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Por A. D.

En los próximos meses finalizará su mandato. Es una de las diputadas, según sus colegas, más “cándidas” y trabajadoras. Habla poco en el recinto pero, en cambio, suele pronunciarse por escrito: el contador de la página web de Diputados cuenta 606 proyectos presentados con su firma. Ninguno de los proyectos generó tanto revuelo como el que estuvo a punto de presentar en público y ante las cámaras el día de la asunción de Néstor Kirchner, cuando intentó repudiar con un cartelón la presencia de Fidel Castro en la Cámara. Fernanda Ferrero es presidente de la comisión de Libertad de Expresión, diputada recién electa por la lista de Patricia Bullrich en la Legislatura porteña, y a partir de ahora será recordada, sobre todo, como autora de una polémica: acaba de presentar un proyecto de ley para penar con “reclusión de 5 a 10 años” a los “farmacéuticos y funcionarios públicos” que avalen la fabricación, distribución, comercialización y venta de “especialidades medicinales de efectos abortivos y/o cooperaren de algún modo en los hechos”.
Ferrero entró a la Cámara de Diputados cuando nacía Acción por la República, como una de las integrantes de la rama femenina que apoyaba a Domingo Cavallo. Poco después se convirtió en una de las referentes de Recrear de Ricardo López Murphy y ahora entró a la Legislatura de la ciudad en la alianza que llevaba a Patricia Bullrich como candidata a jefa de Gobierno.
En ese escenario y mientras se avecinaba el tormentoso final de campaña, Ferrero preparaba los últimos detalles del proyecto de ley que el 26 de agosto llegó a la mesa de entradas de la Cámara en línea con los que vienen presentado las organizaciones católicas en la provincia de Córdoba contra el aborto. El proyecto lleva por nombre “Delitos contra la vida de las personas por nacer”, en una interpretación que podría entrar en contradicción con los derechos protegidos por la Ley de Salud Reproductiva.
El proyecto de Ferrero plantea, en primera instancia, una modificación al nuevo Código Penal para incluir un nuevo artículo, el 88 bis. De acuerdo con la fórmula, la norma establece sanciones para los productores, comerciantes y médicos que recomienden “especialidades medicinales” con efectos abortivos. El proyecto considera agravantes al autor que ostente un cargo de funcionario público, cuya sanción podría llegar a la “inhabilitación de su matrícula profesional” y “para ocupar cargos públicos”. Para el funcionario y el farmacéutico director responsable que “autoricen el registro, fabricación, distribución, comercialización y venta”, las penas previstas en el proyecto van de 5 a 10 años de reclusión o prisión. La muerte de la madre sería otro de los agravantes previstos que elevarían los montos de las penas en un tercio.
El proyecto está acompañado de una página destinada a los fundamentos. A lo largo de unos pocos párrafos, Ferrero menciona sólo un ejemplo acerca de lo que para ella son “especialidades médicas de efectos abortivos”: el Imediat, la pastilla conocida como la “píldora del día después”. Después de retomar un fallo de la Corte Suprema contra el Imediat, de Laboratorios Gador, en el marco de una causa que comenzó una polémica jueza federal de Córdoba a pedido de una de las organizaciones más reaccionarias de la Iglesia Católica, la diputada indica que “este mismo laboratorio, poco tiempo después, lanzó al mercado una nueva especialidad con los mismos efectos llamada Imediat N”. Como el Imediat N está elaborado sobre la base de la misma droga, levonorgestrel 0,75 mg –tal como lo recuerda el proyecto–, la legisladora lo considera “una virtual burla a la justicia”.
En ese mismo sentido está encaminado un pedido de informe dirigido al Ministerio de Salud y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). El pedido ingresó a la Cámara el mismo día 26 como un proyecto de resolución. Como el proyecto de ley, este pedido lleva la firma de Ferrero y de otros dos diputados: Miguel Antonio José y Antonio Ubaldo Rattin. En este caso, exigen que los organismos públicos respondan una serie de puntos sobre los antecedentes, detalles y características del Imediat. Entre otros aspectos, piden copia certificada del expediente y detalles sobre el fallo de la Corte promovido por la Asociación Portal de Belén contra el Ministerio de Salud.