El proyecto conocido como No Llame, que permite al usuario negarse a recibir publicidad no deseada en el teléfono celular, recibió ayer dictamen unánime en tres comisiones de Diputados, con lo que quedó a un paso de ser convertido en ley en la próxima sesión ordinaria de la Cámara baja, ya que cuenta con sanción del Senado.

La iniciativa “protege a titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”. La aprobación de los diputados se adoptó en el transcurso de un plenario de las comisiones de Comunicaciones, Legislación Penal y Defensa del Consumidor, donde hubo consenso de todas las fuerzas políticas para aprobar esta ley, que impedirá que los usuarios reciban publicidad no deseada.

El proyecto, con media sanción del Senado, había conseguido dictamen en noviembre pasado, pero perdió estado parlamentario en diciembre con la renovación de la Cámara. El dictamen aprobado por las comisiones fija la creación del Registro Nacional No Llame, que permite al usuario que se inscribe allí no recibir publicidad ni ofertas no solicitadas a través de su celular. La duración de la permanencia en el Registro –cuyo funcionamiento dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– será de dos años y la baja se podrá realizar en cualquier momento.

En cuanto a las empresas prestadoras de servicios telefónicos y los call center que trabajen de manera tercerizada con las operadoras, deberán actualizar la nómina de registrados con una periodicidad de 30 días.

El proyecto establece que podrá inscribirse en el registro toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía que “manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones, Mario Oporto (FpV), destacó “el consenso logrado entre todas las fuerzas políticas” para que “los usuarios que se anoten en un registro no reciban ningún tipo de publicidad en sus celulares”.

También expresaron el consenso de sus comisiones las titulares de las de Defensa del Consumidor, la radical Patricia de Ferrari, y de Legislación Penal,la macrista Patricia Bullrich.

La norma dispone que la inscripción al registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes, y que, luego de ser registrado, el cliente tiene derecho a obtener una constancia de la inscripción.

Quedan exceptuadas las campañas de bien público, las llamadas de emergencia pública, las campañas electorales y las llamadas que deben ser realizadas por razones contractuales, estas últimas en “horarios razonables”, según señala el texto del proyecto.