde aparecieron los cadáveres, y plantar un revólver en la casa de Raúl Sarmiento, detenido en una causa que nada tenía que ver con el doble crimen. Sarmiento era investigado por un caso de supuesto hurto de herramientas de jardinería y unos diez policías allanaron su vivienda, donde secuestraron dos armas propiedad del hombre, y una tercera, un revólver, que supuestamente estaba enterrado en los fondos de la casa.

Ese revólver es el que al principio los investigadores policiales quisieron presentar como perteneciente a Vilte para afirmar que lo había utilizado en el doble crimen. “A ese revólver le faltaban las cachas y tenía totalmente borrado el número de serie; del allanamiento, en una casa muy chica, participaron no menos de diez policías”. En la etapa de instrucción, el juzgado de instrucción a cargo de Martín Pérez “dio por probado que plantaron pruebas, porque el revólver apareció en un pozo, impecable, envuelta con un trapo que también estaba impecable, cuando supuestamente había estado allí enterrada durante varias semanas”. Esta causa, en la que se investiga a los que plantaron el arma, no ha tenido hasta el momento muchos avances y desde siempre ha tramitado en un juzgado que no es el de Martín Pérez.

La que sí avanzó algo es la causa por los apremios ilegales que sufrieron los primeros detenidos por su presunta vinculación con el crimen de las turistas francesas. Uno de ellos fue Nelson Vilte, hermano de Daniel Octavio, procesado y detenido hasta que este lunes se lo absolvió y se ordenó su libertad, y un puestero llamado Fernando Ariel Tejeda, que trabaja en la quebrada alquilando caballos a los turistas.

El nombrado Tejeda declaró en el juicio oral y se puso a llorar ante los jueces cuando uno de los abogados defensores le recordó las torturas recibidas de parte de agentes de la Brigada de Investigaciones local. Nelson Vilte –se presume que lo detuvieron por error, creyendo que era Daniel– vive en la villa de San Lorenzo y de allí se lo llevaron. Con posterioridad fue apresado Daniel Vilte “por averiguación de antecedentes”, pero luego quedó preso por el caso de las turistas francesas y pasó casi tres años en esa situación.

En la causa por apremios el proceso apunta a unos diez agentes de la Brigada, que son los mismos que fueron ascendidos, en su momento, por la “brillante actuación” en el esclarecimiento del crimen de las turistas francesas.

Uno de los más efusivos defensores de ese premio a los policías fue el ex secretario de Seguridad de la provincia Aldo Rogelio Sanabria, quien dejó el cargo después de recibir duras críticas sobre el manejo que hizo la Brigada de Investigaciones en la causa. Uno de los aspectos más oscuros del caso fue la muerte, por presunto suicidio, del ex jefe de ese cuerpo, Néstor Píccolo (ver aparte).

La investigación por los apremios ilegales fue iniciada por el mismo juez de instrucción Pérez, quien abrió un expediente paralelo y luego fue elevada al Tribunal de Impugnación, para ser derivada finalmente a la Sala II, que llevó el juicio que concluyó el lunes. Ahora, Bouvier pretende que esa investigación tenga “el impulso que sirva para encontrar a los que acompañaron a Lasi en este crimen”.